El Consejo General de Economistas insta a reconfigurar la fiscalidad ambiental para que pueda orientarse a la consecución de los objetivos de descarbonización y no sólo sirva para incrementar la presión fiscal
El CGE presenta el informe ‘Fiscalidad Ambiental en España’ / Foto: Consejo General de Economistas
El Consejo General de Economistas ha instado a reconfigurar la fiscalidad ambiental para que pueda orientarse a la consecución de los objetivos de descarbonización y no se convierta en “un mero instrumento para incrementar la presión fiscal en nuestra economía, sin un ensanchamiento real de las bases imponibles”.
Esta es la conclusión del estudio Fiscalidad Ambiental en España (1), presentado este lunes 24 de junio por el presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich; el director del Servicio de Estudios del CGE, Salvador Marín, y el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), Agustín Fernández.
Reforma tributaria global
Tendría que haber una estrategia global del “palo y la zanahoria”, es decir, que “paguen los agentes contaminantes por el daño causado” y que quien no contamine reciba incentivos
En líneas generales, han abogado por una reforma tributaria global y porque la fiscalidad ambiental “se reconfigure” para que “pueda orientarse hacia los objetivos generales de descarbonización y de protección del entorno”. En su opinión, tendría que haber una estrategia global del “palo y la zanahoria”, es decir, que “paguen los agentes contaminantes por el daño causado” y que quien no contamine reciba incentivos; con apuestas por las tecnologías limpias y el I+D+i.
Para que “pueda orientarse hacia los objetivos generales de descarbonización y de protección del entorno”
Así, los expertos han destacado que este tipo de impuestos no deben tenner una finalidad recaudatoria, sino “de cambio de comportamiento”, y en este sentido han destacado el impuesto sobre el carbono, el “ejemplo más claro de imposición con una afinidad principalmente medioambiental”. Además, han indicado que este tipo de tributos se deben introducir “de una forma sustitutiva a otro tipo de impuestos” y que tienen que ser algo “circunstancial o transitorio hasta que se logren los objetivos”.
Por esta parte, han subrayado la necesidad de encontrar “equilibrios” a la hora de ejecutar las políticas de transición hacia una economía ‘verde’, “de forma que no se desacople la actividad económica”.
Un marco estatal para evitar ‘litigiosidad’ en las CCAA
Durante el evento de presentación, los expertos han destacado que los impuestos medioambientales establecidos por las comunidades autónomas que recaen sobre las emisiones, el agua, los recursos y los residuos aportan el 73,3% de la recaudación por impuestos propios, siendo casi el 50% de los impuestos propios los que gravan la contaminación o el uso del agua.
Han recomendado que se cree un marco normativo a nivel estatal para la fiscalidad ambiental para conseguir “una mayor eficiencia de la gestión de este tipo de impuestos”, “con independencia de que después la gestión y la recaudación de estos tributos pudiese ser manejada por las comunidades autónomas”.
“Los efectos negativos que se pretenden mitigar exceden de su ámbito territorial”
Tal y como han destacado los participantes, la facultad de imponer estos tributos medioambientales no debería recaer en comunidades autónomas o entidades locales, porque “los efectos negativos que se pretenden mitigar exceden de su ámbito territorial”. Además, el hecho de que las empresas tengan que cumplir con normativas diferentes incrementa los costes indirectos del cumplimiento con los impuestos y “al parecer, una escasa eficacia global sobre el problema que se pretende abordar”.
Además, se han preguntado si las administraciones autonómicas y locales tendrían que tener capacidad para gestionar los impuestos que gravan la circulación o la propiedad de vehículos si “el impacto ambiental de las emisiones de CO2 es el mismo con independencia del lugar dónde se efectúen”. Paralelamente, han cuestionado si no sería mejor establecer por un lado un apoyo al desarrollo de nuevas tecnologías mitigadoras junto a un único impuesto sobre el transporte.
Presión fiscal ambiental similar a Suecia
El estudio del Consejo General de Economistas muestra que los impuestos relacionados con el medioambiente suponen el 5% del total de ingresos tributarios y el 1,8% del Producto Interior Bruto (PIB), unos valores muy similares a la media de la OCDE, si bien es mayor que en un país como Alemania o similar al de Suecia. Por ello, el director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas ha destacado que “en relación con los impuestos medioambientales y cualquier otro tipo de impuesto, la pregunta inicial que siempre deberíamos hacernos es para qué y por qué.
Con respecto a tributos concretos, los expertos han explicado que, a nivel de IRPF y de impuestos sociales, se está trasladando el mensaje de que colaborar o participar de esta política medioambiental es positivo a través de distintos incentivos. Sin embargo, sí que opinan que está habiendo “ciertos desajustes” con el impuesto del plástico, que está provocando cierta “falta de competitividad” en comparación con otros países de la Unión Europea (UE).
Por último, han subrayado la necesidad de “encontrar equilibrios” a la hora de ejecutar estas políticas de transición hacia una economía verde para que no se desacople la actividad económica y para que “el paradigma ecológico no sirva de excusa para introducir prohibiciones o restricciones a la economía, ni alterar el modelo fiscal mediante la creación de nuevos impuestos desacoplados de la actividad económica real o sin un objetivo claro dentro de una estrategia global”.
Referencias
- (1) Fiscalidad Ambiental en España. Consejo General de Economistas.
