MIAMI.- El medio ambiente es el primer derecho de la humanidad, según las Naciones Unidas, pero la minería ilegal y el uso de mercurio para la explotación de oro, especialmente, desde la última década, está ocasionando gravísimos daños en el ecosistema del hemisferio occidental, que pueden tener impacto en la salud pública de generaciones, incluido Estados Unidos.
La amenaza de la minería ilícita y la consecuente degradación ambiental, por parte de organizaciones criminales transnacionales, es el centro de una investigación que parlamentarios republicanos y demócratas solicitaron al Contralor General y director de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) de los Estados Unidos, Gene Dodaro, para que se determinen los efectos adversos de esta práctica ilícita sobre los intereses nacionales de la nación.
La carta solicita que la GAO suministre a los miembros del Congreso información adicional sobre las operaciones mineras ilícitas que los grupos criminales adelantan en América Latina y el Caribe, además de las serias amenazas que representan para el derecho internacional, los derechos humanos y el medio ambiente.
Hasta la fecha, no hay suficiente información ni real capacidad en el Congreso para supervisar la asistencia y las políticas estadounidenses para combatir la minería ilegal en el hemisferio occidental, y su evaluación se hace urgente, según la misiva.
Preocupación en EEUU
Preocupa que la minería ilegal va en aumento particularmente en la región amazónica, en países como Colombia y Perú, pero particularmente, en Nicaragua y Venezuela, donde la extracción desproporcionada se convierte en arma política y criminal.
Nicaragua exporta oro producido en Venezuela “y eso significa o que hay un subregistro de lo que produce o un trasiego o tráfico entre gobiernos para para mantener sus finanzas al día, según denunció Daniel Cerqueira, director del Programa Derechos Humanos y Recursos Naturales de la Fundación para el Debido Proceso, ante la CIDH en 2023.
“Esta operación facilita la corrupción y contribuye a la migración, lo que requiere una mayor atención y acción, en particular por parte de los Estados Unidos y sus socios en el hemisferio” y en 10 años el auge en el hemisferio occidental “proporciona a las organizaciones criminales transnacionales una fuente rentable de ingresos más allá de las fuentes de ingresos tradicionales, como el narcotráfico”, escribieron los legisladores solicitantes.
Ellos son los senadores Ben Cardin (demócrata por Maryland), Tim Kaine (demócrata por Virginia) y Bill Cassidy (republicano por Luisiana) y los representantes Gregory W. Meeks (NY-05), Joaquín Castro (TX-20), miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y María Elvira Salazar (FL-27).
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Minería ilegal y oro
La extracción ilegal de oro se cataloga como “fuente clave y creciente” de financiamiento de las organizaciones criminales transnacionales en todo el hemisferio, la cual tiende a superar las ganancias por el narcotráfico.
En 2022, la minería ilegal representaba el 20% de la producción mundial de oro, diamantes, estaño y tantalio, y el 80% de las piedras preciosas, según cálculos de organizaciones especializadas.
Consideran los legisladores que las organizaciones criminales “pueden aprovechar las rutas de tráfico de drogas existentes, los funcionarios corruptos, la falta de una presencia estatal efectiva, el débil estado de derecho y las estrategias de contrabando probadas para traficar metales y minerales extraídos ilegalmente”.
Regímenes autoritarios se han sumado activamente al mercado ilegal del oro “para acumular poder, comprar lealtades, perpetuar violaciones de los derechos humanos y evadir sanciones internacionales”, señala la carta que destaca los casos de Venezuela y Nicaragua, donde la extracción desproporcionada se convierte en arma política y criminal.
“Tanto Nicolás Maduro en Venezuela como Daniel Ortega en Nicaragua utilizan la minería ilegal de oro para mantener su control dictatorial del poder y conservar la lealtad de la cúpula militar”.
Daños al medio ambiente
Uno de los aspectos que más preocupa de la minería ilícita es el nocivo impacto ambiental, según los legisladores.
“Grandes franjas de la selva amazónica (más de 5,000 hectáreas hasta 2022), han sido destruidas debido a la minería ilegal, y el ritmo de destrucción de este ecosistema vital no hace más que acelerarse. El uso frecuente de mercurio para extraer oro de los sedimentos produce una contaminación duradera del suelo, el aire y el agua, que tendrá un impacto generacional en la salud pública en todo el hemisferio, incluido Estados Unidos”.
El mercurio, que se lleva lejos de las minas y contamina vegetación y peces, se encuentra, en 70%, en el suelo y agua de Estados Unidos, proveniente de “fuentes globales”, lo que sobrepasa los límites fijados por agencias internacionales.
La destrucción ambiental está empujando también una migración sin precedentes, especialmente de agricultores y pescadores que huyen de la violencia y la inseguridad en sus países hacia Estados Unidos, indican los legisladores. “Estas condiciones exacerban la inestabilidad económica y debilitan la gobernanza”.
Investigación país por país
Uno de los puntos solicitados por los legisladores a la GAO es que “examine y aporte” información reciente, país por país, sobre la escala de la minería ilegal en América Latina y el Caribe, la magnitud, y las organizaciones criminales involucradas en las operaciones.
También, una evaluación de cómo afectan estas actividades ilegales a los intereses nacionales de Estados Unidos, a la seguridad Regional y a la protección de los recursos ambientales, “incluida información sobre el grado de interconexión entre la minería ilegal y el tráfico de drogas, la trata de personas y otras formas de delitos ambientales”.
En noviembre pasado, varias ONG, entre ellas SOS Orinoco, presentaron un informe regional en Washington DC, luego de llevarlo a la COP16 en Colombia, en el que exponen todo el impacto ambiental y social de la minería ilegal en el hemisferio.
“Aunque no es la primera vez que el Congreso encarga a la GAO el estudio de temas críticos, como el alcance y enfoque en la intersección del crimen ambiental, la especificidad de la solicitud sugiere una urgencia creciente”, afirma la directora del SOS Orinoco, Cristina Vollmer.
“La solicitud indica un reconocimiento del creciente papel de los crímenes ambientales en los desafíos geopolíticos más amplios, marcando un cambio en las prioridades legislativas”, señala.
FUENTE: Con información del Congreso EEUU. redes, entrevista a Cristina Vollmer, directora de SOS Orinoco
