MIAMI – La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, manifestó este martes su preocupación por el panorama de derechos humanos y laborales en Nicaragua, y anunció una investigación en esa materia, cuyos resultados podrían poner en riesgo el Tratado de Libre Comercio de América Central y República Dominicana conocido como (DR-Cafta).
“Numerosos reportes sugieren que el gobierno de Nicaragua está incurriendo en actos represivos que perjudican a los propios trabajadores y al pueblo nicaragüense, socavan la competencia justa y desestabilizan a nuestra región”, dijo en un comunicado la representante comercial estadounidense Katherine Tai.
Según Tai, las acciones del régimen sandinista generan un impacto negativo en el comercio y la estabilidad de la región.
”A los Estados Unidos le preocupa que Nicaragua se esté involucrando en ataques represivos y persistentes contra los derechos laborales, los derechos humanos y el estado de derecho. La investigación iniciada hoy es la primera bajo la Sección 301 para investigar actos, políticas y prácticas que pueden violar los derechos laborales, los derechos humanos y desmantelar el estado de derecho que puede cargar con el comercio estadounidense, y complementa una serie de acciones que Estados Unidos está tomando para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos hoy”, reseñó la nota de prensa de la Oficina del Representante Comercial de EEUU.
“Investigación”
La Oficina del Representante Comercial de EEUU llevará adelante esta indagación, complementando otras medidas adoptadas para exigir respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de instituciones democráticas en la región, indicó el organismo.
Tai destacó que “numerosos informes apuntan a que el régimen de Nicaragua se involucra en actos represivos que perjudican a sus ciudadanos y afectan la competencia justa”. Asimismo, puntualizó que las políticas de represión no solo desestabilizan internamente, sino que tienen consecuencias sobre el comercio internacional y la seguridad regional.
Cualquiera que sea la medida que tome el gobierno de EEUU, comprometería la adhesión del régimen de Nicaragua en el DR-Cafta.
“Tortura y represión”
Al mismo tiempo que EEUU manifestó su preocupación sobre Nicaragua, la ONG defensora de derechos humanos Colectivo Nicaragua Nunca Más, denunció que al menos 229 personas fueron víctimas de torturas tras ser detenidos por las autoridades oficialistas desde las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en 2018.
“Se han sistematizado 229 testimonios de personas sobrevivientes de tortura”, destaca el informe de la ONG, que trabaja desde el exilio en Costa Rica.
Se identificaron “más de 40 formas o métodos de torturas perpetrados en Nicaragua”, como golpizas, asfixia, descargas eléctricas, quemaduras, simulación de ejecución o desprendimiento de uñas o piezas dentales, entre otras. Las víctimas son 46 mujeres y 183 hombres.
“Con el inicio de las protestas en 2018 se estableció la práctica de detenciones arbitrarias con la intencionalidad de transmitir un mensaje de terror y de control a la población”, afirmó el informe.
El gobernante Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, ha endurecido la represión desde las protestas opositoras de 2018, que dejaron en tres meses más de 300 muertos según la ONU.
El Colectivo resaltó la “sistematicidad” en los “ataques” a disidentes y opositores con actos considerados crímenes de lesa humanidad, como asesinato, desaparición forzada, encarcelamiento, tortura, violación o cualquier tipo de violencia sexual.
La ONG ha denunciado desde 2018 más de 2.000 detenciones arbitrarias, de las cuales casi el 40% fueron “con participación de agentes paraestatales que han actuado como una tercera fuerza armada”.
“Destierro”
Desde febrero de 2023, el régimen despojó la nacionalidad nicaragüense a unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y religiosos exiliados o expulsados del país.
“El destierro o exilio y la apátrida ha generado una intensificación de la muerte civil”, denunció la ONG.
Una amplia reforma constitucional del régimen nicaragüense, aprobada en noviembre califica a la oposición y líderes de la Iglesia como “traidores a la patria”. La dictadura sandinista establece que a los que considere “traidores” los despoja de la nacionalidad nicaragüense aunque hayan nacido en la nación centroamericana.
FUENTE: Con información de AFP/Centro América 360
