Las políticas contra la diversidad y la inclusión del gobierno de Donald Trump han llegado hasta Barcelona. En concreto han impactado contra una biblioteca municipal que desde 2016 desarrolla un proyecto llamado American Space Barcelona, que promueve el intercambio cultural entre la ciudad y Estados Unidos y que ha acogido unas 2.000 actividades con más de 77.000 asistentes. Se trata de la biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra, en el distrito de Sant Martí, y que financia el programa en parte con fondos del Gobierno estadounidense, aunque el Ayuntamiento no ha detallado la cuantía. El consistorio recibió hace unas semanas un requerimiento por parte de la embajada de Estados Unidos en Madrid reclamando la aplicación de la orden 14173, llamada Ending Illegal Discrimination and Restoring Merit-Based Opportunity que, como su nombre traducido indica, busca “acabar” con la “discriminación ilegal y restaurar las oportunidades basadas en el mérito”. La ley, federal, exige que no se utilicen fondos para iniciativas o programas que promuevan la diversidad, equidad e inclusión.
La carta apuntaba específicamente al cumplimiento de la orden en el programa American Space Barcelona, “un espacio de aprendizaje informal con servicios y actividades diseñadas para potenciar las habilidades, herramientas y competencias necesarias para afrontar con éxito las nuevas oportunidades tecnológicas y sociales del siglo XXI”, explica el propio centro. La programación incluye áreas de ciencia y tecnología, aprendizaje del inglés, programas culturales, orientación educativa e información sobre el país. Y están pensadas para niños, jóvenes y público en general, y también para escuelas e institutos. El fondo American Space contiene unos 2.500 documentos donados por el Departamento de Estado.
Fuentes del consistorio aseguran que no darán cumplimiento a estas restricciones, porque “contravienen de base los valores y principios de inclusión, fomento de la igualdad de género y de la pluralidad, que entienden que son propios del Gobierno de la ciudad y el Ayuntamiento” que ahora capitanea el alcalde Jaume Collboni. Unas políticas, además, que las mismas fuentes recuerdan que se aplican al diseño de todas actuaciones públicas y programas municipales. El Ayuntamiento asegura, además, que la orden no tiene vigencia fuera de Estados Unidos, y señala que las políticas de la ciudad, las autonomías y el Estado español, así como el marco legal europeo, contemplan el respeto a los derechos humanos y medidas de equidad de género, diversidad e inclusión. Con todo, hace solo unos días se conoció que las embajadas estadounidenses han comenzado a pedir a sus proveedores locales “de productos y servicios” que se aseguren de cumplir con el nuevo marco y no aplican ninguno de estos programas. El Ayuntamiento ha trasladado estos argumentos por escrito a la Embajada.
El Ayuntamiento barcelonés mantiene que continuará buscando acuerdos de colaboración y explorando vías de relación con ciudades, instituciones y entes públicos de Estados Unidos, respetando y promoviendo activamente la inclusión, diversidad y equidad, valores fundamentales de una sociedad justa, plural, democrática y plenamente defensora de los derechos civiles. Unos principios, añade, que respetan las bibliotecas municipales, considerados espacios comunitarios seguros y que año tras año obtienen una altísima nota por parte de los ciudadanos en las encuestas municipales. Desde hace muchos años, la red de más de 40 bibliotecas públicas de Barcelona son el segundo servicio municipal más bien valorado por la ciudadanía, tras los bomberos. En la última Encuesta de Servicios Municipales, de 2024, subían incluso la calificación, con un 8 y los datos oficiales indicaban que, en conjunto, rozan los 30.000 usuarios diarios y los tres millones de préstamos al año.
El consistorio insiste en su voluntad de que el proyecto American Space Barcelona tenga continuidad y se remite a su éxito de participación. De ahí que asegure que continuará buscando acuerdos de colaboración y explorando vías de relación con ciudades, instituciones y entes públicos de los Estados Unidos, respetando los valores de lo que considera una sociedad justa, plural, democrática y plenamente defensora de los derechos civiles.
A preguntas de EL PAÍS, un portavoz de la representación diplomática estadounidense ha declarado: “La Embajada en Madrid y el Consulado General en Barcelona, como todas las embajadas y consulados de EE.UU. en el mundo, hemos comunicado a las entidades receptoras de subvenciones, así como a proveedores de productos y servicios, el nuevo marco de trabajo basado en las recientes órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump. Queremos asegurarnos que nuestros contratos y subvenciones cumplan con todas las leyes federales estadounidenses anti-discriminación y que los proveedores o beneficiarios de subvenciones no lleven a cabo programas que promuevan la diversidad, equidad, e inclusión que violen las leyes federales existentes”, ha añadido.
