Kilmar Armando Abrego García gozaba de protección legal para no ser deportado a su país de origen, El Salvador, del que, según sus abogados, huyó a los 16 años.
La Administración Trump ha admitido haber deportado a un residente de Maryland a una megacárcel salvadoreña debido a un “error administrativo” a pesar de que una orden judicial prohibía su envío al país. Aunque pareció reconocer el error, el Gobierno argumentó entonces que no podía devolverlo a Estados Unidos, donde los registros judiciales presentados por sus abogados afirman que ha vivido desde 2011 con su familia.
Los abogados del Gobierno estadounidense reconocieron el lunes en una presentación judicial que deportaron a Kilmar Armando Abrego García, salvadoreño que vive en Maryland con su esposa y su hijo de cinco años, a pesar de que estaba protegido legalmente para no ser devuelto a su país de origen.
Tanto su esposa como su hijo, que es discapacitado, son ciudadanos estadounidenses, dijeron los abogados al tribunal. “Aunque el ICE era consciente de su protección frente a la expulsión a El Salvador, Abrego García fue expulsado a El Salvador por un error administrativo”, declaró el Gobierno en su demanda. Los acusados dijeron que EE.UU. no tenía jurisdicción para garantizar su regreso desde la prisión CECOT.
El hombre deportado tiene un estatus legal protegido
A Abrego García un juez de inmigración le otorgó estatus legal protegido en 2019, lo que prohibió al Gobierno deportarlo a El Salvador. Los abogados de Abrego García declararon que llegó a Estados Unidos con 16 años después de huir de la violencia de las pandillas. “Comenzando alrededor de 2006, los miembros de la pandilla lo habían acechado, golpeado y amenazado con secuestrarlo y matarlo para coaccionar a sus padres a sucumbir a sus crecientes demandas de extorsión”, dijeron en su presentación.
El salvadoreño no tiene antecedentes penales en Estados Unidos ni en ningún otro país, según su equipo legal. Afirmó que no está afiliado a ninguna banda, a pesar de las afirmaciones del Gobierno estadounidense, que, según los abogados de Abrego García, “nunca ha aportado ni un ápice de pruebas que respalden esta acusación infundada”.
En la presentación judicial del Gobierno, de la que informó en primer lugar ‘The Atlantic’, la Administración restó importancia a la preocupación de que Abrego García pudiera ser torturado o asesinado en el CECOT. El caso parece ser el primero: el abogado de Abrego García, Simón Sandoval-Moshenberg, dijo a la revista que nunca había visto un caso en el que el Gobierno deportara a sabiendas a alguien a quien ya se le había concedido el estatus de protegido.
EE.UU. ignoró los procedimientos legales, según los abogados
Los abogados del demandante afirmaron que las autoridades de inmigración “no tendrían ningún impedimento legal” para deportarlo a cualquier otro país salvo a El Salvador, alegando que “los demandados consideraron molestos esos procedimientos legales, por lo que se limitaron a ignorarlos y deportaron de todos modos al demandante Abrego García a El Salvador”.
‘Euronews’ se puso en contacto con ICE y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para obtener comentarios. La Administración Trump deportó el 16 de marzo a más de 250 personas, sin audiencia a una prisión de máxima seguridad en El Salvador en virtud de un acuerdo con el país centroamericano.
El Gobierno los acusó de ser miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y los deportó en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación que solo se ha invocado tres veces en la historia de Estados Unidos. Tras ver una foto en un artículo de prensa sobre el CECOT, en la que no se veían los rostros de los presos, la esposa de Abrego García identificó a su marido basándose en sus tatuajes y en dos cicatrices que tenía en la cabeza.
