California se encuentra en el centro de una creciente preocupación por las recientes directrices del gobierno federal que habilitan operativos migratorios en zonas previamente consideradas seguras. Estas medidas, que forman parte del plan de redadas y deportaciones masivas de extranjeros ilegales del presidente Donald Trump, eliminaron protecciones establecidas desde 2011 y permiten que agentes de inmigración actúen en escuelas, hospitales y lugares religiosos.
Por eso, de acuerdo a Fox 11, instituciones educativas en el sur de California, como las del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD, por sus siglas en inglés), tomaron medidas urgentes para proteger a los estudiantes de las posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Según declaraciones de su vocero, estos establecimientos tienen una “obligación profesional y ética” de garantizar el acceso a la educación sin interrupciones ni intimidación.
Ante la incertidumbre sobre posibles redadas, varios distritos escolares del estado gobernado por Gavin Newsom implementaron protocolos específicos. El LAUSD distribuyó tarjetas informativas, conocidas como “red cards”, que detallan los derechos de las personas ante agentes migratorios. Además, comenzó a capacitar a todo el personal sobre cómo responder a los agentes federales de inmigración que se presentan en las escuelas.
Asimismo, el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana (SAUSD, por sus siglas en inglés) produjo videos de capacitación para estudiantes y sus familiares, en los que explican cómo responder ante eventuales intervenciones del ICE. Algo parecido sucede actualmente en el Distrito Escolar Unificado de Fresno, donde se realizan talleres para familias sobre los derechos de los inmigrantes.
Según Fox 11, el director de comunicaciones del SAUSD, Fermin Leal, enfatizó que las escuelas no permiten el ingreso de agentes federales sin una orden judicial válida. Además, aseguró que no se rastrea el estatus migratorio de los estudiantes. “Las escuelas no son un lugar para operativos. Nuestros niños son muy pequeños y esto podría ser una experiencia muy traumática para los estudiantes”, advirtió.
En las últimas semanas, distritos escolares como Los Ángeles, Long Beach, San Diego y San Francisco enviaron a cartas a las familias migrantes para informarles sobre sus derechos y proporcionar recursos legales. Mientras tanto, superintendentes y miembros de juntas escolares del condado de Santa Clara firmaron una carta en la que reiteraron su compromiso de garantizar el derecho a la educación pública para todos los niños en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio o el de sus padres.
Funcionarios y líderes educativos en California repudiaron y calificaron las nuevas directrices del gobierno de Trump como un ataque directo a los derechos constitucionales de los estudiantes. En declaraciones con en EdSource, un medio especializado en educación, Alex Traverso, director de comunicaciones de la Junta Estatal de Educación, sostuvo que las escuelas deben ser “espacios seguros y no sitios de temor”.
Asimismo, según el mencionado medio, la Asociación de Administradores Escolares de California comentó: “Las escuelas están destinadas a ser espacios seguros donde los niños puedan aprender y crecer sin temor. Esta decisión resultará en que algunos estudiantes dejen de asistir a la escuela, las familias se desconecten y el rendimiento académico se vea afectado”.
“En línea con las leyes federales y estatales, las escuelas de California pueden tomar medidas para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a los campus escolares y a oportunidades educativas sin temor a la deportación”, expresó Tony Thurmond, superintendente estatal de Instrucción Pública. “Nuestras escuelas deben ser un lugar seguro para que los niños aprendan y los educadores enseñen”, agregó.
Según la ley del estado californiano, los funcionarios escolares no están obligados a permitir el ingreso de agentes de inmigración a las escuelas sin una orden judicial, según una reciente guía emitida por el fiscal general de California, Rob Bonta.
“Hemos pasado por esto antes. Hemos ganado. Estamos listos para hacerlo de nuevo. Nos preparamos durante semanas y meses para los problemas que esperamos que vengan de la administración Trump 2.0″, explicó en conferencia de prensa, de acuerdo a ABC 30, el funcionario elegido por Newsom.
“Muchas instituciones públicas ya tienen políticas establecidas sobre cómo responder a las autoridades de control migratorio. Mi oficina seguirá utilizando toda la fuerza de la ley y todas las herramientas a nuestra disposición para proteger los derechos de los inmigrantes de California, y necesitamos que el personal en estos lugares críticos haga lo mismo”, había declarado Bonta en diciembre, según un comunicado oficial.
