El conseller d’Educació i Universitats de las Islas Baleares, Antoni Vera, del Partido Popular, explicó el pasado lunes 17 de marzo, que la vigencia del convenio que Baleares había firmado con los representantes de Comisión Islámica para impartir esta asignatura en los centros públicos -en base a la normativa estatal- ha caducado, por lo que su departamento trabaja en un borrador para regularlo de cara al próximo curso escolar.
Vera subrayó que la normativa estatal marca una serie de requisitos para que las familias puedan solicitar que sus hijos estudien religión islámica. En los centros públicos, expuso, deben ser al menos una decena de alumnos los que lo pidan, mientras que en los concertados y privados puede impartirse siempre y cuando esta asignatura se adecue a su ideario.
Por su parte, la portavoz parlamentaria de Vox Baleares, Manuela Cañadas, ha denunciado la decisión del Gobierno de Baleares de renovar el convenio con la Comisión Islámica de España para la impartición de la asignatura de religión islámica en los colegios públicos. Cañadas señaló que esta medida no responde a una demanda social real, sino a una estrategia ideológica para debilitar la identidad cultural de España y fomentar comunidades paralelas dentro de nuestro propio territorio.
«Nosotros cumpliremos, en el nuevo convenio, lo que establece el convenio anterior y, sobre todo, la normativa básica estatal y el artículo 27 de la Constitución», afirmó Vera, artículo que sostiene que «todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». Y en línea con lo establecido en el artículo 16.3 de la Constitución respecto de la Iglesia Católica, España es un Estado laico.
De momento, una treintena de familias de Mallorca han presentado contencioso administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) después de haber solicitado sin éxito la impartición de la asignatura de religión islámica en los centros en los que estudian sus hijos.
Según apuntaron fuentes de la Conselleria de Educación, estas reclamaciones no cumplían con los requisitos de la normativa estatal por lo que no procedería atenderlas.
El Govern de Francina Armengol firmó en 2020 un acuerdo con la Comisión Islámica de España en Baleares para impartir la asignatura de religión islámica en al menos 10 centros educativos aunque la pandemia retrasó el proyecto. Posteriormente se llevó adelante si bien en menos centros escolares y a modo de prueba piloto.
«La inmigración ilegal supone una amenaza para la seguridad y los derechos de las mujeres», decía el pasado lunes el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, en rueda de prensa. El partido insiste en vincular la llegada de personas irregularmente a España con el incremento de las denuncias por delitos sexuales, pese a que los expertos apuntan que detrás de este aumento está, al menos en parte, la mayor concienciación de la sociedad. «Esto [la inmigración irregular] nos preocupa muchísimo, sobre todo por lo que esto supone en forma de inseguridad, especialmente para las mujeres», añadía Fúster.
Hoy, 24 de marzo, VOX ha lanzado otra ofensiva contra la impartición de la religión islámica en los centros educativos de Baleares.
La formación denuncia que esta asignatura, costeada con el dinero de todos los ciudadanos, representa un paso más en la islamización de las aulas y en la progresiva imposición de valores radicales incompatibles con la libertad y la identidad cultural de España.
Hasta el momento, se han registrado 900 peticiones de alumnos que quieren cursar la asignatura de religión islámica. Será la misma comisión que escogerá a los profesores que impartan las clases de religión.
