Donald Trump y las deportaciones a El Salvador, el

Hace una semana, el presidente Donald Trump desató lo que para muchos es el inicio de una crisis constitucional en Estado Unidos al desempolvar una ley de hace más de 200 años, prevista para tiempos de guerra, como vehículo para deportar a El Salvador a cientos de migrantes venezolanos que acusa de ser parte de la banda criminal el Tren de Aragua.

El uso de la ley (Acto para los Enemigos Extranjeros de 1789), que presume que hay un conflicto con otro país o la posibilidad de que estalle uno, desató un intenso debate, además de un aparente desacato a la decisión de un juez que pidió devolver los aviones y suspender las deportaciones por vía de este mecanismo, generando un choque de trenes sin antecedentes entre el Ejecutivo y la justicia.

Trump y funcionarios de la administración acusaron al juez de tomarse atribuciones que no le correspondían y pidieron abiertamente su destitución, lo cual provocó una inédita intervención del presidente de la Corte Suprema, el conservador John Roberts, en la que pidió respetar el proceso y las decisiones judiciales.

Al margen de esta controversia -que aún está por resolverse-, la deportación también planteó una serie de preguntas sobre la legalidad de la detención de venezolanos en una cárcel de máxima seguridad en otro país donde no es claro si tendrán garantías al debido proceso.

Para intentar responder algunas de ellas, EL TIEMPO entrevistó a Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW). Según ella, con las deportaciones, que a su juicio fueron ilegales, EE. UU. está tratando de convertir a Centroamérica en otro Guantánamo.

La justificación de Trump para desempolvar una ley de hace 200 años es que los venezolanos deportados a El Salvador son parte de una invasión contra EE. UU. ¿Se actuó en derecho cuando se invocó dicha norma?

Estas deportaciones son ilegales. El concepto de ‘invasión’ se refiere a una incursión militar en territorio estadounidense. Por supuesto, esto no es lo que ocurre en EE. UU. y tampoco lo fue en años anteriores, cuando había un número mucho mayor de migrantes en la frontera sur. De hecho, buena parte de los migrantes se entregan a las autoridades en la frontera, procurando ingresar de forma ordenada al país para que se procesen sus solicitudes de asilo. Y cuando han existido vías legales y seguras para migrar —como el Parole Humanitario y las Oficinas de Movilidad Segura, que Trump desmanteló—, un gran número de migrantes y solicitantes de asilo utilizaron estas vías para llegar al país. Por lo tanto, no hay una ‘invasión’ de migrantes, lo que hay es un esfuerzo de la administración Trump por saltarse los procedimientos migratorios ordinarios y desconocer la administración de justicia.

La ley solo se ha utilizado en tres ocasiones. La más reciente, tras los ataques de Japón a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Es un paralelo válido con la situación actual?

La última vez que se invocó la ley de Enemigos Extranjeros fue en uno de los episodios más vergonzosos de la historia de EE. UU.: cuando se detuvieron a miles de ciudadanos japoneses únicamente por su nacionalidad. La situación de migración que vive hoy el país no tiene comparación con Pearl Harbor. Se trata de una exageración extrema y sin sustento para invocar una ley que probablemente sea inconsistente de las obligaciones nacionales e internacionales de EE. UU. en materia de no discriminación. Por eso, nosotros hemos apoyado en el pasado iniciativas legislativas para derogar dicha ley, que es una reliquia del siglo XVIII, y que no se ajusta a los estándares internacionales vigentes.

Algunos de los detenidos no eran del Tren de Aragua o no les se probó que pertenecieran ante una corte. ¿Puede leerse esto como un pretexto para expulsar a migrantes venezolanos de manera exprés dado que el régimen de Maduro no se los está recibiendo?

Desde la campaña presidencial lo que ha habido es un esfuerzo por intentar estigmatizar a los migrantes venezolanos, acusándolos, sin ninguna justificación, de ser miembros del Tren de Aragua. Y el gobierno Trump ha invocado la presencia del Tren de Aragua para cancelar el Estatuto de Protección Temporal de los venezolanos y para deportarlos de forma expedita a sitios como Guantánamo. Hemos documentado numerosos casos en los que los deportados no tenían antecedentes penales.

A muchos los acusan solo por tener tatuajes y expertos en esta banda señalan que sus miembros no se identifican por tatuajes. Es triste ver esta pobreza investigativa en las autoridades de EE. UU.

Cualquiera que haya cometido un delito violento como los que comete el Tren de Aragua debe ser judicializado. Pero lo que no se puede hacer es deportar sin debido proceso a los venezolanos que, en su gran mayoría, están huyendo de la dictadura de Maduro y tratando de construir una nueva vida para sus familias.

Un juez de distrito ordenó detener las deportaciones mientras se revisa su legalidad. Pero la administración no lo hizo y sostiene que el juez no tiene derecho a bloquear las deportaciones porque interfiere con el poder presidencial. ¿Ustedes como lo ven?

Podemos estar al borde de una crisis constitucional. El Juez federal Boasberg, del Distrito de Columbia, le prohibió a la administración deportar o remover a los migrantes bajo la ley de enemigos extranjeros, mientras analizaba el fondo del caso. La administración avanzó con las deportaciones y Trump reaccionó como un típico autócrata: pidiendo la destitución del juez. Es una buena noticia que el presidente de la Corte Suprema haya publicado un comunicado recordando que ningún juez puede ser removido únicamente porque al gobierno no le gustan sus decisiones. 

Quiero confiar en que la independencia judicial en Estados Unidos. es capaz de contener esta andanada autoritaria. Pero llegar a este punto a apenas dos meses del comienzo de la administración es un pésimo presagio para el futuro de la democracia del país, y por la influencia de EE. UU. en América Latina, puede tener un efecto cascada inmenso en el resto del continente.

Al margen de eso y su desenlace, ¿qué opina de la decisión de enviar migrantes a El Salvador, donde el presidente ha prometido que permanecerán encarcelados por lo menos un año?

He presentado una declaración jurada ante el juzgado del juez Boasberg sobre las condiciones carcelarias en El Salvador. Las personas detenidas allí pierden comunicación con el mundo exterior y carecen de cualquier acceso genuino a recursos judiciales. Las únicas audiencias que se realizan son de forma virtual, muchas veces con cientos de imputados a la vez. 

Y aunque no hemos podido ingresar al CECOT, donde han enviado a los deportados, en otras cárceles del país hemos documentado casos de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y muertes. Enviar a cualquier persona a estas condiciones es en sí mismo una violación de derechos humanos. Mucho peor en este caso, cuando ni el gobierno de EE. UU. ni el de El Salvador han presentado pruebas de que se trate de miembros del Tren de Aragua. Estamos documentando, uno por uno, los casos. Hay evidencias de que hay personas que solo han cometido el ‘delito’ de huir a EE. UU., escapando de la dictadura de Maduro y de tener un tatuaje.

En cierto sentido, esto se parece mucho al uso de Guantánamo (Cuba) durante la guerra contra el terrorismo que siguió a los ataques del 9-11, cuando EE. UU. envió a la isla a muchos de los capturados. ¿Ve esas similitudes?

Efectivamente, estamos ante un esfuerzo por crear una especie de Guantánamo centroamericano. Se busca exactamente el mismo propósito que en la llamada ‘guerra contra el terrorismo’: remover a estas personas de la protección de la ley y del escrutinio público. Con Guantánamo, progresivamente, los abogados, a través de habeas corpus, los periodistas y las organizaciones de derechos humanos lograron acceso a los detenidos. Aquí estamos ante un caso aún más desafiante porque estas personas ya están fuera del territorio estadounidense y El Salvador ha desmantelado el Estado de derecho, durante el régimen de excepción de Bukele.

Afortunadamente el juez Boasberg dictó una medida judicial sobre este caso, que permite que continúe el escrutinio. Estamos trabajando de la mano de periodistas y abogados para evitar que se sigan violando los derechos de estas personas y para asegurar que EE. UU. no vuelva a cometer las aberraciones que cometió en Guantánamo.

EE. UU. ha deportado a otros migrantes a otros países, ¿por qué esto es diferente?

Costa Rica y Panamá recibieron migrantes deportados de EE. UU. Entre ellas hay personas de Afganistán, China, Irán, Rusia, Uzbekistán y otros países de Asia y África. Costa Rica mantiene a 200 de estas personas, incluidos 80 niños, retenidas en un “centro de recepción”. Panamá recibió 299 personas, de las cuales 182 retornaron de forma supuestamente voluntaria a sus países de origen y las restantes permanecen en el país en una especie de limbo, con un “permiso humanitario” que puede renovarse hasta por 90 días. Hemos entrevistado a migrantes deportados en esos dos países y corroborado que a muchos se les ha privado del derecho a solicitar asilo e incluso de las audiencias mínimas que exige la ley estadounidense en procesos de ‘expulsión inmediata’.

Hacemos un llamado a los gobiernos de Costa Rica y Panamá para que permitan que estas personas tengan acceso a procesos justos para solicitar asilo en sus países y también le hemos pedido a otros gobiernos que se ofrezcan a reasentar a estas personas, que en muchos casos corren el riesgo de sufrir graves abusos, si son devueltos a países como Afganistán, Irán o China. La situación en El Salvador es aún más desafiante porque allí no hay separación de poderes ni independencia judicial. En Costa Rica, el canciller tuvo que presentarse esta semana ante el Congreso a dar explicaciones y aclaró que la legislación sobre asilo es plenamente aplicable. En Panamá, el gobierno liberó a estas personas —de hecho, las dejó botadas en una estación de bus en medio de la noche— ante el escrutinio de la Comisión Interamericana. Todo ello es más difícil ante un autoritario como Bukele.

¿Es decir que no hay antecedentes similares a lo que se está haciendo con los venezolanos en El Salvador?

No conocemos antecedentes similares. Lo que ocurría en el pasado, incluyendo en la primera administración Trump, es que las personas eran obligadas a esperar en México mientras se procesaba su asilo a los EE. UU. o deportadas bajo el claro entendido de que podrían solicitar asilo en terceros países, como Canadá, El Salvador o Honduras. Algo similar hizo Australia en 2016, cuando envió a más de 1.200 personas a la isla de Nauru. Por supuesto, estas eran prácticas abusivas porque se enviaban a personas a condiciones deplorables y, en muchos casos, a lidiar con sistemas de asilo pobres y deficientes. Pero el escenario en el que estamos hoy es mucho peor porque el gobierno de EE. UU. actúa como si el derecho a solicitar asilo simplemente no existiera. Como si el Estado de derecho, en su propio país, no importara.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Para EL TIEMPO