Washington D.C. – La orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó para definir su política pública energética incluye una congelación de los fondos de las leyes de infraestructura y Reducir la Inflación (IRA, en inglés) que demócratas del Congreso consideran tendrá un impacto general sobre esas asignaciones, que en Puerto Rico han superado los $3,000 millones.
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La pausa se ordena con el objetivo de revisar si esas asignaciones cumplen con la política pública de la administración Trump.
No está claro cuántos fondos asignados a Puerto Rico quedarán congelados.
“Hasta el momento, no hemos recibido directrices oficiales de las agencias federales al respecto. No obstante, estamos en conversaciones con la Administración Federal de Carreteras para garantizar el avance de los proyectos esenciales para el desarrollo y la seguridad vial de Puerto Rico”, dijo este miércoles el secretario designado de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, Edwin González Montalvo.
“Dentro de los 90 días a partir de la fecha de esta orden, todos los jefes de agencias deberán presentar un informe al director del Concilio Económico Nacional y al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que detalle los hallazgos de esta revisión”, indicó, en tanto, la orden de Trump, titulada “Liberando la energía estadounidense”.
La decisión va más allá de detener las asignaciones de los fondos relacionados con programas de vehículos eléctricos, un objetivo principal del presidente.
“Trump ya comenzó a emitir órdenes ejecutivas que ponen en peligro miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura bipartidistas en todo el país. Dicen que esto es temporal, pero todos sabemos cómo funciona Washington: los globos sonda temporales se convierten en anclas permanentes”, indicó, por su parte, el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York).
El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, indicó que está “en el proceso de obtener la información necesaria”. Según Hernández, la gobernadora Jenniffer González, al dejar el puesto de comisionada residente, “no nos dejó absolutamente nada”.
“Todas las agencias pausarán inmediatamente el desembolso de los fondos asignados a través de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 (Ley Pública 117-169) o la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (Ley Pública 117-58), incluidos, entre otros, los fondos para estaciones de carga de vehículos eléctricos disponibles a través del Programa Nacional de Fórmula de Infraestructura para Vehículos Eléctricos y el Programa de Subvenciones Discrecionales para Infraestructura de Carga y Abastecimiento de Combustible”, indicó Trump, en su orden.
Agregó que las oficinas del gobierno “revisarán sus procesos, políticas y programas para emitir subvenciones, préstamos, contratos o cualquier otro desembolso financiero de dichos fondos asignados para verificar su coherencia con la ley y la política” pública de su orden.
Además de eliminar los mandatos sobre vehículos eléctricos, la orden dice que esos fondos tienen que cumplir con una política pública que fomente la exploración y producción de energía en tierras y aguas federales, la producción y procesamiento de minerales no combustibles, proteja la seguridad económica y nacional y la preparación militar de Estados Unidos, y que los requisitos regulatorios relacionados con la energía estén basados en leyes claramente aplicables.
La ley de inversión en infraestructura ha asignado cerca de $2,300 millones en nuevos fondos federales a Puerto Rico, por medio de subvenciones y fórmulas de ley, según la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
No está claro cuánto de ese dinero se ha desembolsado hasta el momento y cuántas asignaciones se relacionan con proyectos vinculados a energía.
De acuerdo con el plan fiscal de 2004 para el gobierno de Puerto Rico, aprobado por la JSF, que controla las finanzas públicas de la isla, sumando compromisos “prefinanciados”, los fondos de la ley de inversión en infraestructura deben alcanzar los $3,400 millones.
La JSF mantuvo que, a finales del año fiscal puertorriqueño 2023, se había desembolsado menos de $200 millones.
La mayor parte de los fondos de la ley de inversión en infraestructura para Puerto Rico –$900 millones– fueron asignados para carreteras durante un período de cinco años, un aumento de 10% en comparación con asignaciones previas. Para este año fiscal federal 2025 –que concluye en septiembre–, se supone que las asignaciones para carreteras alcancen los $184 millones.
Esas asignaciones para carreteras, que se suelen asignar por ley independiente cada cinco años, se tienen que renovar antes de septiembre de 2026.
La ley de infraestructura también incluye unos $225 millones en fondos para puentes y los $163 millones para la restauración ambiental del caño Martín Peña.
Mientras, hay, por lo menos, $334 millones de la ley de infraestructura en la asignación estadounidense-puertorriqueña de más de $900 millones para nueva tecnología de internet en Puerto Rico. Los $334 millones de la ley de infraestructura fueron asignados por medio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información, entidad del Departamento de Comercio.
Y hay asignaciones directas para el área de energía por medio de la ley de inversión en infraestructura, incluidos $51.4 millones al gobierno de Puerto Rico para instalar 10 puertos de carga rápida para vehículos eléctricos, y $6.7 millones para la adquisición de camiones eléctricos y mejoras en los puertos.
También, se han asignado $13.6 millones para promover que los sitios para cargar vehículos eléctricos sean accesibles.
La ley IRA, sin embargo, no asignó tantos fondos a Puerto Rico. Pero, se conocen, entre otros, unos $10 millones –asignados por Desarrollo Rural– para alrededor de 100 proyectos principalmente relacionados con paneles solares y baterías de almacenamiento para empresas en zonas rurales.
Durante el pasado cuatrienio, la entonces vicepresidenta Kamala Harris anunció, además, una asignación de $34.4 millones para ocho proyectos de rehabilitación costera en Puerto Rico, con fondos de las leyes IRA e infraestructura.
Según el Sierra Club, el 84% de los fondos IRA ya se han liberado, por lo que, respecto a esa ley, la orden de Trump puede ser, “en gran medida, simbólica”.
Mientras, a finales de noviembre de 2024, se habían anunciado $570,000 millones en fondos de la ley de infraestructura para más de 66,000 proyectos en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y los demás territorios de Estados Unidos.
“Un presidente que quisiera ayudar a los estadounidenses invertiría en empleos, en sus comunidades y en su salud. En cambio, Donald Trump quiere cerrarle la puerta a la línea de vida que ha creado cientos de miles de empleos, está mejorando la infraestructura del país y ha propiciado el renacimiento de la industria manufacturera estadounidense”, indicó Ben Jealous, director ejecutivo del Sierra Club.
Jealous sostuvo que las leyes de inversión en infraestructura e IRA hacen que “nuestro aire y agua sean más limpios, impulsando las industrias y los empleos para que Estados Unidos siga siendo el líder mundial y ayudando a las familias trabajadoras a salir adelante en tiempos económicos difíciles. Cualquier esfuerzo por rescindir o revocar esta importante financiación es un ataque a la vida y los medios de vida del pueblo estadounidense”.
El Departamento de Energía
Por su parte, la secretaria interina de Energía de Estados Unidos, Ingrid Kolb, circuló un memorando en el que informa que todos los fondos y la asistencia pendientes –incluidos préstamos, subvenciones, acuerdos de financiamiento y contratos– no deben ser “anunciados, aprobados, finalizados, modificados o provistos” hasta que se haga una revisión para determinar si cumplen con la autorización del Congreso y la política pública de la administración Trump.
Bajo la administración de Joe Biden, el Congreso asignó $1,000 millones para instalar placas solares y baterías de almacenamiento en los techos de residencias de personas de bajos recursos y/o discapacitados. La abrumadora mayoría de esos fondos fueron comprometidos por la ahora exsecretaria Jenniffer Granholm.
