(CNN) — Inmigrantes, empleadores y grupos que trabajan con ellos ya están tomando medidas ante el segundo mandato del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha prometido deportar a millones de personas.
Algunos temen cómo la nueva administración podría afectar a sus familias, mientras que otros tienen la esperanza de que los planes —si se materializan— mejoren las cosas.
Los aliados de Trump están discutiendo opciones de deportación y detención, con la visión de que abordar la cuestión de la frontera entre Estados Unidos y México sea prioridad desde el primer día. Una fuente familiarizada con los planes preliminares del equipo dijo a CNN que es probable que uno de los primeros objetivos sea expulsar a los inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos.
Sin embargo, defensores de los derechos de los inmigrantes temen que pronto los planes de deportación vayan más a fondo en las comunidades estadounidenses y afecten a personas que, según ellos, tienen derecho a vivir aquí.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), la organización de derechos civiles de los hispanos más antigua de Estados Unidos, está consiguiendo dinero y abogados para luchar contra lo que ya califica de posibles políticas de inmigración “viciosas, malévolas, crueles y despiadadas”.
“No se equivoquen: las deportaciones masivas perjudicarán a los millones en la mira de Donald Trump, a las familias y comunidades de las que forman parte, y a cada persona en nuestro país. Arrancarán a los padres de sus hijos, destruirán negocios y medios de vida, y devastarán el tejido de nuestra nación y nuestra economía”, dijo Juan Proaño, CEO de LULAC.
Un abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) afirma que su planificación de recursos legales ya está muy avanzada.
“Nos hemos estado preparando para un segundo mandato de Trump durante casi un año, con un enfoque en las políticas más draconianas posibles, incluida la amenaza de usar a las fuerzas militares para la deportación, lo cual es rotundamente ilegal”, dijo Lee Gelernt, un abogado de ACLU que participó en muchos de los casos de más alto perfil durante el primer mandato de Trump.
El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes dijo que sus abogados también estaban listos.
“Continuaremos nuestro trabajo de proporcionar representación legal crítica a inmigrantes y refugiados, luchando para mantener a las familias unidas, defendiendo el acceso al asilo y abogando por el fin de la detención arbitraria y la deportación injusta”, dijo Mary Meg McCarthy, directora ejecutiva del centro, en un comunicado.
“¿Qué pasa ahora?”
Cesar Espinosa, un líder de la comunidad hispana de Houston, dijo que ha recibido muchas llamadas y mensajes de personas preocupadas desde que Trump ganó la reelección el miércoles temprano.
“Podemos sentir la sensación de incertidumbre de mucha gente. Mucha gente se pregunta: ‘¿Qué pasa ahora? ¿Qué hacemos?'”, dijo.
Algunos forman parte de las llamadas familias de estatus mixto, compuestas por ciudadanos estadounidenses e inmigrantes indocumentados. Y el temor es que los no ciudadanos se conviertan en objetivo inmediato, dijo Espinosa, que es residente legal permanente, o titular de una “tarjeta verde”.
Simpatizantes del entonces candidato presidencial republicano, Donald Trump, se reúnen frente al Parque Shelby, en Eagle Pass, Texas, el 29 de febrero de 2024, el día en que Trump visitó la frontera entre EE.UU. y México, en Eagle Pass. (Go Nakamura/Reuters)
Dice que intenta calmar los temores diciendo que las deportaciones masivas, sobre todo de no criminales, llevarán tiempo. Mientras tanto, lleva la cuenta de cuándo podrá solicitar la naturalización estadounidense, para lo que aún faltan más de dos años.
Espinosa dijo que el machismo entre los hombres latinos puede haber contribuido al apoyo a Trump.
“Desgraciadamente, mucha gente de la comunidad latina se ha creído la retórica de ser antiinmigrante, incluso los propios inmigrantes”, dijo.
El apoyo de Jorge Rivas a Trump es evidente. En el menú de Sammy’s Mexican Grill, en Catalina, Arizona, al norte de Tucson, el restaurante que dirige con su esposa, Betty, figura una hamburguesa MAGA.
Rivas, nacido en El Salvador, obtuvo asilo a los 17 años, dice, y ve poca conexión entre su vida como inmigrante y los que encabezan la potencial lista de deportaciones de Trump.
“Si dejan entrar a cientos o miles de personas que ya tienen antecedentes penales, si deportarlos crea una deportación masiva, estoy a favor”, dijo.
No cree que la medida se extienda a los trabajadores que respetan la ley.
“No sería justo”, dijo. “Tienen que asegurarse de que no tiran, no echan, no deportan a gente que está orientada a la familia”.
Los defensores se movilizan
En California, donde los agricultores dependen de la mano de obra inmigrante, se renovó la petición de una reforma de la inmigración que permita la entrada a Estados Unidos de personas para trabajos agrícolas temporales. También se reclama un estatuto legal para la mano de obra actual.
“Debemos centrarnos en paliar la escasez crónica de trabajadores en las granjas y ranchos de California y reducir las barreras al empleo”, dijo en un comunicado a CNN Shannon Douglass, presidenta del California Farm Bureau.
Un trabajador agrícola usa ropa protectora mientras trabaja en un campo durante el calor de la mañana el 3 de julio de 2024, cerca de Coachella, California. (Mario Tama/Getty Images)
Se ven flores en el suelo durante la vigilia “Proteger a los solicitantes de asilo” en Nueva York, el 1 de febrero de 2024, tras la muerte de un bebé de 3 meses dentro de un refugio para inmigrantes en Queens. (Kena Betancur/AFP/Getty Images)
En el corazón urbano de Nueva York, donde miles de inmigrantes y solicitantes de asilo han puesto a prueba los recursos locales, algunos lugares de culto se preparan para cambiar sus misiones.
“La comunidad religiosa se ha movilizado durante más de dos años y medio en una especie de capacidad de emergencia”, dijo la reverenda Chloe Breyer, directora ejecutiva del Centro Interreligioso de Nueva York, una agencia sin ánimo de lucro de diversidad religiosa. “El reto no era específicamente la deportación, como ahora, el reto era la alimentación, el alojamiento y la acogida de un enorme número de personas”.
Dijo que había una convocatoria quincenal de unas 60 iglesias, mezquitas y sinagogas implicadas en la acogida de inmigrantes que podría ponerse en marcha. “Esa es la red que se movilizará a la hora de luchar contra cualquier tipo de medidas más extremas como la deportación”.
Un día después de las elecciones, los funcionarios de la ciudad de Nueva York dijeron que el miedo era prematuro cuando abordaron la inmigración y cómo trabajarían con el Gobierno entrante de Trump.
La ciudad cuenta con leyes santuario que impiden a las autoridades locales ponerse en contacto con los agentes federales de inmigración si se topan con un inmigrante sin permiso para estar en Estados Unidos. Algunos miembros del Gobierno del alcalde Eric Adams han dicho que quieren que las leyes se modifiquen para no incluir a quienes cometen delitos violentos, pero por ahora cualquier cooperación entre la ciudad y el Gobierno federal es limitada.
“Estamos trabajando con todas las agencias que interactúan con las comunidades de inmigrantes para asegurarnos de que entienden cuáles son nuestras leyes de santuario y qué se espera que cumplan”, declaró Manuel Castro, comisionado del alcalde para Asuntos de los Inmigrantes. Aunque las leyes están en vigor, dijo, la ansiedad y el miedo de las comunidades de inmigrantes tienen su origen en la desinformación e incluso en los delitos de odio.
Pero Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, advirtió que las leyes santuario no impedirán que las agencias federales de inmigración hagan lo que quieran.
“Las leyes santuario no detienen a las agencias federales. Simplemente no permiten que la ciudad y el estado participen”, dijo Awawdeh. “Nunca han sido un cortafuegos”.
Aplicación federal
Los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dos agencias dependientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), no están haciendo comentarios sobre posibles nuevas políticas o preparativos. Ambas serían fundamentales en cualquier plan de deportación, pero la cúpula directiva no cambiará hasta que el segundo gobierno de Trump comience su andadura el 20 de enero.
Migrantes solicitantes de asilo de China y Turquía suben una colina mientras buscan entregarse a los funcionarios de inmigración, después de cruzar la frontera hacia Estados Unidos desde México, en Jacumba Hot Springs, California, el 20 de mayo de 2024. (Adrees Latif/Reuters)
Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos buscan a migrantes que intentan entrar en EE.UU. desde México sin ser detectados, en Sunland Park, Nuevo México, el 24 de octubre de 2024. (José Luis González/Reuters)
Tanto en la frontera norte como en la sur, las aprehensiones de personas que cruzaron ilegalmente siguen siendo bajas en 2024, con un promedio de siete días de 1.700 al día, según una fuente policial familiarizada con los datos del Gobierno. El sector más activo fue San Diego, con 350 personas detenidas el martes.
En algunos momentos de diciembre de 2023, las aprehensiones de migrantes superaron las 10.000 diarias en la frontera sur de Estados Unidos.
El día después de las elecciones, Jim Desmond, miembro de la Junta de Supervisores del condado de San Diego, publicó una foto de sí mismo y del vicepresidente electo, J. D. Vance, en el muro fronterizo, diciendo que esperaba con ansias asegurarlo. A principios de este año, Desmond testificó ante el Congreso que las políticas federales habían significado que “nuestra Patrulla Fronteriza se ha reducido a agentes de procesamiento, de pie, viendo a la gente violar nuestras leyes”.
Kenia Zamarripa, de la Cámara de Comercio Regional de San Diego, dijo que muchos negocios locales tenían vínculos al otro lado de la frontera con empresas, operaciones y trabajadores, y que una frontera eficiente y segura debería seguir facilitando el comercio y los viajes.
“No se trata solo de la industria manufacturera, no es solo el turismo o la venta al por menor, se trata de puestos de trabajo bien remunerados y trabajadores cualificados que nuestras empresas necesitan para prosperar”, dijo a CNN.
El tono fue más desafiante en Los Ángeles, donde la Universidad del Sur de California estimó el año pasado que había más de 800.000 inmigrantes indocumentados en el condado de Los Ángeles. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró a CNN: “La comunidad inmigrante es el corazón de nuestra ciudad y, frente a las amenazas y el miedo, Los Ángeles permanecerá unida. Nadie debería vivir con miedo debido a su situación migratoria. Seguiremos apoyando las políticas locales y estatales que protegen a los inmigrantes y proporcionan recursos vitales”.
Y añadió: “Mi mensaje es sencillo: No importa dónde naciste, cómo llegaste a este país, Los Ángeles estará contigo y esto no cambiará”.
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles —el segundo más grande del país por detrás del de Nueva York— dijo que se estaba preparando para una posible amenaza de acción legal contra los estudiantes y sus familias que podría conducir a la separación o deportación. Añadió que no suscribiría acuerdos con agencias gubernamentales para la aplicación de la ley federal de inmigración a menos que lo exigiera la ley.
“Las actividades de aplicación de la ley de inmigración alrededor de las escuelas crean dificultades y barreras para la salud y el logro educativo, y cultivan un clima generalizado de miedo, conflicto y estrés que afecta a todos los estudiantes de nuestro distrito, independientemente de su origen o estatus migratorio”, dijo un portavoz del distrito en un comunicado enviado a CNN.
La sombra de un migrante se proyecta sobre una tienda de campaña en el refugio Juventud 2000 en Tijuana, estado de Baja California, México, el 6 de noviembre de 2024. (Guillermo Arias/AFP/Getty Images)
Al otro lado de la frontera de San Diego, en Tijuana, México, unas 3.400 personas esperan en refugios para migrantes, según José Luis Pérez Canchola, director de Asuntos Migratorios de la ciudad.
Muchos esperan entrar legalmente a EE.UU. utilizando la aplicación CBP ONE, gestionada por el DHS, para obtener una cita de inmigración, pero se teme que la aplicación pueda verse afectada, dijo.
“En caso de una cancelación masiva de citas y cierre de CBP ONE, lo que puede suceder es que muchos decidan cruzar ilegalmente la frontera antes de enero de 2025”, dijo Pérez Canchola.
También hay preocupación en Piedras Negras, la ciudad mexicana al otro lado del río Grande desde Eagle Pass, Texas. “Hay miedo y temor”, dijo la hermana Isabel Turcios, directora del albergue Frontera Digna, donde los migrantes también estaban usando la CBP ONE para obtener una cita con un agente de inmigración.
“Trato de calmarlos porque la ansiedad que sienten es muy grande”, dijo.
–Priscilla Alvarez, de CNN, contribuyó a esta historia.
