Un juicio multimillonario contra Greenpeace-EEUU en Dakota del Norte puso en alerta a organizaciones ambientales en toda Latinoamérica. La constructora de oleoductos Energy Transfer acusa a la ONG de “ecoterrorismo” y exige una indemnización de 300 millones de dólares por las protestas contra la construcción del oleoducto Dakota Access Pipeline (DAPL) en 2016.
El juicio, que comenzó este lunes, se centra en las acciones de Greenpeace en apoyo a la tribu Sioux, quienes se oponían a la construcción del DAPL por considerar que contaminaría sus tierras y fuentes de agua. Energy Transfer alega que Greenpeace orquestó una campaña de desprestigio, incitó a la violencia y causó daños económicos a la empresa. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y expertos legales argumentan que la demanda es una estrategia para silenciar a la ONG y disuadir a otros activistas de oponerse a proyectos que dañan el medio ambiente.
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Este tipo de demandas, conocidas como “SLAPP” (Strategic Lawsuit Against Public Participation), son una herramienta cada vez más utilizada por empresas para intimidar y acallar las voces críticas. Se basan en largos y costosos procesos judiciales que buscan agotar los recursos de las organizaciones y activistas, forzándolos a desistir de sus reclamos. En el caso de Greenpeace, una condena no solo implicaría una grave pérdida económica, sino que también sentaría un precedente peligroso para la defensa del medio ambiente en todo el continente.
“Este juicio es una prueba crucial del futuro de la Primera Enmienda, tanto la libertad de expresión como el derecho a la protesta pacífica bajo la administración de Trump y más allá”, dijo Sushma Raman, directora interina de Greenpeace, en declaraciones públicas el jueves, según reporta The New York Times.
En Latinoamérica, donde la lucha contra la explotación de recursos naturales y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas son cada vez más relevantes, este juicio generó gran preocupación. La región enfrenta crecientes presiones de empresas multinacionales que buscan explotar sus recursos sin considerar el impacto ambiental y social.
Greenpeace, al servicio del medio ambiente
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“Este caso es una amenaza directa a la libertad de expresión y el derecho a la protesta en Latinoamérica”, afirma María Fernanda Suárez, abogada ambientalista colombiana en diálogo con ElDiarioar. “Si Greenpeace es condenada, se enviará un mensaje claro a los defensores del medio ambiente: oponerse a los intereses de las grandes empresas tiene un costo muy alto”, amplía.
La criminalización de la protesta social es una tendencia preocupante en la región. Gobiernos y empresas utilizan cada vez más el aparato judicial para perseguir a líderes sociales, activistas y comunidades que se oponen a proyectos extractivos o que denuncian la violación de derechos humanos. El juicio contra Greenpeace se enmarca en este contexto y representa un nuevo nivel de sofisticación en la estrategia de silenciamiento.
“Las empresas están utilizando tácticas legales agresivas para proteger sus intereses económicos, sin importar el costo social y ambiental”, señala para el mismo medio Juan Carlos Cárdenas, director de una ONG ambientalista en Chile. “El caso de Greenpeace es un llamado de atención para que la sociedad civil se organice y defienda el derecho a la protesta y la libertad de expresión”, agrega.
En este contexto, es fundamental que las organizaciones ambientales de Latinoamérica fortalezcan sus redes de colaboración y desarrollen estrategias conjuntas para enfrentar la creciente criminalización de la protesta. La solidaridad internacional y la movilización social serán claves para garantizar la defensa del medio ambiente y la protección de los derechos de las comunidades.
