- Los incendios forestales son parte fundamental de la agenda ambiental de 2025. Piden derogar normas que alientan las quemas.
- Los ríos amazónicos siguen desprotegidos por la minería aurífera. Exigen más control para evitar contaminación de agua y daño a pueblos indígenas.
- Un reto primordial para Bolivia es disminuir la galopante deforestación y asegurar el resguardo de las áreas protegidas.
Bolivia ingresa a un año electoral con una crisis ambiental alarmante. Los incendios forestales devastaron en 2024 más de 10 millones de hectáreas de bosques. Sin embargo, son pocos los políticos que proponen soluciones a este y otros problemas ambientales que aquejan al país. En carrera hay al menos seis precandidatos de la oposición y el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) está inmerso en una dura división que provoca una batalla política entre los leales de Evo Morales y de Luis Arce, actual presidente boliviano.
Estas circunstancias políticas podrían distraer la atención de las emergencias climáticas y ambientales que sufre esta nación, aseguran los expertos.
Por otra parte, el modelo económico implementado desde 2006 en Bolivia, centrado en la captura de excedentes de sectores estratégicos como hidrocarburos y minería, enfrenta serios desafíos debido a la caída de los ingresos desde 2014. El déficit fiscal, la deuda pública que supera el 80 % del PIB y la devaluación de la moneda nacional han generado un ambiente económico que puede tener repercusiones en la lucha por los derechos de la naturaleza, asegura Óscar Campanini, director ejecutivo del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib). De acuerdo con el experto, los factores económicos y políticos tendrán más atención que la conservación.
Por ello, “el principal desafío es no dejar de lado la defensa del medio ambiente, ya que, por la crisis económica, el Gobierno y los actores económicos priorizarán el trabajo contra la crisis antes que la conservación ambiental”, dice Campanini.
Los principales desafíos que se teme queden relegados son enfrentar las sequías extremas y los incendios forestales, frenar la deforestación —que es 12 veces más alta que el promedio mundial, según la Fundación Tierra— y erradicar la minería ilegal.
La activista Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), ve urgente que se destinen presupuestos más altos para combatir los incendios y que se designen recursos para erradicar la minería ilegal que está entrando a las áreas protegidas.
Sin embargo, el Presupuesto General del Estado (PGE), que no fue debatido en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, asignó para 2025 apenas 1 506 169 bolivianos (216 403 dólares) al Ministerio de Medio Ambiente. Esa cifra difícilmente podrá alcanzar para encarar los desafíos ambientales del país, explica el economista Jaime Dunn, sobre todo considerando que un 50 % de ese presupuesto se destina al gasto corriente (salarios) de esa instancia, explica.
“Cada año que pasa no aprendemos lo importante que es nuestra Madre Tierra”, dice Alipaz. “Es más importante entregar dinero a la Policía Boliviana y a los militares, que asignar recursos para la conservación ambiental. No aprendimos este año de lo devastador que fueron los incendios para nuestros bosques, no aprendimos de lo devastador que es la minería aurífera para nuestros ríos, no aprendimos de lo devastador que es la ampliación de la frontera agrícola que provoca asentamientos, deforestación y sequías”, lamenta la activista.
Para Rodrigo Herrera, abogado especializado en Gestión Ambiental, “en el país el tema ambiental es algo muy secundario. Es puro discurso”. El experto es director de la Asociación Civil-Legal Justicia Ambiental, una entidad que reúne a abogados para defender a activistas y defensores ambientales. Asegura que “en el MAS, tanto Morales como Arce hablan de los derechos a la Pachamama aunque son ellos mismos quienes la están matando permitiendo incendios producto de la ampliación de la frontera agrícola”.
“Lo mismo pasa con la minería -agrega Herrera-. En discurso rechazan la contaminación de los ríos de la Amazonía, pero permiten que sus aliados, que son los cooperativistas, maten los ríos contaminando con mercurio, incluso entrando a áreas protegidas”.
Lo que es aún más preocupante, puntualiza Herrera, es que “en la oposición no escuché a ningún precandidato hablar de propuestas para el medio ambiente y para tomar medidas urgentes para controlar y prevenir los incendios, disminuir la deforestación, frenar la minería ilegal y asegurar la conservación de las áreas protegidas. Son cuatro temas que no deberían escapar del interés de la población ni de los candidatos a la Presidencia de Bolivia”, asegura el experto.
1. Acciones urgentes contra los incendios
Cada año la población boliviana presencia con indignación la devastación provocada por los incendios forestales. En 2010 fueron 2 millones de hectáreas arrasadas por el fuego; en 2019 el daño escaló a 5,3 millones; y en 2024 el desastre se duplicó. Según la Fundación Tierra, este año el desastre puede llegar a 13 millones de hectáreas. ¿Qué se debe hacer para evitar estas cifras?
“Se ha repetido hasta el cansancio: se debe derogar el conjunto de normas incendiarias que se construyó a beneficio y medida del sector agroempresarial y grupos afines al partido de gobierno, que promueve el desmonte y la quema en bosque y que han perforado la política ambiental y forestal del país”, dice Fátima Monasterio, abogada e investigadora de la Fundación Solón.
Por otra parte, “se debe fortalecer la capacidad estatal de control de las quemas ilegales y los esfuerzos no pueden concentrarse en el nivel central. Cualquier acción debe ser participativa e incluir a las entidades autónomas, y en especial, a las organizaciones de los territorios indígenas y a los productores locales”, destaca Monasterio.
A lo largo de los últimos 20 años, organizaciones de la sociedad civil, científicos, abogados y otros expertos vinculados a la conservación, aseguran que el Gobierno fue construyendo vías para los incendios, mediante una arquitectura jurídica que los incentiva, los permite y hasta los premia con un posterior cambio de uso de suelo. Así, son miles las hectáreas de bosque que se han convertido en tierra agrícola y que son víctimas del tráfico de tierras.
La arquitectura jurídica a la que hacen mención son las “normas incendiarias”, un conjunto de seis leyes, dos decretos supremos y dos resoluciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Estas normativas fueron expedidas con el propósito de ampliar la frontera agrícola de tres a 13 millones de hectáreas en 10 años (hasta 2025), mediante desmontes, quemas y cambios de uso del suelo autorizados. Siete de estas normas fueron aprobadas durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019).
“Es urgente derogar estas leyes, que están en nuestra competencia, porque los decretos los debe ver el Ejecutivo. En el Senado derogamos con un arduo debate tres leyes que son las principales que alientan al fuego, pero en la Cámara de Diputados están estancadas por la división que hay en esa instancia. Hacemos un llamado para que ese tratamiento se agilice y así podamos dar un paso para evitar los incendios en 2025”, afirma la senadora y activista Cecilia Requena, que pertenece a la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC).
Juan Pablo Chumacero, director de la Fundación Tierra, coincide en que la anulación de estas normas es clave para evitar más desgracias ambientales producto de los incendios forestales. El experto considera que es necesario un nuevo marco normativo y que se deben establecer zonas donde no se pueda quemar bosques ni deforestar.
“No podemos darnos el lujo de priorizar, todos los temas ambientales son urgentes desde su propia dimensión. El trabajo ambiental a futuro debe ser encarado de manera integral y todo es importante”, asegura. Además de eliminar las leyes incendiarias, Chumacero pide “no mirar el desarrollo a costa de los bosques, sino encarar el diálogo con campesinos e indígenas dueños de esas tierras. Para eso se requiere establecer zonas donde no se pueda desmontar, donde no se pueda quemar, o emplear técnicas de economías más sostenibles”, sostiene Chumacero.
El 9 de diciembre, el relator de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Javier Palummo, inició una visita a Bolivia para evaluar los efectos de los incendios forestales. Según la Cancillería boliviana, las conclusiones de esta visita permitirán tomar nuevas acciones para evitar las quemas.
2. Bajarse del podio de la deforestación
Durante 2023, la destrucción del bosque en Bolivia alcanzó niveles sin precedentes: 696 362 hectáreas deforestadas, según Global Forest Watch (GFW). El departamento de Santa Cruz se mantiene como el epicentro de la deforestación en Bolivia, mientras que la región de Beni, con su bosque amazónico, ha surgido como un nuevo frente agropecuario y de tala.
“Bolivia se opuso a la política de deforestación cero y esto refleja que acá no existe voluntad política. Al contrario: lo que se hace en el país es plantear una política de desarrollo a costa de los bosques”, lamenta Chumacero. Así, el país sudamericano sigue en el podio de las naciones más deforestadas del mundo, detrás de la República Democrática del Congo y Brasil.
“En 2025 tiene que haber propuestas integrales para generar una economía de bosques regionales y locales”, opina Vincent Vos, biólogo, investigador y miembro del Instituto de Investigaciones Forestales de la Amazonía de la Universidad Autónoma del Beni. De esa manera, explica, se puede garantizar el acceso a empleos al mismo tiempo que se cuidan los recursos, el medio ambiente, se evita la deforestación y se mejora la resiliencia ante el cambio climático. “Todas las políticas públicas deben ser planes integrales que planteen propuestas en beneficio de los bosques”, considera.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) publicó el informe titulado Causas, Actores y Dinámicas de la Deforestación en Bolivia 2010-2022. Este estudio ofrece una visión exhaustiva de las causas y los principales actores que contribuyen a la deforestación en Bolivia. Según el informe, entre 2010 y 2022, los sectores responsables de la deforestación en el país incluyen al sector ganadero, que contribuye al 57 % de la deforestación total; seguido de la agricultura mecanizada, que representa el 33 %; y la agricultura a pequeña escala, con un 10 %.
“El cambio de uso de suelo genera una gran pérdida de bosque. Actualmente, el crecimiento del sector agrícola pecuario induce gran parte de este cambio. Es necesario que dicho sector se adecúe para cumplir los requisitos ambientales de ley como cualquier actividad, obra o proyecto”, destaca el biólogo Juan Carlos Catari, miembro del Colegio de Biólogos de Santa Cruz.
3. Evitar más ríos envenenados por la minería ilegal
La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) presentó en 2023 una investigación, iniciada en 2022, que da cuenta de los niveles de mercurio en los habitantes de 36 comunidades pertenecientes a seis territorios indígenas en la cuenca del río Beni y sus afluentes: los ríos Tuichi, Quiquibey, Tequeje y Madre de Dios.
Además, el Laboratorio de Calidad Ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, descubrió datos alarmantes, mediante el análisis del cabello de 302 personas: el 75 % de los evaluados presentan niveles de mercurio por encima de los límites permitidos, mientras que el resto permanece expuesto de manera continua a esta peligrosa contaminación que proviene de la minería ilegal.
Lucio Game Moreno es el capitán grande de Eyiyoquibo, una comunidad del municipio de San Buenaventura, en el norte de La Paz, donde habitan indígenas amazónicos Ese Ejja. El líder indígena admite que consumen el pescado del río Beni sabiendo que está contaminado por la minería ilegal. “No hay otra cosa para comer”, dice.
“La pesca es una de nuestras costumbres. Nosotros bajamos a pescar y traemos pescado para vender y comer. Todo esto (la contaminación) es por la minería, están lavando oro y contaminando el río. En este lado no hay minería, pero allá arriba están los mineros que utilizan mercurio y contaminan los ríos. En estas aguas botan sus desechos, botan aceite, botan el mercurio”, reclama Game.
No sólo el río Beni está contaminado por la minería ilegal. También lo están el Madre de Dios, el Kaká, el Orthon, el Madera, el Tuichi, el Maniqui y muchos otros más que son parte de la cuenca del Amazonas, según la CPILAP. La misma central de los pueblos indígenas de La Paz dice que no sólo la etnia Ese Ejja sufre los impactos de la contaminación por mercurio, sino también tacanas, ayoreos, cavineños, lecos, tsimanes.
“Uno de los desafíos es reducir el uso de mercurio en las operaciones mineras auríferas”, dice Alfredo Zaconeta, investigador del Cedla. Destaca que también es importante eliminar el chaqueo para deforestar áreas destinadas a la minería y la invasión de áreas protegidas para la explotación minera. “La minería debe darse bajo reglas claras para que esta actividad no se interponga en el desarrollo de otras actividades productivas”, señala el investigador.
Además, según Campanini, “el Gobierno, para mitigar la crisis económica, se ha vuelto parte de la cadena de comercialización de oro. Compra oro para fortalecer las reservas sin ningún mecanismo de control de la normativa ambiental y estándares de derechos humanos”. Asegura que “el gran desafío para Bolivia es visibilizar este rol negativo que el Gobierno está cumpliendo por la desesperación de traer divisas”.
4. Consolidar la protección de las áreas protegidas
Bolivia tiene 22 áreas protegidas de carácter nacional, que en conjunto suman más de 17 millones de hectáreas. A estas se añaden otras 25 áreas departamentales, con 5 millones de hectáreas, y 84 áreas municipales, con 2,5 millones de hectáreas. En total, las 131 áreas protegidas representan el 27 % del territorio boliviano. En los últimos años, algunas de estas reservas fueron invadidas por los llamados “avasalladores”, que ingresan a estos predios protegidos con el fin de asentar una actividad económica. Además, hubo denuncias de presencia de mafias dedicadas al narcotráfico.
Para el científico Vos, la situación de las reservas naturales se debe al “bajo presupuesto, a la baja calidad de gestión desde el gobierno central, a la presencia cada vez más fuerte del narcotráfico y al insuficiente apoyo al personal de campo”. En 2023, Mongabay Latam ingresó a la Reserva Municipal de San Rafael y el Área Natural de Manejo Integrado Amboró, en la Chiquitanía y Amazonía boliviana, respectivamente, y comprobó el ingreso de avasalladores (en San Rafael) y cultivos de coca destinados al narcotráfico (en Amboró). En 2024, esta situación no mejoró, según detalló el alcalde de San Rafael, Jorge Vargas.
Monasterio, de la Fundación Solón, cree que es necesario un cambio drástico en el manejo de las reservas naturales del país, que dependen del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). La investigadora asegura que mientras grupos de mineros ilegales y de narcotráfico ingresan a los santuarios sin dificultad, existe muy poco personal humano (guardaparques) para vigilar los parques y reservas.
“Las áreas protegidas y los territorios indígenas son vitales para la preservación de los bosques, el ciclo del agua y el equilibrio de la naturaleza. Un desafío es fortalecer la gobernanza territorial, consolidar las autonomías y gobiernos indígenas, impulsar la soberanía alimentaria y la agroecología, garantizar procesos de consulta que tengan como finalidad el consentimiento previo libre informado y de buena fe en todas las políticas, estrategias, planes, actividades, obras y proyectos en territorios indígenas”, destaca Monasterio.
La senadora Requena también ve como una tarea urgente la gestión de áreas protegidas con el fin de lograr control en estos predios y evitar el ingreso ilegal de diferentes actores. La legisladora pide al gobierno boliviano y a los gobiernos subnacionales mejorar el cuidado de las áreas protegidas, ya sean nacionales, departamentales o municipales. “Es una tarea urgente que se debe adoptar de la manera más consensuada, con diálogos y con acuerdos”, afirma Requena.
Johnson Jiménez Cobo, director del Sernap, detalló a Mongabay Latam que uno de los retos en 2025 es fortalecer institucionalmente el Sernap. “El objetivo de Sernap es seguir trabajando en beneficio de las áreas protegidas, fundamentalmente en el fortalecimiento institucional en coordinación con las organizaciones sociales y nuestras instituciones aliadas”, dijo.
Imagen destacada: Los animales que habitan en el Área Natural de Manejo Integrado San Matías escapan del fuego y de la humareda hacía zonas seguras. Foto: Cortesía El Deber.
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