El impacto de las nuevas políticas migratorias anunciadas por el presidente Donald Trump en su primer día de gobierno se hace sentir con particular intensidad en Chicago. Es que en esta importante ciudad de Illinois crece el temor a posibles redadas masivas, lo que ha transformado la dinámica de vecindarios como Little Village.
La conocida “Ciudad de los Vientos”, que alberga una significativa población de inmigrantes indocumentados y mantiene su estatus de ciudad santuario, se encuentra en el centro de atención tras las declaraciones de Tom Homan, designado como nuevo responsable de la política fronteriza. En una entrevista con Fox News, el “zar de la frontera” anticipó que habrá operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a nivel nacional, y señaló específicamente a Chicago como objetivo prioritario.
Las ciudades santuario adoptan políticas que limitan la cooperación de las autoridades locales con las agencias federales en asuntos migratorios, lo que las convierte en focos de atención para las nuevas estrategias de control. En este contexto, Chicago se posiciona como uno de los sitios más apuntados por el ICE.
Por su parte, Tom Homan declaró que el ICE está listo para ejecutar su plan de acción. Según el “zar de la frontera” de Trump, las redadas se enfocarán en la captura de personas con antecedentes criminales, aunque cualquier inmigrante indocumentado encontrado durante los operativos podría ser detenido.
“Chicago es solo uno de los muchos lugares donde se realizarán estas acciones”, señaló Homan, quien destacó que los agentes cuentan ahora con mayor libertad para llevar a cabo estas operaciones.
La incertidumbre ante posibles redadas ya se hace sentir en los barrios de Chicago con alta población migrante. Vecindarios como Little Village, donde la comunidad hispana es predominante, experimentaron una notable disminución en la actividad comercial.
Jennifer Aguilar, directora de la cámara de comercio local, describió cómo el miedo vació las calles, lo que afectó tanto a los residentes como a los pequeños negocios. “El impacto de estas medidas puede ser devastador. Si la gente tiene miedo de salir, no solo afecta a las familias, sino a toda la economía local”, explicó a Bloomberg.
El impacto económico ya se hace evidente en zonas comerciales tradicionalmente activas. Aguilar también reportó una disminución del 50% en el tráfico peatonal en el corredor comercial de la calle 26, donde varios negocios optaron por cerrar sus puertas ante la incertidumbre.
De acuerdo con el análisis del Consejo Americano de Inmigración, deportar a los inmigrantes indocumentados, quienes ocupan aproximadamente el 40% de los trabajadores agrícolas, podría causar una perdida económica de al menos US$315 millones. Según Bloomberg, una de cada cinco empresas en EE.UU. es propiedad de inmigrantes, lo que resalta la importancia de esta comunidad para la economía nacional.
Líderes locales, como la representante de Illinois Delia Ramírez, invitaron a proteger los derechos de los trabajadores migrantes y garantizar que las políticas migratorias no socaven el tejido económico y social de las ciudades.
Organizaciones como The Resurrection Project y Casa DuPage han intensificado esfuerzos para educar a la comunidad sobre cómo actuar ante una redada. A través de talleres informativos, los migrantes son instruidos sobre sus derechos, los que incluyen el derecho a permanecer en silencio, exigir una identificación oficial de los agentes y no permitir el acceso a propiedades sin una orden judicial firmada por un juez.
Beatriz Ponce de León, vicealcaldesa de inmigración de Chicago, encabeza una campaña de educación pública que busca empoderar a la comunidad con información crucial sobre sus derechos constitucionales, según Chicago Tribune. Paralelamente, 150 voluntarios, que incluye a la representante estatal Delia Ramírez, distribuyen materiales informativos en vecindarios vulnerables.
Talleres como “Conozca sus derechos” y la distribución de guías informativas son algunas de las estrategias implementadas para enfrentar la posible ola de redadas.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, se sumó al debate al afirmar que, aunque apoya la deportación de criminales violentos con antecedentes, está en contra de medidas indiscriminadas que afecten a la población migrante en general. Asimismo, reiteró la importancia de distinguir entre quienes representan una amenaza para la seguridad pública y aquellos que contribuyen activamente a sus comunidades.
