Los Ángeles, 1 abr (EFE).- Un grupo de organizaciones proinmigrantes ha presentado una demanda contra el plan del Gobierno del presidente Donald Trump para exigir a los millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos que se inscriban en un registro y proporcionen sus huellas dactilares.
La querella legal presentada el lunes en un tribunal del Distrito de Columbia impugna una norma que exige que millones de inmigrantes se registren ante el gobierno federal y lleven consigo el comprobante de su registro en todo momento, según informó este martes la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
Los migrantes que no acaten esta exigencia pueden enfrentar un proceso penal con multas e incluso penas de cárcel, una escalada respecto a su condición migratoria actual, considerada un delito civil.
La medida busca en realidad presionar a millones de indocumentados que viven en Estados Unidos a irse del país por su propia cuenta. La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, y el mismo mandatario estadounidense han declarado explícitamente que la norma busca incentivar la autodeportación.
“Este proceso es una redada masiva y una extensión de la campaña alarmista de la Administración Trump dirigida a inmigrantes con profundas raíces en sus comunidades y que contribuyen a la fortaleza y vitalidad de nuestra nación”, advirtió en un comunicado Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), una de las organizaciones demandantes.
La querella alega que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) incumplió las normas de procedimiento dado que la orden afecta a millones de personas y debió estar sujeta a los requisitos de notificación y consulta pública.
Además, advierten que la directriz está “redactada de forma confusa y su implementación causará caos”, y citan la poca claridad sobre qué categorías de inmigrantes se contabilizarán oficialmente como “registrados”, y qué pasaría con inmigrantes amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) o la Acción Diferida (DACA).
“Esta norma es una invitación al abuso generalizado… Estados Unidos no es un país donde se impongan los papeles, y esta norma pone en peligro las libertades y los derechos de millones de personas que viven aquí”, dijo en un comunicado Michelle Lapointe, directora legal del Consejo Americano de Inmigración, que representa a los demandantes junto a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros abogados.
La Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW), CASA y Make the Road New York completa el grupo de cuatro organizaciones que lideran la demanda contra registro que tiene como base legal una ley en desuso aprobada durante la Segunda Guerra Mundial para que los migrantes indocumentados que llegaban a Estados Unidos se inscribieran.
(c) Agencia EFE
