Monday, March 31, 2025 | 2 a.m.
Editor’s note: Este artículo está traducido al español.
El mes pasado, en una modesta oficina de un centro comercial en el este de Las Vegas, 17 personas se reunieron para aprender de la historia: cómo las comunidades de inmigrantes habían resistido con éxito los intentos anteriores del presidente Donald Trump de desmantelar las protecciones temporales de inmigración durante su primer gobierno.
Ahora, con la administración de Trump atacando a los venezolanos retrocediendo las extensiones del estatus de protección temporal otorgadas justo antes de su regreso al cargo, lo que está en juego se siente dolorosamente personal. Sin embargo, entre los presentes, solo tres tenían el estatus de TPS.
Los demás en East Las Vegas actuaron como representantes, es decir, como representantes de los inmigrantes venezolanos demasiado paralizados por el miedo como para aventurarse a salir de sus casas para asistir a la reunión en persona.
“Se están escondiendo, están dejando sus trabajos y en realidad no saben qué hacer, y para donde ir,” dijo Walter Martínez, secretario de Arriba Las Vegas, una organización de defensa de los inmigrantes que organizó el evento, en español. “Si regresaban, deportados, ese miedo de que los metan presos y acusarlos de traición a la patria.”
Lunes, un decidido contingente de organizadores de Arriba Las Vegas, entre ellos Martínez, se posicionó frente al tribunal federal de San Francisco. Su manifestación buscaba poner de relieve una causa crítica que se desarrollaba justo más allá de esos paredes imponentes, donde abogados de la Alianza Nacional TPS y la ACLU presentaron argumentos de que la revocación por parte de la administración de Trump de la extensión del TPS de enero, violaba la ley.
Estados Unidos concede el TPS a personas de países en crisis temporal, ya sea por una guerra, un desastre natural o un régimen que reprime la disidencia.
El presidente Joe Biden, justo antes de dejar el cargo en enero, amplió el TPS para casi un millón de inmigrantes hasta el 2 de octubre de 2026. Sin eso, los venezolanos bajo la designación TPS de 2021 están protegidos hasta el 10 de septiembre, y la protección para aquellos con la designación de 2023 expira el 7 de abril.
Alrededor de 600,000 venezolanos en Estados Unidos se verían afectados, junto con cientos de miles de inmigrantes haitianos más bajo el TPS este verano.
Aunque ninguno de los cuatro trabajadores de Arriba son venezolano o haitiano, no pueden evitar sentir que serán los siguientes si Trump y la secretaria del departamento de seguridad nacional, Kristi Noem, se sale con la suya.
Francis García, de 48 años, llegó a los Estados Unidos de Honduras en 1996, escapando de la pobreza después de que sus padres murieron. Ahora es organizadora de Arriba y se enfrenta a una fecha de vencimiento del 5 de julio para su autorización de TPS.
Durante la primera administración de Trump, la gente pensaba que “la única solución es volver” o salir del país, ella dijo. “Pero creo que tenemos que luchar desde aquí.”
“Va a ser un largo camino, pero vamos paso a paso,” dijo García. “No podemos cansarnos de intentar huir. Solo vamos a asegurarnos de que hagamos lo que hagamos” mantenga unidas a las familias.
Martínez, de 45 años, otro beneficiario del TPS, huyó de El Salvador a comienzos de la década de 2000 debido a la violencia de las bandas, la pobreza y la devastación causada por un terremoto masivo. Dijo que los salvadoreños en Estados Unidos viven “el reloj en la mano.”
El TPS para inmigrantes de ese país finaliza el 9 de septiembre de 2026.
Una vez que expire esa protección, muchos de los que están acogidos al programa serán considerados indocumentados. Esto se ha vuelto cada vez más peligroso con Trump en poder, ya que cumple con una promesa de campaña de tomar medidas enérgicas contra la inmigración.
Algunos venezolanos, que según el gobierno son miembros de la pandilla Tren de Aragua, han sido enviados a CECOT, una mega cárcel en El Salvador plagada de abusos, según Human Rights Watch.
Varias familias de personas deportadas a la prisión negaron que sus parientes tuvieran afiliación a pandillas.
Los detenidos durante las primeras semanas de la administración de Trump eran en su mayoría inmigrantes indocumentados sin antecedentes, según el investigador de la universidad de Syracuse Austin Kocher, quien se basó en datos del servicio de inmigración y control de fronteras de Estados Unidos, el U.S. Immigration and Customs Enforcement.
García y Martínez, así como la organizadora de Arriba Las Vegas, Adalila Vargas, quien anteriormente estaba en el TPS, describieron una mezcla de emociones en la manifestación frente al tribunal de San Francisco.
Hubo gritos y cantos pero también la cruda realidad de lo mucho que está en juego. Los demandantes del caso compartieron historias de las dificultades a las que probablemente se enfrentarán si son devueltos a sus países de origen.
A diferencia del intento de Trump de poner fin al TPS durante su primera administración, Martínez dijo que el gobierno estaba adoptando un nuevo método, individualizado. Cree que es un intento de dividir a los beneficiarios del TPS por países.
La administración Trump “no tendrá éxito en lograrlo porque venimos por un mismo motivo, por una misma lucha — por tener una vida mejor,” dijo Martínez. “Que bonito que no importa de donde vengamos, qué lengua hablamos, venimos por la misma razón.”
Los ucranianos, nepalíes y personas de otros países sudamericanos con TPS también estaban fuera del juzgado, dijo García.
José Palma, coordinador de la alianza nacional TPS, también estaba entre la congregación allí. Aunque no estuvo en la sala el lunes, ha estado en estrecha coordinación con los que sí estuvieron.
Dijo que uno de los principales argumentos de los demandantes era que Noem no tiene autoridad legal para anular y cancelar las extensiones del TPS. La única razón para cancelar el TPS anticipadamente, según la ley estadounidense, es si el país “ya no cumple las condiciones para la designación.”
Pero eso no es lo que alegó el gobierno.
Según la demanda, al anular la extensión, Noem no estuvo de acuerdo con la forma en que Alejandro Mayorkas, secretario del DHS de la administración Biden, permitió que las personas que aplicaron bajo la designación de 2021 se volvieran a registrar bajo la decisión de 2023.
Al acelerar la finalización de la designación de 2023, Noem volvió a decir que las condiciones de Venezuela no han mejorado desde que se tomó la decisión original, sino que “es contrario al interés nacional” permitir que los venezolanos con TPS sigan residiendo en los Estados Unidos.
Trump fue el primero en proporcionar protección temporal a los venezolanos en 2021, sin embargo, escribió en un memorándum que “la deteriorada situación en Venezuela … justifica el retraso de la expulsión de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos.”
Otro argumento de la Alianza Nacional TPS gira en torno a los comentarios de Trump y Noem sobre los venezolanos y el programa TPS.
En un caso de 2018 que cuestionaba la finalización por parte del presidente de cuatro programas TPS diferentes, el “ánimo racial” de Trump que potencialmente influyó en la toma de decisiones del DHS jugó un papel importante para obtener una orden judicial preliminar, manteniendo a las personas en el país mientras el caso estaba en curso.
Casi una cuarta parte de la demanda de 46 páginas presentada en febrero está compuesta por declaraciones de Trump, Noem y quienes los rodean que la Alianza Nacional TPS cree que son racistas.
Notaron que Noem se refirió repetidamente a los venezolanos como “basureros” y dijo en NBC News que “la gente de Venezuela que ha venido a este país son miembros del (Tren de Aragua)” a pesar de que la gran mayoría no tiene antecedentes penales.
“Kamala Harris decidió vaciar los barrios marginales y las celdas de prisiones de (la capital de Venezuela) y muchos otros lugares,” señala la demanda que Trump dijo en Aurora, Colorado, a finales de la campaña presidencial del año pasado. “Y tenemos que vivir con estos animales, pero no vamos a vivir con ellos por mucho tiempo, ya lo verán.”
Durante la audiencia del lunes, el juez Edward Chen, que también presidió el caso TPS en 2018, “expresó cierto escepticismo” sobre que la decisión de Noem se basará en la seguridad nacional y “presionó a los abogados del gobierno sobre las acusaciones de prejuicios raciales,” según The New York Times.
El Times informó de que un abogado del departamento de justicia dijo que los comentarios de Noem estaban “fuera de contexto.”
Chen “está revisando el caso con mucho cuidado,” dijo Palma. “Estamos seguros de que tiene los conocimientos, y también estamos seguros de que ha hecho suficientes preguntas para todos los diferentes argumentos legales.”
Palma dijo que los abogados de su equipo solicitaron una decisión sobre una orden judicial preliminar para el martes.
“Pensaba que (Trump) iba a ser más inteligente en la forma de hacerlo, pero está cometiendo los mismos errores,” dijo García, quien añadió que estaba contenta de que Chen fuera asignado al caso. “Así que eso nos da la oportunidad de utilizar las mismas cosas que utilizamos la última vez.”
Cuando se le preguntó si la Alianza Nacional TPS continuaría presentando demandas con tantos plazos de TPS próximos, Palma dijo que su organización y sus aliados estaban “prestando mucha atención.”
“Todos los que están protegidos por TPS… deberían estar preocupados ahora mismo,” él dijo. “Hemos utilizado el sistema legal y la organización, y continuaremos según sea necesario … (mientras) vemos cuáles son las decisiones para esos otros países protegidos por TPS.”
Los representantes de Arriba Las Vegas expresaron una confianza similar en el sistema legal.
“El hecho de que nosotros ya hemos tenido esta experiencia en la corte,” dijo Martínez, “sabemos que nos da fuerza porque creemos en la democracia de este país.”
