Published December 20, 2024 at 4:30 PM EST
Traducido por Daniela Allee.
Más de 100 defensores, líderes de fe y otros residentes de New Hampshire firmaron una carta esta semana pidiéndole a la gobernadora-electa Kelly Ayotte que no coopere con las deportaciones masivas que planea la siguiente administración de Trump.
Una de las personas detrás del esfuerzo, la defensora Grace Kindeke del American Friends Service Coalition, dijo que el grupo también está pidiendo una reunión con Ayotte para discutir sus preocupaciones.
“Esperamos que la gobernadora-electa Ayotte esté dispuesta, de manera sincera y con buena voluntad, de sentarse con miembros de la comunidad inmigrante, defensores, líderes, para de verdad entender que se necesita para que New Hampshire sea más seguro”, dijo Kindeke en inglés.
Mientras el gobernador Chris Sununu recientemente firmó un compromiso indicando que apoya los planes de deportación del presidente-electo Donald Trump, Ayotte ha expresado un apoyo más limitado.
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Trump ha dicho que los esfuerzos de su administración primero serán enfocadas en personas con récords criminales, pero ha indicado que deportaciones masivas podrían ir más allá de criminales – sin especificar quién sería afectado. Lo que la ley llama “presencia ilegal”— estar en el país sin papeles — es una violacion civil, en vez de criminal, según la política de patrullaje justo de la policía estatal.
Ayotte dijo en una entrevista reciente con WMUR que apoya las deportaciones de inmigrantes indocumentados con un récord criminal. Agregó que residentes indocumentados que no han cometido un crimen no son una amenaza inmediata, pero enfatizó que los inmigrantes deben cumplir con la ley. No quedó claro cómo maneja los esfuerzos a nivel federal para deportar a inmigrantes que no han cometido un crimen.
“Hemos tenido fronteras abiertas, y sabemos que hay personas que llegan por las fronteras que presentan una amenaza al país”, dijo Ayotte en inglés durante su entrevista con WMUR. “Para mi, esto es un tema de seguridad nacional y también de seguridad pública para el país, pero especialmente en New Hampshire”.
En New Hampshire, la política de aplicación de leyes migratorias se decide a nivel local como diferentes municipios tienen diferentes políticas. La policía estatal y algunos departamentos tienen lineamientos que previenen que oficiales detengan a alguien por una sospecha sobre su estatus migratorio. Otros no tienen una política formal y deciden caso por caso.
Kindeke y otros que firmaron la carta se oponen al uso de la policía local para aplicaciones de la ley federal de inmigración. Ellos dicen que la primera prioridad debe ser proteger a los residentes de New Hampshire, sin importar su estatus de ciudadanía.
Argumentan que involucrar a los oficiales de New Hampshire en temas de inmigracion deteriora el progreso que ha hecho el estado para construir confianza entre comunidades inmigrantes y la policía. También dicen que deportaciones masivas tendrán un impacto en comunidades locales que van más allá de las personas indocumentadas.
“Nuestro estado tiene poca necesidad de iniciativas federales, mucho menos que se involucren los policías estatales y locales en esos esfuerzos”, según la carta. “Si las deportaciones masivas ocurren en New Hampshire, es muy probable que personas en el estado legalmente y ciudadanos americanos y miembros de la comunidad sean detenidos indebidamente y hasta deportados”.
Las deportaciones en New Hampshire alcanzaron su pico en el 2019, según datos de Syracuse University. Entre 2006 y 2023, 98 personas fueron deportadas de New Hampshire — más de la mitad en 2019. De esos, 60 fueron declarados culpables por un crimen y 38 de ningún crimen.
