Es hora de que el Estado actúe con la urgencia que esta crisis exige. No podemos permitir que el silencio sea la única respuesta ante la violencia. Esta no es una batalla ideológica: es una resistencia para preservar nuestro futuro como humanidad.
Hace unos días, un informe publicado por la ONG Escazú Ahora ha vuelto a evidenciar una realidad alarmante: en Chile, la violencia contra quienes defienden el medioambiente se ha triplicado en el último año. La mayoría de estos ataques quedan impunes, y las principales víctimas son mujeres.
Las defensoras y los defensores ambientales no solo protegen los ecosistemas, también resguardan el derecho de las comunidades a vivir en un entorno sano. Su labor es, por sobre todo, un acto de servicio público que previene desastres con impactos ecológicos, promueve la salud pública y fortalece el tejido social. Cada territorio que logran preservar es una inversión en la calidad de vida de las futuras generaciones.
Sin embargo, quienes dedican su tiempo, energía y pasión a esta causa lo hacen en un contexto de creciente hostilidad y desprotección. El informe de Escazú Ahora revela que casi la mitad de las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en 2024 fueron de carácter físico.
Este incremento alarma al realizar la comparación con 2023, año en que las amenazas encabezaron los registros. La escalada de violencia que queda en manifiesto con nuestros registros es un riesgo que el Estado no puede seguir ignorando.
Resulta inconcebible que en una democracia la defensa del medioambiente se convierta en una actividad de alto riesgo. Quienes se movilizan para evitar la contaminación del agua, la deforestación y el saqueo de los recursos naturales no son obstáculos para el desarrollo, sino garantes de un crecimiento sostenible. Su labor no es un capricho ni una traba, sino una condición indispensable para un futuro donde el bienestar colectivo no sea sacrificado en favor de intereses económicos cortoplacistas.
El Congreso tiene hoy la oportunidad de cambiar esta realidad. La Comisión de Medio Ambiente está discutiendo un proyecto de ley que busca establecer un marco de protección para los defensores ambientales. Es tarea de quienes integran nuestro Parlamento que tomen medidas para revertir esta deuda con quienes arriesgan su vida por el bien común.
Chile ha ratificado el Acuerdo de Escazú, comprometiéndose a garantizar la seguridad de quienes protegen el medioambiente. Pero los compromisos internacionales son letra muerta si no se traducen en acciones concretas. No podemos seguir permitiendo que quienes defienden el agua, los bosques y los territorios sean perseguidos, amenazados o asesinados sin que haya consecuencias.
La protección de los defensores ambientales es la protección de nuestra propia democracia. No hay justicia climática sin justicia para quienes la defienden.
Es hora de que el Estado actúe con la urgencia que esta crisis exige. No podemos permitir que el silencio sea la única respuesta ante la violencia. Esta no es una batalla ideológica: es una resistencia para preservar nuestro futuro como humanidad.
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