El informe más reciente de Global Witness revela que 196 defensores de la tierra y el medioambiente fueron asesinados en todo el mundo el año pasado. Desde que la organización comenzó a documentar estos crímenes en 2012, la cifra total asciende a más de 2.000 personas asesinadas.
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Para Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente, el panorama es preocupante. “Es un panorama sombrío, tanto por el asesinato de los líderes ambientales como por la falta de control del territorio que tiene el Estado colombiano en áreas muy ricas en biodiversidad. Muchas de estas áreas coinciden justamente con los lugares donde se producen los asesinatos de los líderes. Entonces, sin duda, llegamos a la COP16 con una marca muy negativa”, señala Becerra.
América Latina: epicentro de la violencia contra activistas ambientales
América Latina ha sido el escenario más violento, concentrando el 85% de los asesinatos en 2023. Entre los países más afectados, Colombia ocupa un lugar trágico: con 79 asesinatos registrados, es el país más peligroso para los defensores del medioambiente, superando a Brasil, México y Honduras. Estos datos revelan una tendencia que se ha mantenido durante más de una década.
Asesinatos a líderes ambientales en los países de América Latina durante el año 2023 y para el periodo 2012 – 2023, respectivamente.
Foto:Elaboración de El Tiempo con datos del último reporte de Global Witness.
En diálogo con EL TIEMPO, Francisco Daza, coordinador de Paz y Posconflicto de la Fundación PARES, señala que desde 2021 en Colombia se ha observado un aumento en la violencia homicida contra estos liderazgos: “Para 2023, documentamos 81 casos, siendo los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, Chocó y Putumayo los más afectados”. Este incremento, según Daza, responde a la presencia de grupos armados organizados como el ELN y la Segunda Marquetalia, así como a la falta de mecanismos eficaces de protección por parte del Estado.
Daza también enfatiza en la necesidad de robustecer el sistema de defensa de la vida en el país: “El aumento de los asesinatos no solo refleja la acción de actores armados, sino también la estigmatización constante que sufren los defensores por oponerse a proyectos extractivos”. La entidad se prepara para presentar su informe sobre violencia contra líderes y lideresas medioambientales en el país en el escenario de la COP 16.
Comunidades indígenas y afrodescendientes: las principales víctimas
Los activistas asesinados en Colombia provienen principalmente de comunidades indígenas y afrodescendientes. En los pocos casos en los que se ha logrado vincular directamente los asesinatos con actividades económicas, cinco estuvieron relacionados con la minería, tres con la pesca, uno con la explotación forestal y otro con la energía hidroeléctrica. Sin embargo, la impunidad sigue siendo la norma, y muchos de estos crímenes quedan sin resolver.
Colombia ha ocupado, en cinco ocasiones desde 2012, el deshonroso primer puesto como país más letal para ser líder ambiental.
Foto:EL TIEMPO
Carlos de la Torre, Representante Adjunto de ONU-Derechos Humanos, destacó en el contexto de la Precop-16, celebrada el pasado 26 de septiembre de 2024, que en 2023 la ONU-DH documentó 31 asesinatos de defensores del medio ambiente en Colombia, y que en lo que va de 2024 se han verificado 16 homicidios adicionales, con casos aún pendientes de verificación. De estos, cinco fueron mujeres, y la mayoría provenían de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, quienes enfrentan una constante amenaza por resistir proyectos extractivos y actores armados.
De la Torre reconoció la gravedad de la situación en departamentos como Cauca, donde se concentran gran parte de los homicidios, y llamó a generar acciones concretas de prevención, protección y justicia en favor de quienes defienden el derecho a un medio ambiente sano. “Estos defensores enfrentan amenazas constantes al resistir proyectos extractivos, degradación de ecosistemas únicos en Colombia, e intereses económicos legales e ilegales”, indicó.
La COP16 en Cali como una oportunidad clave para Colombia
Entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024, la ciudad de Cali será la sede de la 16ª Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que es un marco legal internacional que busca proteger la diversidad biológica y garantizar el respeto por los derechos de quienes defienden el medioambiente.
Susana Muhamad, ministra de Ambiente.
Foto:Mauricio Moreno. El Tiempo
El gobierno colombiano ha prometido que la COP16 será un espacio donde las voces de los activistas ambientales, los pueblos indígenas y las comunidades locales tendrán un papel central. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha afirmado que la conferencia girará en torno a la idea de “Paz con la naturaleza”.
La perspectiva desde los territorios
La participación de las comunidades afrodescendientes e indígenas en la COP16 es crucial para garantizar que sus voces sean escuchadas. Un líder social de Buenaventura, que ha trabajado durante años en la defensa del territorio, expresó sus preocupaciones acerca del evento. “Me preocupa la instrumentalización de la gente. Quieren llevar a todo el mundo a la COP, pero las comunidades ni siquiera sabemos muy bien cómo funciona eso”, comentó.
Me preocupa la instrumentalización de la gente. Quieren llevar a todo el mundo a la COP, pero las comunidades ni siquiera sabemos muy bien cómo funciona eso
Además, describió cómo las tensiones entre la conservación y las necesidades económicas en los territorios pueden llegar a ser insoportables para las familias. “Es triste porque nos tocaba ver cómo la gente que había sido desplazada de su territorio no podía comer”, expresó.
Ante este panorama, la investigadora Lizeth Sinisterra, docente de la universidad Icesi y gerente del programa Pacifico Task Force, sostiene: “Tenemos muchas expectativas. Queremos que finalmente sea una COP para la gente y que quienes deben estar en la zona azul, que es donde se van a tomar las decisiones, sean ellos”.
Colombia frente a la comunidad global
A pesar del sombrío panorama, la COP16 brinda a Colombia una oportunidad única para liderar un cambio real. El país tendrá la presidencia del CDB durante dos años, lo que le permitirá influir en la política ambiental global hasta la próxima conferencia en 2026. Esta responsabilidad no puede ser subestimada, especialmente en un contexto donde la vida de los activistas está constantemente bajo amenaza. Para el exministro Manuel Rodríguez Becerra, una posible ruta puede ser considerar lo alcanzado con el Acuerdo de Escazú.
“Firmamos un tratado muy importante, el Acuerdo de Escazú, que sin duda genera una responsabilidad para proteger a los líderes ambientales. Ahora debemos ver si el Estado colombiano tendrá la capacidad y la voluntad política para hacerlo”, le dijo el exministro a EL TIEMPO.
Colombia ha hecho grandes promesas en torno a la COP16, pero las cifras que revela el informe de Global Witness genera cuestionamientos sobre si el país podrá cumplirlas. La violencia contra defensores ambientales no solo es un problema local, sino que afecta directamente la capacidad del mundo para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
DEYNER CAICEDO CAMACHO
Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO
Redacción Justicia
Justicia@eltiempo.com
