La Paz, 13 de enero de 2025 (UCOM/DPB).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ratificó la necesidad urgente de proteger los derechos humanos de los defensores en asuntos medioambientales y llamó nuevamente a la acción conjunta para este propósito, ya que el año 2024 se registraron 114 vulneraciones a defensoras y defensores ambientales.
“Definidamente es importante que todas y todos podamos asumir un rol conjunto y acompañar en esta difícil labor que es proteger a los defensores en asuntos ambientales y la Madre Tierra, y a un medio ambiente sano, al cual nosotros como habitantes tenemos derecho. Es una labor que todas y todos debemos caminar en forma conjunta”, dijo Callisaya.
La declaración del Defensor del Pueblo surge en el marco de su programa on line “El Defensor con el Pueblo” que se transmite por Facebook y YouTube de la Defensoría del Pueblo. El programa contó con la participación de Viviana Morales Naranjo, docente de Derecho Constitucional y Derecho Ambiental (Ecuador); Marcos Uzquiano, Defensor Ambiental, guardaparques; Jenny Gruenberg, representante de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) y del Observatorio del Acuerdo de Escazú – BOLIVIA.
En ese contexto, el Defensor del Pueblo, con base a los datos del Observatorio, informó que en Bolivia el primer semestre del año 2024 se registraron 242 casos de vulneraciones a derechos ambientales y 114 vulneraciones a defensoras y defensores ambientales. Mientras que el año 2023, se registraron 582 casos de vulneraciones a derechos ambientales y 253 vulneraciones a defensoras y defensores ambientales.
“A partir de los datos del observatorio, es evidente la extrema recurrencia y evolución cuantitativa de vulneración de derechos humanos en materia ambiental (…), esto nos interesa porque está vinculado al cuidado de la casa común como es: el medio ambiente, la naturaleza, la biodiversidad y ese es el legado que estamos dejando a las futuras generaciones”, apuntó Callisaya.
Concordante con esta afirmación Gruenberg, de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), señaló que existen datos alarmantes sobre vulneraciones de derechos a defensores en asuntos medioambientales, como “la destitución injustificada como es este caso (Uzquiano)”, y otros delitos como la estigmatización, la falta de debida diligencia, la falta de garantiza constitucionales.
Por su parte, Morales, experta ecuatoriana en derecho ambiental, afirmó que la defensa del medio ambiente está ligado a varios derechos humanos, porque permite a los ciudadanos a ejercer el derecho a vivir en ambiente sano.
“El derecho al medio ambiente sano está reconocido en los países de Latinoamérica como en mi país y Bolivia. También están reconocidos los estamentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su decisión es vinculatoria; por eso, con este derecho (al medio ambiente sano) se garantiza otros derechos como la alimentación, trabajo, salud, entre otros”, afirmó.
Finalmente, Uzquiano destacó la labor comprometida de los guardaparques en el cuidado del medioambiente y su rol fundamental en la alerta de siniestros como los incendios forestales, pese a las inadecuadas condiciones de trabajo; asimismo, llamó al Estado a cumplir los convenios internacionales como el Acuerdo de ESCAZÚ, el cual traza un lineamiento básico para generar espacios de protección que garanticen la labor de las y los defensores en asuntos medioambientales.
