Hay un pronunciamiento conjunto de las autoridades médicas de la Universidad de Guayaquil, Ecotec, UEES y Católica
“Consideramos que no es oportuno suspender el año de salud rural, sin embargo tampoco debe ser obligatorio“. Ese es el primero de cinco acuerdos a los que llegaron los decanos de las facultades de Ciencias Médicas de cuatro universidades locales, ante el contexto de inseguridad y violencia que vive el país y que también tiene entre sus víctimas al personal médico que está cumpliendo este servicio.
“Instamos a los organismos pertinentes a ofrecer seguridad al profesional de la salud por parte del Gobierno e iniciar un programa de apoyo comunitario; infraestructura y categorización de riesgo”, agregaron como segundo punto, tras una reunión efectuada este jueves 6 de junio en la Universidad Ecotec.
Según los directivos, sumados los médicos, enfermeros, odontólogos y obstetras, “en este momento hay 11.016 profesionales cumpliendo el año de salud rural en 1.978 centros” del país. También recordaron que este servicio a la comunidad es una disposición del Ministerio de Salud Pública y no un requisito impuesto por las universidades. “Ellos ya son profesionales, no son estudiantes”, remarcaron.
En la cita participaron el decano de la institución anfitriona, Carlos Luis Salvador; de la Universidad de Guayaquil, María Antonieta Touriz; de la Universidad Espíritu Santo (UEES), Juan Carlos Zevallos; y de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), José Luis Jouvín.
Los directivos también consideran oportuno el momento para debatir y decidir una reestructuración del sistema de medicina rural en el país, que data de la década del 70. A su criterio, esa tarea debe incluir la cobertura de plazas rurales a través de la contratación de médicos generales y ofrecer un bono geográfico para plazas localizadas en sectores remotos del país.
Es decir, los decanos plantean que sean los médicos generales que están en la desocupación quienes sean contratados para cubrir las plazas en el sector rural (a través de la partida de Déficit de Salud Rural); en lugar de que sea algo obligatorio para los profesionales recién graduados de las universidades.
Como cuarto punto plantean una ampliación del acceso a la salud con medidas como la incorporación de programas de telemedicina, telesalud y telementoría, implementar programas de este tipo para consultas médicas diagnósticos y seguimiento de pacientes en áreas remotas, lo cual ibcluye mejorar la conectividad de esas zonas.
Finalmente, la capacitación continua del personal médico desde la Academia, promover la investigación aplicada en salud rural, con el fin de recoger información sanitaria y desarrollar intervenciones basadas en evidencia y que respondan a las necesidades específicas de esas comunidades.
“Nosotros estamos haciendo un pronunciamiento desde la Academia, pero instamos a conformar mesas de trabajo con otros actores, porque todo esto tiene un marco legal y también porque no se puede dejar desprovistas de atención a las personas que la necesitan en las áreas rurales”, insistió Salvador.
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