La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno ‘popular’ de Baleares está trabajando en la redacción de un nuevo convenio para regular la impartición de la asignatura de religión islámica de cara al próximo curso escolar. Según explicó el consejero del ramo, Antoni Vera, la vigencia del convenio que Baleares había firmado con los representantes de Comisión Islámica para impartir esta asignatura en los centros públicos, en base a la normativa estatal, ha caducado, por lo que su departamento trabaja en un borrador para regularlo de cara al próximo curso escolar.
Asimismo, subrayó que la normativa estatal marca una serie de requisitos para que las familias puedan solicitar que sus hijos estudien religión islámica. En los centros públicos, expuso, deben ser al menos una decena de alumnos los que lo pidan, mientras que en los concertados y privados puede impartirse siempre y cuando esta asignatura se adecue a su ideario. «Nosotros cumpliremos, en el nuevo convenio, lo que establece el convenio anterior y, sobre todo, la normativa básica estatal y el artículo 27 de la Constitución», ha zanjado Vera.
Por su parte, la portavoz parlamentaria de Vox Baleares, Manuela Cañadas, denunció la decisión del Gobierno de Baleares de renovar el convenio con la Comisión Islámica de España para la impartición de la asignatura de religión islámica en los colegios públicos. Cañadas señaló que esta medida no responde a una demanda social real, sino a una estrategia ideológica para debilitar la identidad cultural de España y fomentar comunidades paralelas dentro de nuestro propio territorio.
«La enseñanza del islam en las aulas no es una cuestión educativa, sino una imposición política que solo sirve para erosionar nuestras raíces culturales», afirmó la portavoz parlamentaria de la formación de Abascal en Baleares. En este sentido, recordó también que el Gobierno del Partido Popular se niega a recoger los derechos lingüísticos de miles de familias, pero en cambio cede ante las presiones de familias islámicas.
Por otro lado, Cañadas alertó del grave riesgo que supone esta decisión porque «no existen garantías de que quienes impartan esta materia no transmitan doctrinas contrarias a la igualdad, la libertad y la seguridad de los menores», advirtió. Asimismo, denunció que la implantación de la religión islámica en la educación pública «contribuirá al efecto llamada de la inmigración masiva y dificultará la integración de los inmigrantes en la cultura española».
