El Tribunal Supremo de Montana en Estados Unidos confirmó una decisión del Tribunal del Primer Distrito Judicial que declaró inconstitucional una disposición de la Ley de Política Ambiental de Montana (MEPA por sus siglas en inglés). El fallo determinó que la disposición, que eximía la consideración de emisiones de gases de efecto invernadero en las evaluaciones y declaraciones de impacto ambiental, violaba el derecho a un ambiente limpio y saludable consagrado en la constitución estatal.
En su resolución, el Tribunal Supremo rechazó los argumentos del Estado que cuestionaban la legitimación activa de los demandantes. El presidente del tribunal señaló que los demandantes habían acreditado en juicio que el cambio climático estaba generando impactos graves e irreversibles en el medio ambiente del Estado, comprometiendo el derecho constitucional garantizado.
Así, ratificó la decisión de primera instancia de suspender permanentemente la disposición controvertida, permitiendo que las agencias y funcionarios estatales incluyan el análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero y sus efectos sobre el cambio climático en sus evaluaciones ambientales.
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El caso tiene su origen en 2020, cuando un grupo de 16 demandantes, con edades comprendidas entre dos y 18 años en ese momento, presentó una acción contra el estado, el gobernador y diversas agencias estatales. Los demandantes alegaron que las políticas del estado, al autorizar proyectos de combustibles fósiles sin considerar los impactos ambientales, contribuían al cambio climático y exacerbaban los perjuicios que experimentaban.
En agosto de 2023, el Tribunal del Primer Distrito Judicial dictaminó que el derecho constitucional a un ambiente limpio y saludable incluía el clima como componente esencial del sistema de soporte vital ambiental. Asimismo, declaró inconstitucionales dos disposiciones legales, incluyendo la limitación de la MEPA, que impedía evaluar impactos ambientales fuera de las fronteras estatales.
El Estado apeló esta decisión argumentando que los demandantes carecían de legitimación activa y que la declaración de inconstitucionalidad de la disposición excedía las competencias judiciales. Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó estos argumentos y confirmó la decisión de la instancia inferior.
El caso es considerado el primer precedente a nivel nacional en cuestionar las políticas climáticas estatales mediante un juicio completo. La constitución de Montana, desde 1999, reconoce el derecho fundamental a un ambiente limpio y saludable. Otros estados con disposiciones constitucionales similares son Pensilvania, Hawái y Nueva York.
Vea texto del fallo.