Desde su regreso a la Casa Blanca, el gobierno de Donald Trump implementó distintas medidas clave que dificultan el acceso a la ciudadanía estadounidense, con el objetivo de disminuir la inmigración tanto legal como ilegal en Estados Unidos. Estas políticas del presidente republicano afectan directamente el proceso que va desde la residencia temporal hasta la naturalización.
Desde su intento por restringir la ciudadanía por nacimiento, que se encuentra actualmente en discusión judicial que probablemente termine en la Corte Suprema, hasta la cancelación del parole humanitario, las medidas del presidente Trump, detalladas en un informe del Congreso, intentan dificultar el acceso común a la naturalización en Estados Unidos.
Trump restableció varias políticas migratorias de su primera administración y agregó nuevas restricciones. El proceso de naturalización ahora incluye verificaciones más estrictas sobre antecedentes penales, historial fiscal y tiempo de residencia en EE.UU. Además, se impusieron límites en la concesión de beneficios a quienes hayan recibido asistencia pública.
Dentro de un grupo amplio de políticas migratorias, pueden destacarse:
A esto se le suma un fuerte plan de redadas y deportaciones, con números récord en sus primeros meses de gobierno, comandados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
El 20 de enero, Trump firmó un decreto que excluye a los hijos de inmigrantes ilegales y residentes no permanentes del derecho a la ciudadanía por nacimiento, una garantía avalada por la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU. De esta manera, el gobierno no emitirá certificados de nacimiento, pasaportes o números de Seguro Social a estos niños.
Sin embargo, esta orden fue bloqueada por varios jueces federales. Recientemente, una corte de apelaciones falló en contra del presidente republicano, al rechazar la solicitud de su administración de suspender una orden judicial que impide la implementación de su decreto. Ahora, queda esperar la definición de la Corte Suprema, con una composición primordialmente conservadora. En caso de fallar a favor de Trump, esta medida cambiaría rotundamente la política migratoria estadounidense.
Otra orden ejecutiva del presidente, también del día de su asunción, congeló por 90 días la entrada de refugiados y ordenó reevaluar cada caso bajo criterios de “seguridad nacional”. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur, por sus siglas en inglés), 35.000 refugiados aprobados durante el gobierno de Joe Biden quedaron en un limbo, incluidos afganos que colaboraron con EE.UU.
Los refugiados, que son víctimas de guerra o persecución, deben esperar años en campos, sin garantía de aprobación. La afectación de este programa a la posibilidad de acceder a la ciudadanía, recientemente convalidada por una corte de apelaciones, según Associated Press, está en los primeros pasos del proceso. Normalmente, el proceso tradicional para que refugiados obtengan ciudadanía es el siguiente:
La orden de Trump ataca el primer paso del proceso. Sin estatus de refugiado, no hay vía a la residencia permanente. Y por ende a la ciudadanía. De esta manera, el gobierno puede rechazar grupos enteros por nacionalidad o religión, como hizo en 2017 con musulmanes.
El programa de parole era una vía crítica que permitía a migrantes de países en crisis iniciar el proceso hacia la ciudadanía. Su cancelación cierra tres rutas legales clave:
Antes, los beneficiarios de parole podían ingresar legalmente a EE.UU. con permiso temporal, solicitar asilo o residencia permanente si cumplían requisitos y naturalizarse tras cinco años como residentes.
El asilo no solo ofrece protección inmediata, sino que es una de las vías más probables eventualmente obtener la ciudadanía estadounidense. Cualquier persona en EE.UU., sin importar cómo ingresó, podía solicitar asilo dentro de un año.
La proclamación de Trump prohíbe solicitar asilo a quienes crucen la frontera ilegalmente y elimina el sistema de citas CBP One, la única vía legal restante.
