Cristianos protestantes desplazados de Coamila y Rancho Nuevo. Crédito: CSW
En el estado de Hidalgo, México, más de 150 cristianos protestantes que fueron forzados a abandonar sus hogares en abril han regresado tras un acuerdo negociado entre las autoridades estatales y municipales, según Christian Solidarity Worldwide (CSW).
Las comunidades de Rancho Nuevo y Coamila, en el municipio de Huejutla de Reyes, acordaron respetar la libertad de religión como parte del pacto. Este compromiso busca reparar una década de tensiones religiosas que culminaron en un desplazamiento forzoso y violaciones continuas a la libertad de religión o creencias (FoRB, por sus siglas en inglés).
El conflicto alcanzó su punto álgido el 26 de abril, cuando líderes comunitarios, en su mayoría católicos, cortaron el suministro eléctrico de los hogares de las familias protestantes, vandalizaron su iglesia y bloquearon el acceso a algunas casas. Las 30 familias desplazadas, que incluyen a más de 70 niños y bebés, fueron alojadas temporalmente en un edificio municipal y luego en un complejo deportivo. Las condiciones en este último empeoraron rápidamente, obligando a la comunidad a depender de iglesias locales para alimentos y utilizar agua de río para bañarse y beber, lo que generó problemas de salud, especialmente entre los niños y ancianos.
Según fuentes citadas por CSW, un nuevo gobierno municipal que asumió el cargo en septiembre priorizó el caso, trabajando junto al Secretario de Estado de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, y la Directora de Asuntos Religiosos, Margarita Cabrera Román, para encontrar una solución que respetara los derechos de todos, en conformidad con la ley mexicana. Como parte del acuerdo, se reconectaron los servicios de agua y electricidad a las viviendas de las familias desplazadas, quienes también se comprometieron a contribuir financieramente a los fondos comunitarios, pagos que les habían sido bloqueados desde 2015.
El acuerdo también establece que los desplazados tienen derecho a revisar el estado de sus hogares y tierras, en comparación con cómo estaban en abril, y pueden acceder a programas de asistencia del estado si es necesario. Además, el gobierno acordó cerrar una investigación penal contra los responsables del desplazamiento.
Respaldo de líderes religiosos y defensores de derechos humanos
El Director Nacional de Impulso18, Pablo Vargas, expresó: “Nos gratificó conocer la noticia del acuerdo alcanzado la semana pasada, que permitió el regreso de más de 30 familias de minorías religiosas a Coamila y Rancho Nuevo. Reconocemos los esfuerzos de los gobiernos estatal y municipal para lograr una solución que respete la libertad de religión o creencias para todos. Continuaremos monitoreando la implementación del acuerdo en las semanas y meses venideros para asegurar que las autoridades locales cumplan con los términos acordados”.
Por su parte, Anna Lee Stangl, Jefa de Incidencia de CSW, declaró: “El acuerdo facilitado por los gobiernos de Hidalgo y Huejutla, y aceptado por las autoridades de Coamila y Rancho Nuevo junto con la comunidad religiosa desplazada, es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando hay voluntad política y un compromiso con la protección de la libertad de religión o creencias y el cumplimiento de la ley mexicana. El proceso de retorno e integración llevará tiempo, y estaremos atentos para asegurar que las autoridades locales cumplan su promesa de respetar la libertad de religión o creencias. Nos anima la priorización que el gobierno ha dado a este caso, y esperamos que represente el comienzo de una nueva etapa, no solo para Huejutla de Reyes, sino para México en general”.
Antecedentes y contexto histórico
Las comunidades de Rancho Nuevo y Coamila, que hablan náhuatl, están gobernadas bajo el sistema de Usos y Costumbres. Aunque la Constitución mexicana garantiza la libertad de religión y otros derechos humanos a todos los ciudadanos, en la práctica las violaciones a estos derechos son comunes en comunidades indígenas donde prevalecen las estructuras tradicionales de gobierno. Desde 2015, los miembros de minorías religiosas en estas aldeas han sido presionados para participar en festivales católicos, donaciones financieras y otros actos de culto.
A pesar de la documentación detallada de las violaciones de derechos, los gobiernos municipales anteriores negaron que los incidentes estuvieran vinculados a la libertad religiosa. La situación mejoró cuando mujeres de Rancho Nuevo participaron en una investigación de CSW para el informe Let Her Be Heard sobre cómo las mujeres indígenas en México enfrentan violaciones a sus derechos religiosos, publicado en 2022.
Este caso subraya una tendencia preocupante en México, donde la protección efectiva de los derechos de las minorías religiosas sigue siendo un desafío, especialmente en las comunidades indígenas. Según CSW, Hidalgo es uno de los estados con mayor número de casos documentados de intolerancia religiosa, un problema que el gobierno estatal anteriormente negó públicamente.
Información proporcionada por Christian Solidarity Worldwide (CSW).
