En Alemania no se recuerda un debate tan encendido y omnipresente sobre migración y derecho al asilo desde la llamada “crisis de los refugiados” de 2015. Entonces, más de un millón de personas, la mayoría procedente de países destrozados por la guerra como Siria, Irak o Afganistán, llegaron a suelo alemán en busca refugio. Ha pasado casi una década desde entonces y muchas cosas han cambiado en el país. Una de las principales es que la conservadora Angela Merkel ya no está al frente, sino un tripartito liderado por el canciller socialdemócrata Olaf Scholz, que llegó a la cancillería federal intentando copiar el estilo merkeliano y ahora pasa sus horas más bajas.
Otra cosa es hoy fundamentalmente diferente en esta Alemania respecto a la de 2015: la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) nunca tuvo una capacidad tan grande como la actual para marcar el ritmo al resto de partidos y establecer el marco en el que se debate sobre migración y seguridad. Los históricos resultados de las últimas elecciones regionales de Turingia y Sajonia, donde AfD fue primera y segunda fuerza más votada respectivamente, ahondan la sensación de que el resto de formaciones va a remolque de lo que diga la ultraderecha.
El partido antinmigración ha usado como munición el atentado del pasado agosto en Solingen, cometido por un hombre sirio que tendría que haber sido expulsado del país. Días después del ataque, que mató a tres personas, el Gobierno de Scholz acordó medidas urgentes: eliminación de ayudas para personas solicitantes de asilo cuyos casos sean competencia de otros Estados de la Unión Europea; voluntad expresa de reducir la inmigración irregular; más competencias a la Policía para “combatir a los islamistas” a la hora de controlar sus actividades y movimientos y la prohibición absoluta de portar cuchillos o armas afiladas en eventos y transporte públicos.
Deportaciones, controles y recorte de ayudas
El ataque de Solingen se produjo a las puertas de las elecciones de Turingia y Sajonia. El viernes anterior a la cita en las urnas, las autoridades confirmaron la deportación de 28 ciudadanos afganos con condenas por delitos diversos y considerados un peligro potencial. El vuelo de deportación salió desde el aeropuerto de Leipzig/Halle, en Sajonia, donde AfD quedó por muy poco por detrás de los conservadores de la CDU en los comicios del pasado 1 de septiembre. Fueron las primeras deportaciones de ciudadanos afganos a su país de origen desde que los talibanes recuperaran el poder en 2021 tras la estampida de las tropas occidentales y el abandono de una operación militar liderada por Estados Unidos, con participación de la OTAN y en la que también hubo soldados alemanes.
Pese a que el Gobierno de Scholz asegura que la deportación estaba planificada desde hacía tiempo y que no tuvo que nada que ver con las elecciones regionales de Sajonia y Turingia, el momento y el lugar elegidos dan una pátina de legitimidad a las propuestas de la ultraderecha de AfD –que habla abiertamente de un plan de “remigración” para expulsar a cientos de miles o incluso millones de extranjeros del país–.
La última vuelta de tuerca de la política migratoria alemana llegó tras la debacle electoral en Sajonia y Turingia de los partidos que forman parten del tripartito liderado por Scholz (socialdemócratas, verdes y liberales): la reintroducción de controles en todas las fronteras terrestres del país, medida que ha entrado en vigor el lunes de esta semana y que está prevista, en principio, para un plazo de seis meses. No todos los pasos fronterizos están controlados por la policía alemana, sino que se mantendrán controles diarios y aleatorios en los cuatro puntos cardinales de las fronteras nacionales. La medida contradice la libertad de movimiento establecida dentro del espacio Schengen y genera tensiones con países vecinos como Polonia y Austria.
La ministra federal de Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, justifica los controles para limitar la migración irregular, la amenaza yihadista y los riesgos derivados de la guerra en Ucrania. El Consejo de Migración, organización conformada por más de 200 académicos especializados en la cuestión migratoria, advierte de que la actual estrategia del Gobierno alemán es “peligrosísima”. “Las consecuencias de una política de rechazo a personas que buscan protección en las fronteras alemanas son incalculables. Las decisiones nacionales en solitario son contraproducentes para el sistema de una política europea de migración coordinada. Generan dinámicas inesperadas y bloquean el desarrollo de la política europea”, dice la entidad.
En paralelo, Berlín quiere acelerar la expulsión de solicitantes de asilo que están en el país pero que fueron registrados en otros países en virtud del Convenio de Dublín. Con esta intención, el Ejecutivo de Scholz ha anunciado la eliminación de prestaciones sociales para esas personas, que recibirán lo básico –alojamiento, comida y productos de higiene– pero se quedan sin ayudas sociales adicionales, como un ingreso básico o prestaciones por menores. Se trata de una medida con la que las autoridades alemanas pretenden aumentar la presión para que esos solicitantes de asilo abandonen el país lo antes posible. Los primeros seis meses de 2024 algo más de 3.000 personas fueron enviadas a países de la UE en los habían sido registradas como demandantes de protección. Según la organización Mediendienst Integration, especializada en información y datos sobre migración y asilo, en Alemania hay actualmente unas 44.000 personas que deben abandonar el país y otras 180.000 cuya presencia está tolerada por las autoridades a la espera de que se aclare su situación legal.
Entretanto, en un contexto político en el que la ultraderecha contagia el discurso de casi todos los partidos alemanes, el principal partido de la oposición, la unión conservadora de la CDU-CSU, sostiene que las medidas del Gobierno de Scholz le saben a poco. El partido liderado por Friedrich Merz pide abiertamente que la policía alemana rechace en la frontera no sólo a las personas a las que ya les haya sido denegado el asilo en Alemania, sino a todas las que quieran pedirlo, una medida incompatible con el derecho europeo y cuyas consecuencias políticas serían impredecibles tanto para el país como para el resto de la UE.
¿Qué dicen las cifras?
La campaña electoral en Sajonia y Turingia estuvo marcada por el siguiente mantra: “La migración está fuera de control en Alemania”. Dos partidos hicieron especial hincapié en ese discurso: la ultraderecha de Alternativa para Alemania y la izquierda de tintes conservadores de Sahra Wagenknecht. La CDU también hizo uso de ese argumentario.
Pero, ¿realmente apoyan los datos esa dialéctica de pérdida de control de las fronteras y de flujos migratorios? Según la Oficina Federal de Migración y Refugiados, la cifra de solicitudes de asilo en 2023 superó las 350.000, 100.000 más que en 2022, pero lejos de las más de 700.000 de 2016, por poner los números en perspectiva histórica. Además, entre enero y agosto de 2024, Alemania registró alrededor de 160.000 peticiones de asilo, un 21% menos que durante el mismo periodo de 2023. El país está lejos de un colapso de la capacidad de acogida y ni siquiera se enfrenta a las imágenes de centros de registro y acogida colapsados, como las que dejó la llamada “crisis de los refugiados” de hace una década.
En cuanto a las cifras de entradas irregulares, el pasado mes de julio superaron las 7.000, según datos de la policía federal. En septiembre del año pasado, esa cifra rebasó las 21.000. La tendencia de la inmigración irregular no concuerda, por tanto, con el discurso de que “está fuera de control”.
Alemania se encuentra en una encrucijada: su grave crisis demográfica, cuya consecuencias se acumulan desde hace décadas, obliga al país a reclutar a cientos de miles de trabajadores extranjeros anualmente para mantener su modelo productivo y su Estado del bienestar; por otra parte, la presión electoral de la ultraderecha lleva a pensar a los partidos tradicionales que cada nueva solicitud de asilo supondrá inevitablemente más votos para el ultranacionalismo étnico de AfD.
El actual Ejecutivo de coalición de Scholz intenta surfear esa paradoja: sus ministros viajan por el mundo y visitan países del llamado “sur global”, con cuyos gobiernos firman acuerdos bilaterales para atraer a mano de obra cualificada extranjera. Mientras, el Gobierno y parte de la oposición aplican estrategias y recetas aplaudidas por una ultraderecha que rechaza de plano la inmigración con el objetivo de frenarla en las urnas.
