Los lectores del Grand Continent lo saben desde hace más de un año: «a diferencia de 2017, cuando el planteamiento fue improvisado, Donald Trump tiene ahora un plan —más radical, mejor definido—».
En las primeras 100 horas de su segundo mandato, Donald Trump planea firmar hasta 100 órdenes ejecutivas dirigidas a agencias federales sobre temas tan diversos como deportaciones masivas de inmigrantes, política climática, energía e incluso criptomonedas.
Si bien es habitual que los presidentes estadounidenses deshagan el legado de sus predecesores anulando ciertas normativas y políticas puestas en marcha durante su mandato, Trump planea hacer un uso masivo y máximo de todas las herramientas a su disposición. Los republicanos del Senado están estudiando todas las últimas medidas de la Administración Biden que podrían ser anuladas por la Congressional Review Act, una ley utilizada 16 veces por Trump al inicio de su primer mandato —frente a las 3 de Biden y 1 de Bush—.
Citando la doctrina militar basada en aplastar al adversario mediante el uso de una inmensa potencia de fuego, el Partido Republicano afirma explícitamente: «Cuando el presidente Trump tome posesión el lunes, una avalancha de órdenes ejecutivas que afectarán a la economía y a la frontera producirá un efecto de ‘conmoción y pavor’ (shock and awe)» Politico, 1 de diciembre de 2024.”>1.
Trump —que declaró hace un año que sería un «dictador», pero sólo durante las primeras 24 horas de su presidencia— pretende abrumar a los medios de comunicación y a sus adversarios políticos con un aluvión de nuevas y radicales medidas. Según varias fuentes consultadas por la revista, podría tener éxito —ni los medios de comunicación ni el establishment político parecen estar realmente preparados—.
1 — Organizar la mayor deportación masiva de la historia de Estados Unidos
Es una de las promesas clave de su campaña: Donald Trump quiere organizar la mayor deportación masiva de la historia de Estados Unidos.
Desde el inicio de la nueva administración, están previstas operaciones de deportación de inmigrantes ilegales en Chicago, Washington D.C. y Denver. Se movilizarán al menos 200 agentes del ICE, la agencia de Aduanas y Protección de Fronteras del Departamento de Seguridad Nacional. Según fuentes próximas, una segunda fase de la operación se centrará en Nueva York, Los Ángeles y Miami, con una serie de redadas selectivas.
Según datos de American Community Survey, en 2022 vivían en Estados Unidos unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, lo que representa el 3,3% de la población total del país. Entre enero de 2023 y abril de 2024, otros 2,3 millones de inmigrantes deportables estarían presentes en Estados Unidos y también serían objetivo de cualquier operación de deportación masiva.
Para llevar a cabo esta «gran deportación masiva» —cuya complejidad logística, jurídica y política no debe subestimarse—, Trump se apoyará en particular en la experiencia de Tom Homan, proclamado «zar de la frontera» y antiguo director de la Agencia de Aduanas y Control de Fronteras (ICE). La futura secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, la conservadora de las praderas Kristi Noem, también desempeñará un papel central.
Trump —que declaró hace un año que sería un «dictador», pero sólo durante las primeras 24 horas de su presidencia— pretende abrumar a los medios de comunicación y a sus adversarios políticos con un aluvión de nuevas y radicales medidas.
2 — «Cerrar la frontera»: los primeros pasos de una política de represión contra la inmigración
La lucha contra la inmigración está en el centro de la identidad política del trumpismo desde 2016. En 2025, el enfoque del presidente sobre la frontera y la migración será supervisado directamente por un asesor influyente y particularmente radical, Stephen Miller —el arquitecto de la agenda migratoria durante el primer mandato de Trump—.
Miller planea emitir una serie de decretos en las primeras 100 horas: relanzar la construcción del muro en la frontera con México, suspender las admisiones de refugiados y poner fin a los programas de libertad condicional temporal de Biden, y restablecer la Prohibición Musulmana que prohíbe «el reasentamiento de refugiados procedentes de zonas infestadas de terrorismo».
Antes de jurar el cargo, el Congreso —cuyas dos cámaras tienen ahora mayoría republicana— actuó el 3 de enero para convertir la Ley Laken Riley en la primera ley que Trump podrá firmar en sus primeras horas de mandato. Esta nueva ley obligaría a detener a los inmigrantes ilegales acusados de robo, allanamiento de morada o agresión a agentes de la ley después de haber sido detenidos y no condenados.
El proyecto recibió un fuerte apoyo demócrata en la Cámara de Representantes, y 48 miembros del ahora partido minoritario se unieron a los republicanos para enviarlo al Senado. La mayoría de estos miembros proceden de estados ganados por Trump en noviembre: Arizona, Georgia, Nevada…
Trump podría restablecer rápidamente la política de «Permanecer en México», que había devuelto a México a decenas de miles de solicitantes de asilo a la espera de que las autoridades estadounidenses tramitaran sus casos.
El Presidente electo ya ha calificado de «ridículo» el derecho a la ciudadanía por nacimiento, garantizado desde entonces por la Constitución estadounidense. Ha prometido abolirlo desde el primer día emitiendo un decreto en el que diga a «las agencias federales que, según la interpretación correcta de la ley, los futuros hijos de extranjeros ilegales no recibirán automáticamente la ciudadanía estadounidense». Sin embargo, esto requeriría una enmienda constitucional a la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que iría mucho más allá del alcance de una simple orden ejecutiva.
Desde el inicio de la nueva administración, están previstas operaciones de deportación de inmigrantes ilegales en Chicago, Washington D.C. y Denver.
3 — Purgar la administración: tomar el control de la maquinaria estatal
El spoils system (sistema de botín) es una práctica que se originó en Estados Unidos durante la presidencia de Andrew Jackson en 1829, en virtud de la cual se exige a los altos funcionarios que sigan los cambios de gobierno para que el nuevo presidente pueda contar con la lealtad partidista de la alta burocracia estatal. Durante la anterior transición de Barack Obama a Donald Trump, el nuevo presidente ya había nombrado a más de 4.000 nuevos miembros, entre ellos unos 1.000 en puestos clave.
Sin embargo, varias fuentes indican que para 2025 cabe esperar una transformación mucho más profunda. Los partidarios de Trump no dudan en hablar de una «purga» de la Administración.
En julio, Vivek Ramaswamy, ahora jefe del DOGE con Elon Musk, pedía la «deportación de burócratas no electos», declarando: «La segunda deportación masiva que necesitamos [después de los inmigrantes ilegales] es la deportación de burócratas».
La «purga» de la democracia federal es una de las 20 medidas enumeradas en el programa aprobado por el partido de Trump el lunes 8 de julio. Es una de las medidas clave del Proyecto 2025 adoptado por el Partido Republicano. Donald Trump dice estar convencido de que el Estado profundo le impidió gobernar plenamente durante su primer mandato, lo que le obligó a dejar el cargo en 2020. Entre sus partidarios más influyentes, el oligarca reaccionario Peter Thiel escribió amenazadoramente esta semana: «oscuras cuestiones emergerán en las crepusculares semanas finales de nuestro interregno».
A esta lucha contra el Estado profundo se añade una dimensión de inspiración mileista, destinada a desbaratar el Estado federal. La cartera de la nueva comisión DOGE es muy amplia, tanto que Trump declaró que se convertiría potencialmente en «el Proyecto Manhattan de nuestro tiempo». Entre otras cosas, la DOGE se encargará de «desmantelar la burocracia gubernamental, eliminar la regulación excesiva, reducir el gasto superfluo y reestructurar las agencias federales».
Los trumpistas no dudan en hablar de una «purga» de la Administración.
Según la ley actual, la DOGE no podrá hacer cambios en la forma en que el Gobierno gasta y gestiona los fondos asignados por el Congreso, que, según las declaraciones de campaña y los comunicados de prensa de Trump, es su razón de ser. Sin embargo, para garantizarle un cierto margen de maniobra, el presidente electo podría tratar de derogar determinadas disposiciones de la Ley de Control Presupuestario y de Embargos del Congreso de 1974 en las primeras 100 horas de su mandato.
4 — Salida del Acuerdo de París y de la Organización Mundial de la Salud
Según varias fuentes, Donald Trump parece tener la intención de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima antes de que acabe la jornada del lunes. Ya lo hizo durante su primer mandato, antes de que Joe Biden decidiera que Estados Unidos volviera a unirse a él en 2021, el primer día de su mandato.
El republicano también podría sacar a Washington de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, una salida impulsada por la Fundación Heritage en su Proyecto 2025.
Siguiendo en una lógica transaccional, Trump también quiere retirar a Estados Unidos de una serie de acuerdos y organizaciones internacionales que, en su opinión, abusan de la generosidad estadounidense y están controlados desde dentro por los enemigos de Estados Unidos, especialmente China.
También podría tratar de retirarse de la Organización Mundial de la Salud, un proceso que inició en 2020, acusando a la organización de haberse convertido en un «fraude globalista corrupto» que había «cubierto vergonzosamente las huellas del Partido Comunista Chino» durante la pandemia de coronavirus.
5 — Drill, baby, drill! : acabar con los aerogeneradores, los coches eléctricos y la nueva estafa verde (Green New Scam)
De acuerdo con sus promesas de campaña, Trump planea reactivar la perforación y la fracturación hidráulica en tierras federales, ofrecer exenciones fiscales a los productores de petróleo, gas y carbón y acelerar la aprobación de gasoductos, bajo el lema: Drill, baby, Drill!
A principios de este año, Trump dijo que pondría fin a la Ley Biden de Política Climática Industrial (IRA) y emitiría una orden ejecutiva para garantizar la paralización de la energía eólica marina «desde el primer día».
A lo largo de la campaña, Trump prometió acabar con las normativas puestas en marcha por las administraciones Obama y luego Biden, que pretenden imponer límites a las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos vendidos. Trump, para quien la transición energética es una «nueva estafa verde» (Green New Scam), considera que la normativa de la Agencia de Protección del Medio Ambiente perjudica a la industria automovilística estadounidense al obligarla a orientarse más hacia la venta de vehículos eléctricos.
Donald Trump parece decidido a retirar a Estados Unidos del Acuerdo del Clima de París antes de que acabe la jornada del lunes.
California, un estado demócrata que ha sido pionero en la transición ecológica, también es probable que esté en el punto de mira de Donald Trump. El estado se beneficia de exenciones que le permiten aplicar normativas medioambientales más estrictas que a nivel federal, algo que los afines a Trump quieren revocar. Varios estados, como Maryland, Virginia y Nueva York, de mayoría demócrata, han aplicado en los últimos años políticas similares a las aplicadas por California.
El próximo administrador elegido por Trump para dirigir la EPA, Lee Zeldin, prometió tras el anuncio de su nombramiento «restaurar el liderazgo de Estados Unidos en energía» y «revitalizar nuestra industria automovilística». El secretario de Interior nombrado por Trump, Doug Burgum, tiene fama de ser cercano a los barones de la industria estadounidense de los combustibles fósiles. En concreto, actuó como enlace con la campaña de Trump para aportar millones de dólares en donaciones procedentes de la extracción de petróleo y gas al esfuerzo de reelección del republicano.
6 — ¿Hacia una guerra comercial global? Imposición de aranceles a China y a los socios de Estados Unidos
Durante la campaña y desde que fue elegido, Donald Trump ha anunciado su intención de imponer altos aranceles a las importaciones para apoyar a la industria estadounidense y reducir el déficit comercial de Estados Unidos.
Al parecer, la Administración prepara impuestos del 10% a todas las importaciones, del 25% a las procedentes de Canadá y México, y del 60% a los productos chinos. Según varios observadores, es muy probable que Donald Trump firme decretos para aplicar estas medidas en su primer día de mandato. Su objetivo es crear un Servicio de Ingresos Extranjeros que «recaudaría nuestros aranceles, derechos y todos los ingresos de origen extranjero».
Un equipo cercano al presidente, que incluye al futuro secretario del Tesoro, Scott Bessent, al director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, y al director del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, trabaja en un enfoque «gradual» de la imposición de aranceles. Este podría consistir en un aumento del 2 al 5% mensual para evitar un repunte de la inflación.
El futuro asesor de Comercio y Fabricación de Trump, Peter Navarro —que pasó cuatro meses en prisión por obstruir la investigación sobre la insurrección del 6 de enero de 2021—, es considerado el principal inspirador de la política de Trump contra la globalización liberal, que ahora también asume el próximo secretario de Estado, Marco Rubio.
La Administración estaría preparando impuestos del 10% sobre todas las importaciones, del 25% sobre las procedentes de Canadá y México, y del 60% sobre los productos chinos.
7 — Indultar a los alborotadores del 6 de enero
Por primera vez desde 1982, la ceremonia de investidura tendrá lugar en el interior del Capitolio, bajo la rotonda que fue invadida el 6 de enero de 2021 por cientos de activistas violentos y armados.
En sus primeras horas en el cargo, se espera que Trump conceda indultos presidenciales a los alborotadores, así como a otros simpatizantes del movimiento MAGA. La futura fiscal general de Trump, Pam Bondi, que formó parte del equipo legal del presidente electo durante su primer juicio de destitución, dijo en su audiencia de confirmación en el Senado que «estudiaría cada caso individualmente». Sin embargo, la decisión final corresponde al Presidente.
La semana pasada, el futuro vicepresidente, J.D. Vance, pareció adoptar una línea más intransigente hacia los alborotadores del 6 de enero, al declarar que «quienes han cometido actos violentos no deberían recibir indultos». Trump se ha referido repetidamente a los alborotadores encarcelados como «presos políticos» y «rehenes».
8 — Ganar la guerra cultural: vacunación, «wokismo» y DEI
Según varios medios estadounidenses, se espera que Trump inunde la arena política con decretos sobre vacunaciones obligatorias, iniciativas DEI (diversidad, equidad, inclusión), teoría crítica de la raza y políticas escolares sobre género.
Se espera un decreto que prohíba a las mujeres transexuales participar en deportes femeninos y alistarse en el ejército estadounidense, además de medidas que prohíban procedimientos médicos en menores, calificados de «mutilación genital infantil». Se prohibirán los programas que «promuevan la transición de sexo o género a cualquier edad».
En sus primeras horas en el cargo, se espera que Trump conceda el indulto presidencial a los alborotadores del 6 de enero, así como a otros simpatizantes del movimiento MAGA.
Donald Trump también está considerando cortar la financiación federal a las escuelas y universidades woke. Podría aprobarse una orden ejecutiva dirigida a escuelas y universidades si promueven «la teoría crítica de la raza, la ideología transgénero u otros contenidos considerados racial, sexual o políticamente inapropiados».
Incluso antes de su reelección, grandes empresas estadounidenses como Amazon, Walmart, Meta y McDonald’s pusieron fin gradualmente a sus políticas de DEI, temiendo que fueran blanco de la administración Trump si eran reelegidas. Para los activistas antiDEI próximos a Donald Trump, como Robby Starbuck, fue la elección del republicano la que provocó este retroceso.
Stephen Miller, que ocupará su puesto de jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca en la segunda administración Trump, también se opone a las políticas de diversidad y ha demandado a numerosas empresas con su fundación America First Legal.
Para librar las «guerras culturales» tan apreciadas por los conservadores que votaron masivamente a Trump en noviembre, éste eligió a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, para dirigir su Departamento de Seguridad Nacional.
En la Conferencia de Acción Política Conservadora de 2021, pocas semanas después de que Biden asumiera el cargo, denunció la «campaña organizada y coordinada para suprimir y eliminar todas las referencias a la fundación de nuestra nación y a muchas otras partes de nuestra historia».
El frente antivacunas estará liderado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr, que es uno de los nominados más polémicos de Trump junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth.
9 — Una reserva federal de Bitcoin
Desde la elección de Donald Trump, el Bitcoin ha subido alrededor de un 30%, alimentado por la posibilidad de que Washington cree una «reserva federal de Bitcoin» inspirada en las reservas estratégicas de oro y petróleo de Estados Unidos.
Donald Trump ya ha descrito esta reserva como un «activo nacional permanente» destinado a beneficiar a todos los estadounidenses.
Los actores de la criptomoneda —que figuran entre los principales partidarios de la campaña del presidente— respaldan la iniciativa, así como los esfuerzos previstos para reducir la regulación del sector.
Para apoyar el desarrollo de una industria de criptomonedas y cimentar el lugar de Estados Unidos como líder, Trump ha creado un nuevo cargo para su segunda administración nombrando al multimillonario David Sacks «zar de las criptodivisas y la IA».
Se espera que el Presidente de Estados Unidos, que lanzó su memecoin el viernes por la noche, defina las criptomonedas como una «prioridad nacional» en sus primeras horas en el cargo.
10 — «¡Afuera!» en Washington: «la mayor reducción de la regulación de la historia de nuestro país»
Durante la campaña electoral Donald Trump dijo que quería firmar «el primer día, una orden ejecutiva que ordene a todas las agencias federales eliminar inmediatamente todas las regulaciones que aumenten el coste de los productos. Esta será la mayor reducción de la regulación en la historia de nuestro país, y ocurrirá muy rápidamente».
Esta reducción masiva de la regulación afectaría también a amplios sectores de la economía estadounidense, desde la innovación hasta la defensa y las finanzas.
Podría aprobarse un decreto para atacar a escuelas y universidades si promueven «la teoría crítica de la raza, la ideología transgénero o cualquier otro contenido considerado racial, sexual o políticamente inapropiado».
El Ejecutivo dispone de un margen de maniobra considerable en materia de desregulación, y los mercados ya lo han anticipado. Según Anne Dias: «Las empresas de los sectores de la energía, las finanzas y la inteligencia artificial deberían ver aliviadas sustancialmente las restricciones regulatorias que pesan sobre ellas, lo que podría liberar miles de millones de dólares de inversión, según los expertos, por no hablar del efecto sobre las fusiones y adquisiciones».
Más allá de las criptomonedas y la IA, el sector bancario podría ser uno de los primeros beneficiarios de esta desregulación sin precedentes.
Como nos recordaba Anne Dias en estas páginas, «la reducción de la ‘sobrerregulación’ beneficiaría directamente a los bancos estadounidenses. La flexibilización de los requisitos de capital de Basilea III y el levantamiento de las restricciones al desarrollo de las fintech podrían estimular una nueva ola de crecimiento en el sector bancario, donde la innovación tecnológica podría florecer sin trabas.»
Si Trump decide suspender la aplicación de Basilea III en Estados Unidos, esto plantearía un dilema para los bancos de la eurozona, sobre todo porque el Banco de Inglaterra ya anunció el 17 de enero que aplazará la aplicación de la tercera versión de los acuerdos de Basilea hasta 2027.
