El Congreso de los Diputados ha dado este martes un nuevo impulso a la regulación de los alquileres temporales y de habitaciones, una de las grandes asignaturas pendientes de la legislatura en materia de vivienda. La iniciativa, presentada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, retoma así su tramitación parlamentaria después de casi un año bloqueada y tras haber sido tumbada en 2024 por Junts, cuya posición volverá a ser decisiva.
La proposición de ley fue admitida a trámite en diciembre de 2024, pero el texto quedó encallado durante meses, con el riesgo de caer en el olvido. No fue hasta mayo cuando la Mesa del Congreso acordó levantar los plazos de enmiendas, gracias a un inusual pacto entre PP y Sumar, que permitió rescatar el proyecto. La sesión celebrada este martes marca el reinicio formal del proceso, con una nueva reunión convocada para la próxima semana en la que los grupos tratarán de consensuar un borrador de texto.
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Asier Martiarena
El retraso en la tramitación ha tensado las relaciones dentro del bloque de investidura. Desde Sumar y ERC han reprochado al PSOE su falta de voluntad para avanzar en una norma que, según defienden, debería servir para equiparar los contratos de temporada a los de residencia permanente y frenar así su uso abusivo en zonas tensionadas, donde se emplean como fórmula para esquivar los límites de precios.
Entre otros, el proyecto plantea modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para establecer un marco claro a los alquileres de temporada y de habitaciones. Propone fijar un límite máximo de nueve meses, coincidiendo con el curso académico, para facilitar el acceso a la vivienda de profesores y estudiantes desplazados, de forma que si un contrato supera ese plazo o se encadenan más de dos consecutivos, se considerará un arrendamiento de vivienda habitual, aplicándosele las prórrogas y condiciones de protección correspondientes.
Y también prevé que el inquilino pueda desistir del contrato pasados seis meses, siempre que lo comunique con 30 días de antelación, y permite que ambas partes pacten una indemnización para el arrendador.
La reunión de este martes llega tras avances en las conversaciones con los sindicatos de inquilinos, en las que han participado activamente PSOE, ERC y el grupo plurinacional de Sumar, con el objetivo de cerrar un consenso que permita finalmente encauzar una regulación largamente demandada.
