Por Laura Strickler — NBC News
Un grupo de congregaciones cuáqueras ha demandado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) por anular la regla que prohibía a los agentes del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar redadas en los llamados “lugares sensibles”, como lugares de culto, parques infantiles, escuelas y hospitales sin la aprobación de sus supervisores.
Esta política, que había estado en vigor bajo varias presidencias –incluso en el primer mandato de Donald Trump– fue rescindida la semana pasada por el republicano al inicio de su segundo mandato.
La demanda, que fue presentada en un tribunal federal de distrito en Maryland este lunes, alega: “La sola amenaza de esos operativos disuade a los feligreses de asistir a los servicios, especialmente a los miembros de las comunidades inmigrantes”.
Argumenta en ese sentido que asistir a los servicios religiosos está en el corazón de la “garantía de la libertad religiosa”.
Líderes religiosos, funcionarios locales y educadores se han opuesto a la eliminación de esa política, y han sido claros de manera pública sobre su oposición, pero la demanda parece ser la primera de una organización religiosa que desafía la nueva política ante la justicia.
“Hace una semana Trump juró defender la Constitución y, sin embargo, hoy las instituciones religiosas que han existido desde el siglo XVII en nuestro país tienen que ir a los tribunales para desafiar lo que es una violación del derecho constitucional de cada individuo a adorar y asociarse libremente”, afirmó Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, que proporcionó a los abogados que representan a los demandantes.
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Perryman añadió que la demanda va más allá de las iglesias que actúan como santuarios: “La naturaleza preocupante de la política va más allá de las casas de culto con programas de santuario porque ICE podría entrar en espacios religiosos y sagrados cuando quiera”.
Noah Merrill, secretario de una de las congregaciones que presentaron la demanda, la New England Yearly Meeting of Friends, le dijo a NBC News en un correo electrónico que “las reuniones del grupo de congregaciones cuáqueras para el culto buscan ser un santuario y un refugio para todos, y esta práctica nueva e invasiva erosiona tangiblemente esa posibilidad al crear ansiedad innecesaria, confusión y enfriamiento de la voluntad de nuestros miembros y vecinos de compartir con nosotros el culto que sustenta nuestras vidas”. “Esto socava nuestras comunidades y, creemos, viola nuestra libertad religiosa”, agregó.
La política que protegía los “lugares sensibles” de la aplicación de la ley de inmigración sin aprobación previa se remonta a principios de los años 1990, de acuerdo con la demanda. Su objetivo era permitir que los migrantes indocumentados actuaran libremente en determinadas zonas públicas con la idea de que hacerlo beneficiaría en última instancia no sólo a ellos, sino también a la comunidad en general, por ejemplo, permitiendo que los niños estuvieran en la escuela durante el día y que los enfermos visitaran los hospitales sin temor a ser deportados.
Los demandantes son varios grupos regionales que representan a congregaciones del grupo del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra.
P.J. Lechleitner, quien fue director interino de ICE de julio de 2023 hasta la semana pasada, le aseguró a NBC News el lunes que no espera redadas en casas de culto, incluso con el fin de la política.
“No creo que se vayan a ver muchas operaciones contra objetivos en iglesias o lugares de culto o escuelas o lo que sea”, indicó, “a menos que haya una verdadera necesidad operativa y de seguridad pública, de seguridad nacional, de hacerlo”.
