Fundación Terram publicó su Balance Ambiental 2024, en el que repasó los hitos más relevantes del año en esta materia. Este período se caracterizó por el impulso de una agenda de flexibilización de los estándares ambientales, promovida mediante el posicionamiento, por parte del sector empresarial, del término ‘permisología’, en alusión a una supuesta traba en los proyectos de inversión.
Con la llegada del gobierno actual en 2022, las organizaciones civiles y entidades que trabajan en pro de la conservación del medio ambiente, esperaban avances significativos en materias de regulación ambiental. Sin embargo, tras dos años de administración, la realidad ha sido completamente opuesta.
En un año marcado por una agenda regresiva y de flexibilización de los estándares ambientales, “la promoción del hidrógeno verde, con la reciente aprobación de una planta en la Bahía de Quintero, a lo que se suman los compromisos asumidos para promover una mayor extracción de litio, así como en los hechos la inmovilidad del Gobierno para sacar salmoneras de áreas protegidas, nos dan cuenta de que este no es un gobierno ‘ecológico’ y que, más bien, es una administración que se ha comprometido con facilitar la inversión sin los adecuados resguardos ambientales, haciendo suyo el discurso de la ‘permisología’ instalado por los consorcios empresariales”.
Desde su primera publicación en 2002, el Balance Ambiental de Fundación Terram identifica lo mejor y peor que ocurre en el año en material ambiental en el país. En esta versión, titulada “Con permiso para destruir”, el documento releva cómo las promesas del autodenominado “gobierno ecológico” mostraron un cambio de rumbo: “Poco a poco fuimos siendo testigos de la poca claridad, debilidad, ineptitud o falta de compromiso ambiental del gobierno, mientras los grandes sectores empresariales, de forma coordinada, comenzaban a posicionar el concepto de permisología en los medios de comunicación”.
Premios
En la categoría de Aporte Ambiental, este año la organización destacó el trabajo realizado por el Parque Andino Juncal y las organizaciones locales del Valle de Aconcagua por su labor de coordinación para frenar el ingreso de la minera Nutrex SpA, ante la inminente entrada al área protegida privada. De igual forma, se entregó el mismo reconocimiento al Panel Ciudadano H2 Magallanes por su destacada labor en el resguardo del patrimonio cultural y natural de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena a una transición energética que respeta los valores ambientales y culturales de la región.
En la categoría Ambientalista destacado se premió a Nicolo Gligo Viel, ingeniero agrónomo y académico, por su destacada trayectoria en temáticas ambientales. Defendió los bosques de Magallanes frente al proyecto Río Cóndor de Forestal Trillium y dirigió el Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile (2008-2021). Fue el principal impulsor del “Informe País: Estado del Medio Ambiente en Chile”, con ocho ediciones entre 1999 y 2022. En 2024 publicó junto a otros autores el libro “América Latina y el Caribe: una de las últimas fronteras para la vida”.
En la categoría de Insustentabilidad, el premio fue entregado a las empresas SQM y Albemarle por la extracción de salmuera para la producción de litio en el Salar de Atacama, que según un estudio realizado por geólogos de la Universidad de Chile, ha provocado su hundimiento a una tasa de 1 a 2 centímetros anuales. Asimismo, también se premió al Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) de la empresa AES Andes, por la mala calidad de sus instalaciones, lo que ha impedido el funcionamiento de estas centrales debido a la existencia de al menos cuatro derrumbes en los túneles por donde se transporta el agua
En la categoría de Contaminación, el premio fue entregado a la empresa Aguas San Isidro por vertimientos de aguas negras, malos olores, intoxicaciones masivas y el colapso del suministro en Los Molles, poniendo en riesgo un humedal y la salud de las comunidades; y a la Comisión Nacional de Energía por autorizar el cierre adelantado de las centrales termoeléctricas Nueva Tocopilla 1 y Nueva Tocopilla 2 de la empresa AES Andes.
En la categoría de Lavado Verde se premió a la empresa Cooke Aquaculture que, en marzo de este año, anunció la cosecha del primer salmón orgánico certificado del país, pese a que desarrolla su actividad económica basándose en una serie de irregularidades, como es eludir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael en Aysén.
En la misma categoría se premió al “Foro Nacional de Sostenibilidad y Cuenta Pública” de la empresa Anglo American. En un comunicado 35 organizaciones de la sociedad civil manifestaron su rechazo total a esta iniciativa, señalando que la minera “insiste en la destrucción de los glaciares, desconoce los estudios científicos, persevera en sus prácticas de greenwashing y persiste en intentos por comprar y controlar todos los espacios públicos de discusión”.
Finalmente, en la categoría de Negligencia se premió a la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso y el Gobierno de Boric, por la aprobación de la planta de Hidrógeno Verde de propiedad de GNL y Acciona Energía, la que pretende emplazar en la Bahía de Quintero, dentro de las instalaciones de GNL y abasteciéndose de agua proveniente de la red sanitaria.
Lo Mejor y lo Peor del 2024
En Lo Mejor del Año, el Balance Ambiental destacó la Ratificación del Tratado de Alta Mar; convirtiéndose en el segundo país a nivel mundial en firmar el documento; el Informe de Contraloría que reafirma las graves omisiones de la SSFFAA y Sernapesca en materia de fiscalización y sanción de las concesiones salmoneras en causal de caducidad; la Norma de Emisión de Luminosidad Artificial, que destaca por su aplicación a nivel nacional; la Norma secundaria de calidad ambiental para la Bahía de Quintero-Puchuncaví, cuyo objetivo es preservar los sistemas acuáticos marinos y los servicios ecosistémicos de esta bahía; la Paralización de Quiborax en el Salar de Surire, tras la demanda por daño ambiental interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado; la Aprobación Imagen Objetivo Premval Bahía Quintero-Puchuncaví, la cual plantea una disminución del uso de suelo destinado para industria peligrosa y aumenta las áreas verdes y espacios de amortiguación y por último el Reportaje “Minería e industria bélica: metales chilenos en el negocio de la guerra” de ONG Ecosistemas, el que invita a reflexionar y cuestionar la relación entre los llamados minerales críticos y los actuales conflictos bélicos
Por su parte, los sucesos destacados como Lo Peor del Año fueron: el fallo del Primer Tribunal Ambiental a favor del Proyecto Minero Portuario Dominga, que decidió revocar la decisión del Comité de Ministros; el Plan de Acción de Hidrógeno Verde, el cual presenta deficiencias en su capacidad para garantizar beneficios económicos para las comunidades y territorios. ; el mega incendio forestal que afectó a las comunas de Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué y Villa Alemana; el rebalse de relaves de la Minera Las Cenizas en Cabildo; la aprobación del proyecto inmobiliario Maratué en Quintero-Puchuncaví por parte del Comité Regional de Evaluación Ambiental; la muerte de dos ballenas dentro de áreas protegidas con presencia de la industria salmonera; el Acuerdo Codelco – SQM para explotar litio en el Salar de Atacama; la aprobación del Proyecto CIGRI en Tiltil por parte del Comité de Ministros; las Reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; la renuncia no voluntaria del Director Regional del SEA de Antofagasta por declarar el término anticipado del proyecto Paposo de Colbún y finalmente, la Red de Salares Protegidos por la falta de claridad y transparencia en los criterios de selección, más bien alineados a fines productivos de explotación y no de protección de los salares, en tanto ecosistemas frágiles.
Mientras tanto, el documento enlistó diez desafíos para el 2025 en materia ambiental. Estos son: frenar el Proyecto de Ley de Permisología; realizar mejoras al Proyecto de Ley de Parcelaciones; que el Fraccionamiento no obstruya la aprobación de una Nueva Ley de Pesca con componentes ambientales; el inicio de la implementación del estándar de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés); la sanción pendiente de la SMA por salmoneras que operan en parque nacional sin permiso ambiental; la ratificación de la revocación de permisos ambientales de Nova Austral; la aprobación del Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal, que ya suma siete años de tramitación; que el Ministerio de Agricultura actualice el Decreto Supremo N° 68 para proteger la vegetación nativa del país; que la SMA resuelva la sanción de decenas de casos de sobreproducción de salmones de forma oportuna; y finalmente, se apruebe el Proyecto de Ley para fortalecer la Superintendencia del Medio Ambiente, que si bien ha logrado avances importantes, existe el riesgo de que nuevas indicaciones introduzcan retrocesos que debiliten estas mejoras.
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