El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en compañía de los secretarios distritales, explicaron las graves implicaciones que tendría para la ciudad el proyecto de resolución ‘Lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá’, publicado por el Gobierno Nacional. Galán fue claro en señalar que se adelantarán acciones para seguir defendiendo a Bogotá y a sus ciudadanos. “Pedimos que se retire esta resolución o acudiremos a acciones legales de tipo administrativo y penal”.
El mandatario fue vehemente en su discurso y añadió que nuevamente se viola la autonomía territorial de la capital. “Este proyecto de resolución para ordenar la Sabana de Bogotá, del Gobierno Nacional, atenta contra la autonomía territorial y viola la ley, la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Además, su construcción no fue participativa y la supuesta consulta ciudadana es solo un requisito legal, no un verdadero proceso colectivo”.
La resolución pondría en riesgo proyectos clave para la movilidad y el desarrollo de Bogotá, como la Línea 1 del metro, el Regiotram, la Troncal de la Calle 13 y la ampliación del aeropuerto El Dorado, al ubicarlos en zonas de humedales.
Según la exministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, hasta el 14 de marzo, todos los sectores interesados podrían enviar sus comentarios sobre la resolución para ordenar la Sabana de Bogotá, proteger sus ecosistemas y adaptarla al cambio climático. Según explicó, este proceso, con más de un año de trabajo técnico y social, establece lineamientos obligatorios para los planes de ordenamiento territorial, que incluyen: protección de humedales y bosques secos, límites al uso del agua y restricción de urbanización en suelo rural y evaluación ambiental para nuevas infraestructuras.
Esto no es ninguna consulta, sino una publicación obligatoria disfrazada de consulta para sanear un proceso ilegal, inconstitucional y que puede generar un fraude a resolución judicial
Pero el mandatario capitalino fue tajante en decir que lo dicho no es cierto. “Esto no es ninguna consulta, sino una publicación obligatoria disfrazada de consulta para sanear un proceso ilegal, inconstitucional y que puede generar un fraude a resolución judicial”.
La ministra Muhamad nunca nos quiso escuchar y, antes de irse, dejó sembrada una resolución que paralizaría a Bogotá y afectaría a millones de personas, pero hábilmente presenta la publicación obligatoria para comentarios como una consulta, desconociendo la ley y el Acuerdo de Escazú
Agregó que el gobierno local lleva meses pidiendo conversar con el Gobierno Nacional. “La ministra Muhamad nunca nos quiso escuchar y, antes de irse, dejó sembrada una resolución que paralizaría a Bogotá y afectaría a millones de personas, pero hábilmente presenta la publicación obligatoria para comentarios como una consulta, desconociendo la ley y el Acuerdo de Escazú”.
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental en América Latina y el Caribe.
Esta administración, dijo Galán, está comprometida con la restauración de ecosistemas clave para la regulación del agua. En 2024. “Hemos restaurado 890 hectáreas, incluyendo cerros orientales y humedales, y seguimos avanzando hacia la meta de 1.300 hectáreas. Además, estamos impulsando la recuperación de la reserva Thomas van der Hammen, con 184 hectáreas ofertadas para su conservación”.
El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció que los estudios para la ampliación de la vía Suba-Cota, que registran un avance del 92 %, podrían verse gravemente afectados por el proyecto propuesto por el Ministerio de Ambiente. Esta situación también impactaría otras importantes iniciativas de infraestructura en la región, como la ampliación de la Autopista Norte y la Carrera Séptima, la prolongación de la Avenida Boyacá, el Ferrocarril de la Sabana, el cable aéreo de La Calera, así como los proyectos de transporte masivo Regiotram del Norte y del Occidente, y el plan hídrico Chingaza II. Por eso, desde ya, autoridades y expertos evalúan las implicaciones de esta posible afectación en el desarrollo de la movilidad y el crecimiento urbano.
La Ley no es opcional, es para cumplirla, el Gobierno está actuando de forma oscura
Pero el Ministerio insiste en que su propósito es establecer límites claros al crecimiento desordenado y garantizar un desarrollo económico y urbano sostenible y que para ello, abrió una consulta pública que aborda aspectos clave como la delimitación de áreas de conservación y corredores ecológicos, la planificación de proyectos urbanos con criterios ambientales y la regulación del uso del suelo en municipios cercanos a Bogotá. Además, dice, se busca una mayor articulación entre el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Bogotá y las autoridades ambientales para implementar políticas coherentes que equilibren el desarrollo con la protección del entorno.
Reserva Thomas van der Hammen transferencia derechos de construcción. Foto:Archivo particular
El alcalde Galán dijo que el Gobierno Nacional está violando la ley, pues ni la Alcaldía Mayor de Bogotá, ni los entes territoriales, ni los medios de comunicación han sido informados sobre los pormenores de este proyecto. “La Ley no es opcional, es para cumplirla, el Gobierno está actuando de forma oscura”.
El Plan de Desarrollo de este gobierno Nacional establece, explicó Galán, que ese proceso de determinantes ambientales tiene que ejercerse en coordinación con los entes territoriales, no se trata de solo informar.
Denunció además que “el proyecto de resolución afectaría a miles de familias en Bogotá, cuyos predios quedarían ubicados en zonas de humedales, lo que limitaría su uso y generaría incertidumbre sobre la propiedad. Además, viviendas en construcción y microempresas quedarían en riesgo”.
Galán concluyó diciendo que : “pedimos que sea retirado y que se inicie nuevamente el proceso de construcción. Estamos de acuerdo con avanzar en decisiones que nos permitan reducir el riesgo de afectación al medioambiente. ¡Estamos totalmente de acuerdo con eso! Y es la apuesta de Bogotá, pero eso se hace construyéndolo colectivamente y no con una visión unilateral como lo plantea el gobierno Nacional”.
CAROL MALAVER
SUBEDITORA BOGOTÁ
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