El secuestro e inmediato destierro a Guatemala del obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), monseñor Carlos Herrera, ha generado repudio y condena de parte de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, activistas católicos y grupos opositores que han catalogado la escalada represiva de la dictadura contra la Iglesia católica como «despiadada y anticristiana».
El comunicador, especializado en temas religiosos, Israel González, consultado por Artículo 66, opinó que la represión contra la fe, ordenada por los dictadores Ortega y Murillo, es tan extrema y de niveles nunca antes vistos, al punto que están obligando a la institución católica a regresar al «cristianismo de catacumbas», como a los primeros cristianos en la era del imperio romano.
El obispo jinotegano y presidente de la CEN, se convirtió en el cuarto obispo en ser desterrado del país por alzar la voz en defensa de la fe del pueblo de Nicaragua. De acuerdo con información divulgada a través de redes sociales y confirmada luego por personas ligadas a la Iglesia, el obispo Herrera fue apresado por efectivos de la Policía orteguista luego de regresar de un viaje a la Capital y horas después fue desterrado hacia Guatemala.
Monseñor Carlos Enrique Herrera tiene 75 años, pertenece a la Orden de los Frailes Menores (franciscanos). Es obispo de Jinotega desde 2005.
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Aunque el régimen no ha formulado ninguna acusación contra el religioso ni se ha referido a su destierro, se sabe que el pasado domingo, desde el púlpito, el obispo criticó las interrupciones irrespetuosas a la celebración por parte de fanáticos sandinistas encabezados por el alcalde de Jinotega, Leónidas Centeno, a quien el sacerdote calificó de «sacrílego». Esto habría provocado la furia de los dictadores que ordenaron su destierro.
Cristianismo de catacumbas
El experto en temas religiosos considera que en Nicaragua se está llegando a unos niveles de persecución religiosa «verdaderamente alarmantes», tal como lo demuestra el destierro de monseñor Herrera. «Esto viene a confirmar que en Nicaragua nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los líderes religiosos, la jerarquía católica, está a salvo de la represión por expresar un comentario en una eucaristía», señala González.
«Ya ni siquiera es por expresarse acerca de la situación sociopolítica del país, que es alarmante también, sino por expresar un desacuerdo y exigir respeto para las celebraciones eucarísticas», recalcó el periodista.
Asimismo criticó que los dictadores Ortega y Murillo, en su afán de control absoluto y en medio de la guerra contra la religión, se han erigido como «dueños absolutos del país que hacen lo que les da la regalada gana y que, por lo tanto, ellos deciden quién es nicaragüense, quien no es nicaragüense, quién puede estar en el país, quién no puede estar en el país, incluso ahora parece o pretende de alguna manera decirle a los católicos, quién puede decir algo en misa y quién no puede decir algo en misa, a mí me parece realmente alarmante, alarmante porque estamos llegando a unos niveles de represión que ni las dictaduras latinoamericanas de los años 60, 70 y 80 y ni Fidel Castro en Cuba ejerció».
Advirtió que el país está frente a un nuevo escenario que se abre muy difícil para los católicos, «un escenario de una fe en resistencia, de una fe, como en las primeras comunidades cristianas en el Imperio Romano, una fe de catacumbas, una fe en que se va a tener que practicar en lo pequeño, en lo íntimo, a veces solo la familia», advirtió González.
El obispo Herrera, actualmente detenta el cargo de presidente de la Conferencia Episcopal en Nicaragua, el órgano que reúne a todos los obispos de la provincia eclesiástica de Nicaragua, con una Arquidiócesis, que es Managua, pero con otras diócesis, entre las que se encuentra Jinotega.
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Estaba siendo vigilado desde hace tiempo
La abogada Martha Patricia Molina ha documentado las agresiones sufridas por la iglesia católica en los últimos seis años y es autora del informe Nicaragua: ¿Una iglesia perseguida?. Molina dijo a este medio de comunicación que el obispo jinotegano venía siendo acosado y vigilado por las fuerzas represivas de la dictadura desde hace varios meses.
Para la investigadora, «el destierro del obispo de Jinotega únicamente deja en evidencia la persecución atroz e indiscriminada que sufre la Iglesia católica nicaragüense a manos de la dictadura sandinista».
Molina señaló que el destierro del obispo jinotegano es una represalia de la dictadura porque «no pudieron callarlo ni convertirlo en cómplice» de los tiranos Ortega y Murillo.
Por su parte, Yader Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, detalló que la expulsión arbitraria de monseñor Herrera «simboliza la persecución que viene sufriendo la Iglesia Católica desde 2018, donde principalmente se ha atacado a sus liderazgos».
El activista proderechos humanos explicó que se trata de una «violación a la libertad de culto», y además, una violación a los derechos individuales del religioso, pues al desterrarlo, la dictadura lo deja en una situación de apatridia en Guatemala «porque ya no puede retornar (a Nicaragua) y por lo tanto no cuenta con acompañamiento o con la protección que los estados dan a sus ciudadanos»
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«Estamos hablando de que el presidente de la Conferencia Episcopal fue desterrado por haber dicho que era un sacrilegio no permitirse brindar misa con con total libertad, es decir, que cualquier persona de la Conferencia Episcopal que pueda emitir algún criterio tanto con el destierro del obispo Herrera como los otros sacerdotes que han sido enviados a Roma o a Estados Unidos, o cualquier denuncia que se puede hacer de violaciones a la libertad de culto en Nicaragua puede ser desterrado», lamentó el defensor.
En ese sentido, llamó a los organismos internacionales defensores de los derechos humanos a hacer algo por Nicaragua y a los nicaragüenses que están fuera del país que alcen sus voces por sus hermanos nicaragüenses.
La abogada Molina, en su actualización de datos de persecución religiosa indica que, desde el 2018 hasta la fecha, un total de 261 religiosos católicos han sido expulsados, desterrados o impedidos de regresar al país, de ellos, uno fue el nuncio apostólico, 4 obispos, 141 sacerdotes, 99 monjas, 13 seminaristas y tres diáconos.