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Líderes estatales y locales de todo el país se preparan para una oleada de políticas de inmigración agresivas y posibles deportaciones masivas que el presidente Donald Trump prometió promulgar en las horas y días posteriores a su toma de posesión este lunes.
Trump prometió promulgar “cerca de 100” decretos el primer día de su presidencia, al menos 10 de los cuales estarán relacionados con una de las piedras angulares de su campaña: la inmigración , según dijo un funcionario de la Casa Blanca a CNN durante el fin de semana.
Pocas horas después de su toma de posesión, Trump firmó una serie de decretos en materia de inmigración que impulsarán una campaña de represión de la inmigración. Entre ellos se incluye un decreto para tratar de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una cuestión constitucional que tendría que abordarse a través de una enmienda constitucional o en los tribunales. También firmó una orden declarando una emergencia nacional en la frontera sur de EE.UU. que desencadenaría el despliegue de recursos adicionales del Pentágono y el despliegue de fuerzas armadas para terminar el muro fronterizo.
Durante su discurso de investidura este lunes, Trump reiteró su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas una vez en el cargo.
“Comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo Trump.
Las medidas de inmigración -que casi con toda seguridad serán impugnadas ante los tribunales- podrían crear temor y confusión en ciudades con una fuerte población inmigrante, ya que todos, desde los conductores de autobuses escolares hasta los gerentes de restaurantes y pastores de iglesias, se preguntarán qué hacer si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llama a la puerta.
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Migrantes podrían enfrentar arrestos en iglesias o escuelas, dice Trump
00:30 – Fuente: CNN
Migrantes podrían enfrentar arrestos en iglesias o escuelas, dice Trump
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De hecho, pocas horas después de la toma de posesión de Trump, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) emprendió acciones legales por la decisión de la nueva administración de cerrar una aplicación fronteriza -conocida como CBP One- que permitía a los inmigrantes solicitar asilo.
La ACLU solicitó una reunión inmediata entre las partes en un caso existente contra las restricciones de asilo del expresidente Joe Biden a lo largo de la frontera sur de EE.UU., diciendo que el cierre de la aplicación priva a los migrantes de ese derecho.
La ACLU, junto con varios grupos de derechos civiles y derechos de inmigración, también demandó a la administración Trump este lunes por su intento de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, un pilar central de la agenda de inmigración de Trump. La demanda argumenta que la acción de Trump viola tanto la ley federal como la Constitución, y pide a un tribunal federal que bloquee temporal y permanentemente la orden.
En todo el país, las autoridades estatales y municipales se han estado preparando para la inevitable represión de la inmigración. Y aunque muchos tienen planes para apoyar a las comunidades de inmigrantes -y en algunos casos frustrar la aplicación de la ley federal de inmigración-, otros han expresado su apoyo entusiasta a las políticas previstas por Trump.
Decenas de gobernadores republicanos publicaron el mes pasado una declaración conjunta “en apoyo del compromiso inquebrantable del presidente Donald Trump de hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro abordando la crisis de la inmigración ilegal y deportando a los inmigrantes ilegales que suponen una amenaza para nuestras comunidades y la seguridad nacional”. Los gobernadores, incluidos Ron DeSantis de Florida, Greg Abbott de Texas, y Joe Lombardo de Nevada, sugirieron que están preparados para movilizar recursos de la Guardia Nacional para ayudar con la aplicación de la ley.
Estas son algunas de las formas en que los estados se están preparando para la inminente represión de la inmigración.
La legislación de Colorado prohíbe a las fuerzas del orden estatales y locales cooperar con los funcionarios federales de inmigración en sus esfuerzos por arrestar, detener o recabar información personal de los inmigrantes. Aun así, el estado está formado por un mosaico de municipios con distintas posturas en materia de inmigración.
En la capital, Denver, que se convirtió en un campo de batalla divisivo en el debate sobre la inmigración, los dirigentes municipales se preparan para las agresivas medidas de aplicación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El alcalde Mike Johnston, que provocó la ira de los funcionarios de Trump, dijo que la ciudad fue el mayor receptor de migrantes per cápita de cualquier ciudad del país el año pasado después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, comenzara a transportar a los migrantes a las ciudades lideradas por los demócratas como una afrenta a la administración de Biden.
CNN obtuvo el manual que se distribuye al personal municipal en caso de que los agentes del ICE intenten entrar en edificios y espacios públicos de la ciudad, como hospitales. En él se exponen varios escenarios y se explican los pasos que deben seguir los empleados.
“Parecía bastante claro que esto iba a ser la zona cero para nosotros”, dijo Johnston anteriormente.
Según el manual, si el agente del ICE se muestra hostil o amenaza al empleado con detenerlo, éste debe pedirle su nombre y número de placa, llamar a la oficina del fiscal municipal y preguntarle si puede marcharse.
La política establece claramente que un empleado no debe intentar impedir que un agente federal detenga a alguien.
Los funcionarios municipales también elaboraron un plan de cuatro puntos para responder a las búsquedas previstas del ICE. El plan incluye directrices para colaborar con el Gobierno federal en la detención de delincuentes violentos, de forma similar a lo que se hizo durante el Gobierno de Biden.
Pero la colaboración se queda ahí. Johnston dijo que no ayudarán ni apoyarán las operaciones del ICE en la ciudad, y que llevarán a la agencia a los tribunales si ataca a personas en lugares sensibles, como escuelas e iglesias.
El Departamento de Policía de Denver también tiene políticas en vigor que impiden a los agentes preguntar a los testigos o víctimas de un delito sobre su situación migratoria.
Otras localidades, sin embargo, expresaron su apoyo a las acciones de inmigración previstas por la administración Trump.
En el condado Douglas, hogar de casi 400.000 personas en el sur de Denver, la Junta de Comisionados votó la semana pasada una resolución que aboga por los planes de Trump para expulsar a los migrantes ilegales de Estados Unidos y solicita que se implemente la aplicación de la ley de inmigración en Colorado a pesar de su reputación de estado santuario.
“No es compasivo tener un enorme letrero de bienvenida en nuestro estado cuando realmente no hay un lugar o recursos para apoyarlos”, dijo el comisionado del condado Douglas, Abe Laydon, a KMGH, afiliada de CNN.
Los líderes comunitarios y las fuerzas de seguridad de Chicago están respondiendo a las preocupaciones de los inmigrantes residentes que temen ser objeto de ICE en sus lugares de trabajo, escuela y culto.
El gobernador J.B. Pritzker expresó su apoyo a las familias migrantes en un mensaje en las redes sociales este lunes, pero también compartió recursos sobre los planes de emergencia que las familias deben tener en su lugar. La lista de emergencia incluye la recopilación de documentos vitales y la elección de un cuidador que pueda intervenir si los padres de un niño son detenidos.
La situación es un “caos”, dijo el gobernador a los periodistas este lunes, diciendo que el Gobierno federal no ha comunicado sus planes.
“No podemos impedir que Seguridad Nacional venga al estado de Illinois; tienen permiso para hacerlo”, dijo Pritzker. “De hecho, queremos que vengan a nuestro estado cuando hagan cosas que sean legales, cuando hagan cosas que sean coherentes con los valores del público estadounidense. No nos interponemos en su camino. Defendemos a los ciudadanos de Illinois y nos aseguramos de que no se aprovechen de ellos”.
Las escuelas públicas de Chicago enviaron una carta a las familias asegurándoles que el distrito tiene políticas para proteger a los estudiantes y al personal de la aplicación de la inmigración. Esto incluye políticas aprobadas por la Junta de Educación en noviembre que prohíben a las escuelas ayudar a ICE y evitan que los agentes de ICE ingresen a los campus de las escuelas, a menos que tengan una orden de arresto criminal.
El distrito escolar les está brindando a las familias la formación “Conoce tus derechos” y ha compartido información sobre los recursos legales disponibles para los inmigrantes y refugiados.
La iglesia metodista unida Lincoln, que sirve a una gran congregación hispana y es conocida ser una iglesia santuario de los inmigrantes, canceló los servicios en español en persona por temor a las redadas de ICE, dijo la ev. Emma Lozano. Los servicios en español se celebrarán virtualmente y los servicios en inglés continuarán en persona.
La Asociación de Restaurantes de Illinois estuvo recibiendo llamadas de miembros preocupados de que las búsquedas del ICE puedan afectar a su personal de cocina y servicio. El director ejecutivo de la asociación, Sam Toia, calificó a los trabajadores nacidos en el extranjero como la “columna vertebral” de la industria de la hostelería de Chicago y dijo que animó a las empresas a asegurarse de que sus trabajadores tengan a mano los formularios I-9 de elegibilidad de empleo adecuados.
“Asegúrate de que todas las personas que están trabajando, tengan los documentos en regla, y estoy seguro de que los tienen, y si los inspectores de ICE vienen, que cumplas con ellos”, dijo Toia, transmitiendo lo que les está diciendo a los restaurantes: “Por favor, cumplan con la ley, tal como lo harían si viniera un inspector de salud”.
La administración Trump se prepara para un tenso enfrentamiento con el gobernador de California, Gavin Newsom, y otros líderes estatales que llevan meses planeando medidas para blindar las políticas progresistas del estado, incluidas las protecciones de inmigración, contra el presidente entrante.
El fiscal general de California, Rob Bonta, reiteró este viernes que su oficina apoya a las comunidades inmigrantes y recordó a los residentes que las fuerzas del orden estatales tienen prohibido “investigar, interrogar, detener o arrestar a personas con fines de aplicación de la ley de inmigración.”
“A la luz de la retórica xenófoba del presidente electo y el aumento de la hostilidad hacia las comunidades de inmigrantes que anticipamos, hemos publicado una guía actualizada y recursos para la aplicación de la ley, los fiscales y las víctimas de crímenes de odio”, dijo Bonta en una rueda de prensa.
Varias grandes ciudades de California, entre ellas Los Ángeles y San Francisco, se posicionaron como santuarios para los inmigrantes. Ambas ciudades tienen ordenanzas en vigor que prohíben a los empleados de la ciudad ayudar a ICE a menos que sea requerido por la ley federal.
Apenas unas semanas después de la reelección de Trump, el ayuntamiento de Los Ángeles votó unánimemente a favor de adoptar una ordenanza de “ciudad santuario”. El distrito escolar unificado de Los Ángeles se unió, reafirmando su política que prohíbe al personal escolar cooperar voluntariamente con la aplicación de la ley de inmigración o compartir información sobre el estado migratorio de los estudiantes y las familias con las agencias de inmigración.
La presidenta del Consejo Escolar de Los Ángeles, Jackie Goldberg, antes de retirarse el mes pasado, también dijo que el distrito se “opondrá agresivamente” a cualquier esfuerzo por crear leyes federales que exijan a los distritos escolares cumplir con las acciones de aplicación de la ley de inmigración.
“Sabemos lo que se avecina. Han dicho lo que viene, y queremos decir a nuestros estudiantes y a sus familias y a todo nuestro personal que son bienvenidos aquí”, dijo Goldberg en noviembre.
Bonta prometió impugnar cualquier ley o acción federal que su oficina considere ilegal.
“Si es ilegal, nos veremos en los tribunales y la detendremos”, dijo Bonta.
La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, ordenó este viernes a los funcionarios de seguridad pública y penitenciarios del estado que cooperen plenamente con las autoridades federales de inmigración.
En un memorando enviado este viernes a los líderes del Departamento de Seguridad Pública y del Departamento Correccional de Iowa, la gobernadora republicana ordenó a las agencias que colaboren con las investigaciones administrativas y penales, que se pongan en contacto con las autoridades federales cuando sospechen que se han violado las leyes de inmigración y que atiendan las solicitudes de detención del Departamento de Seguridad Nacional.
La directiva también exige a las agencias estatales que faciliten las transferencias de custodia a las autoridades de inmigración.
En abril de 2024, Reynolds firmó un proyecto de ley de aplicación de la ley de inmigración que permite a la Policía estatal y local detener a los inmigrantes indocumentados que vuelvan a entrar ilegalmente en el país.
Trump y su administración podrían tener un aliado en el alcalde de Nueva York, Eric Adams, que habló abiertamente sobre la crisis migratoria de la ciudad y dijo el mes pasado que está abierto a trabajar con Trump.
“El pueblo estadounidense se comunicó con nosotros alto y claro: Tenemos un sistema roto. Quieren que se arregle. Tenemos que arreglar nuestro sistema de inmigración. Tenemos que asegurar nuestra frontera”, dijo Adams. Y añadió: “No voy a entrar en guerra con esta administración. Voy a trabajar con esta administración”.
Adams, que fue acusado a nivel federal de corrupción pública durante el Gobierno de Biden, pidió que se modifiquen las políticas de santuario de la ciudad, algunas de las cuales están en vigor desde la década de 1980.
Mientras los funcionarios de la ciudad esperan para ver cómo el alcalde cumplirá con los mandatos de inmigración de Trump, las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York han estado preparando a su personal para posibles enfrentamientos con agentes de ICE.
El sistema escolar más grande del país envió un memorando a los directores de las escuelas este mes recordando al personal que los agentes de ICE no tienen permitido el acceso a los terrenos escolares “sin la debida autoridad legal.”
La carta también recalca a los directores que todos los niños de la ciudad tienen derecho a una educación independientemente de su estatus migratorio o de asilo y que el sistema no recopila información sobre el estatus migratorio de ningún estudiante.
Miles de inmigrantes comenzaron a llegar a la ciudad de Nueva York en el verano de 2022 tras ser transportados en autobús desde la frontera de Texas. Aunque el sistema escolar no rastrea el estatus migratorio, casi 45.000 niños migrantes se han inscrito en las escuelas públicas de la ciudad desde julio de 2022, según el Departamento de Educación de la ciudad. Un portavoz del departamento dijo a CNN que habrá recursos adicionales disponibles para el personal y las familias, incluidos varias formaciones de “Conoce tus derechos”.
Después de un amargo enfrentamiento con la administración Biden sobre sus políticas en la frontera sur de EE.UU., los funcionarios de Texas podrían sentirse respaldados por la llegada de un aliado como Trump a la Casa Blanca.
El estado, que está entre las regiones más ocupadas por los cruces de migrantes, fue abrumado en los últimos años por aumentos récord en la llegada de migrantes. En represalia, el gobernador Greg Abbott lanzó la operación Lone Star en 2021, en la que el estado envió en autobús y avión a decenas de miles de migrantes a ciudades dirigidas por demócratas, un acto de represalia contra la administración Biden que recibió elogios de Trump.
Mientras Trump prestaba juramento este lunes, los trabajadores en Texas instalaban más boyas a lo largo de su barrera flotante en el río Grande en un esfuerzo por evitar que los migrantes crucen por agua.
“Espero seguir trabajando estrechamente con el presidente Trump para asegurar la frontera”, dijo Abbott en un post en X. “¡ESTADOS UNIDOS ESTÁ DE VUELTA!”.
Priscilla Álvarez de CNN, Nic F. Anderson, Nayeli Jaramillo-Plata, Kaitlan Collins, Tami Luhby, Paula Reid, Samantha Waldenberg y Artemis Moshtaghian contribuyeron a este informe.
