Cuando el Fiscal General Demócrata de Nevada Aaron Ford publicó una serie de “políticas modelo de inmigración” el mes pasado, se convirtió en las diferencias más recientes en la probable carrera por la gubernatura 2026 entre Ford y el Gobernador Republicano de Nevada, Joe Lombardo.
Defensores de la inmigración sostienen que dichas guías no obligatorias, que asignó la Legislatura para proporcionar un modelo para agencias públicas a las que se les pide que apliquen voluntariamente las leyes de inmigración para el gobierno federal — implican mucho más.
Los defensores argumentan que las políticas públicas son un paso clave para aumentar la transparencia y sugerir cómo y cuándo cumplir con las solicitudes para ejercer la ley migratoria.
A continuación detallamos cómo funcionan dichas políticas y cómo su publicación se politizó tanto.
Cómo funcionan
En general, los gobiernos locales no están obligados a aplicar la ley civil de inmigración, lo que incluye la aprehensión y deportación de personas que no se encuentran legalmente en el país y que de otro modo no habrían cometido un delito penal.
Las agencias policiales de Nevada no están obligadas a ejecutar detenciones civiles de inmigración ni órdenes administrativas emitidas por agentes federales de inmigración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Pero se requiere que esas agencias cumplan con órdenes penales de arresto emitidas por un juez federal o estatal, y varias agencias policiales locales colaboran con el gobierno federal bajo los llamados acuerdos 287(g) que permiten diversos niveles de cooperación con la aplicación federal de inmigración.
Uno de los objetivos de las políticas modelo es generar confianza entre la policía y la comunidad.
“Si las personas en Nevada tienen miedo de interactuar con la policía por temor a la aplicación de las leyes de inmigración, entonces nuestro sistema de justicia penal pierde acceso a testigos y las víctimas se desalentarán y no denunciarán delitos”, señaló la oficina del fiscal general en un comunicado.
Grupos Republicanos que apoyan a Lombardo calificaron las políticas modelo como de “estado santuario”, un término que se refiere a jurisdicciones que prohíben proactivamente a las fuerzas del orden y otros organismos estatales colaborar con el gobierno federal en la aplicación de la ley migratoria. Ford negó que dichas políticas convirtieran a Nevada en un “estado santuario”.
La creación de las políticas modelo de inmigración se ordenaron desde la aprobación de la iniciativa AB376 en 2021. Originalmente buscaban frenar la colaboración entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración, pero la propuesta se anuló después de una fuerte oposición Republicana.
El proyecto de ley en su forma final estableció el Grupo de Trabajo para Mantener a Nevada Trabajando, que buscó reforzar la fuerza laboral del estado después de la pandemia y colaboró con la fiscalía general para desarrollar políticas modelo de inmigración.
La ley solo establece dos requisitos para dichas políticas: “Fomentar la confianza entre la comunidad y las agencias policiales estatales o locales” y limitar en la mayor medida legal posible “la interacción de las agencias policiales estatales o locales con las autoridades federales de inmigración con el propósito de hacer cumplir la ley migratoria”.
Las políticas modelo no son obligatorias, pero las agencias que no las quieran adoptar deben informar por escrito a la fiscalía general y proporcionar una copia de sus propias políticas sobre la cooperación con el gobierno federal.
Las políticas establecen que los trabajadores de agencias policiales locales, tribunales, instituciones educativas, y centros de salud, deben estar lo más desvinculados posible de la aplicación de las leyes de inmigración para enfocarse en sus “responsabilidades principales” y limitar el uso de fondos estatales en políticas federales.
¿Estado santuario?
La publicación de las políticas públicas dio pie a una declaración de la oficina de Lombardo acerca de que el poder ejecutivo está revisando las políticas modelo de inmigración y que “el Fiscal General no tiene la autoridad para hacer de Nevada un estado o jurisdicción santuario”.
Según la oficina del fiscal general, el poder ejecutivo de Nevada no tiene autoridad para cambiar ninguna de las políticas modelo.
Pero el toma y daca entre Ford y Lombardo sirvió como adelanto de un tema relevante de la futura campaña por la gubernatura: inmigración.
Lombardo había expresado su apoyo a algunas propuestas migratorias de Trump, firmando una carta en diciembre pasado junto con otros gobernadores Republicanos diciendo que estaban “totalmente comprometidos” con el plan de deportación de Trump.
Un mes después, el gobernador dijo a The Nevada Independent que no cree que la deportación masiva sea una “política apropiada” sin tomar primero medidas para asegurar la frontera sur.
Ford ha presentado varias demandas contra la administración Trump, incluyendo una propuesta para prohibir la ciudadanía por nacimiento. La fiscalía general también ha organizado talleres “conozca sus derechos” para la comunidad inmigrante de Nevada.
Aun así, Ford sostiene que no apoya las políticas de “estado santuario”.
‘Oportuna’
Aunque las políticas se finalizaron casi cuatro años después de su aprobación, la promotora del proyecto, la Asambleísta estatal Demócrata Selena Torres-Fossett calificó su publicación como “oportuna”.
La legisladora añadió que el proyecto de ley se creó durante la administración Biden y fue una medida preventiva contra la amenaza de Trump de tomar acciones drásticas contra la inmigración durante su primer mandato — algo que, según ella, ya se está implementando.
“Los distritos escolares, hospitales y las instituciones incluidas en estas políticas — no son abogados de inmigración”, planteó Torres-Fossett. “Esta legislación les permite acceder a la información que podrían necesitar para crear políticas que sigan protegiendo a los inmigrantes”.
Las políticas modelo también destacan el texto de una ley estatal de 1911 que prohíbe a agentes del orden público realizar arrestos por asuntos no penales. Según la fiscalía general, eso significa que la presunta presencia ilegal de una persona en los EE.UU. no justifica que una agencia del orden público de Nevada la arreste o detenga, incluso si así lo solicita una agencia federal.
Esa ley podría significar posibles futuros problemas legales para agencias de Nevada que actúen de otra manera, indicó Michael Kagan, profesor de derecho en la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV) y director de la Clínica de Inmigración de esa casa de estudios.
