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En la primera semana de su segundo mandato en la presidencia, Donald Trump firmó más de 40 órdenes ejecutivas (muchas de las cuales podrían ser impugnadas o ya lo están siendo en tribunales) que podrían tener un impacto significativo en Nevada.
Varias de esas órdenes son intencionalmente imprecisas, pero han inquietado a varios Demócratas que representan a Nevada en el Congreso.
A continuación presentamos algunos puntos destacados y lo que podrían significar para Nevada.
Redadas de ICE
Trump autorizó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a realizar redadas en escuelas, juzgados y centros religiosos — lo que había estado fuera del alcance desde 2011.
Él también expandió la política de “deportación expedita” o “acelerada”, que permite a funcionarios federales deportar a migrantes en la frontera sin una solicitud de asilo documentada antes de que obtengan una audiencia con un juez de inmigración, para incluir ahora a cualquier persona en los EE. UU. que no pueda demostrar que ha estado en el país durante más de dos años.
El Departamento de Justicia también ha instruido a fiscales federales proceder contra funcionarios locales que no cooperen con la aplicación de las leyes federales de inmigración.
En conjunto, es una clara expansión del poder del gobierno federal para detener y deportar a inmigrantes indocumentados — un esfuerzo que tendría enormes implicaciones económicas y personales en Nevada, ya que el estado tiene el porcentaje más alto de trabajadores no autorizados en el país.
Las Vegas no es una ciudad santuario ni está preparando políticas relacionadas — y aún queda ver cómo funciona una campaña de deportación masiva.
El Alguacil del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) Kevin McMahill, dijo que la política de esa agencia no será aplicar la ley de inmigración, sino notificar a ICE si una persona nacida en el extranjero es acusada de ciertos delitos, incluyendo conducir bajo el influjo de sustancias, violencia doméstica o cometer un delito grave violento.
Las redadas de inmigrantes, aseguró McMahill a 8 News Now, “no son mi trabajo”.
¿Eso podría poner a LVMPD en la mira de la política del Departamento de Justicia de perseguir penalmente a entidades locales que no cumplan? Los integrantes de la delegación que representa a Nevada en el Congreso no están seguros de la respuesta.
“Por lo que he visto en la declaración del departamento de policía, ese sería uno de los departamentos sujetos a esa [política]”, señaló la Congresista Demócrata por Nevada Susie Lee. “No puedo hablar por ellos”.
Y la Senadora Demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto señaló que el efecto real de las órdenes ejecutivas de Trump hasta ahora es desalentador.
“Lo que él quiere hacer — no solo en la frontera, cerrarla por completo — sino abarcar el interior, entrar en nuestras comunidades y deportar a quien crean que cae dentro de esta amplia categoría, incluyendo ciudadanos estadounidenses”, dijo Cortez Masto. “Está generando miedo en nuestras comunidades, con justa razón, y eso es indignante desde mi punto de vista — y para nuestros negocios”.
Si bien las consecuencias de las órdenes ejecutivas aún están por verse, los Demócratas también están explorando su propia respuesta política sobre inmigración.
Los seis representantes de Nevada en el Congreso votaron a favor del Acta Laken Riley, que ordena la detención de inmigrantes indocumentados por delitos no violentos, y será el primer proyecto de ley significativo que firme Trump, una señal de cómo los Demócratas no están tan unidos en sus mensajes sobre inmigración como antes.
Lee señaló que sus primeros principios con respecto a inmigración son que la frontera se debe proteger, que los inmigrantes que cometen delitos deben ser deportados, que el sistema de inmigración está roto — y que la fuerza laboral inmigrante es vital.
Ciudadanía por derecho de nacimiento
Esta fue la gran medida que acaparó los titulares, y la que tiene menos probabilidades de entrar en vigor. Trump firmó una orden ejecutiva el lunes pasado que establece que niños nacidos en los EE.UU. cuyos padres no tienen estatus legal, o que tienen un estatus legal temporal, no son ciudadanos estadounidenses.
La orden abarcaría a todos los niños nacidos después del 19 de febrero — incluyendo bebés nacidos en Nevada cuyos padres tengan visas de trabajo o de estudiante.
La mayoría de los expertos dicen que esa interpretación choca con la 14ª. Enmienda de la Constitución y representa un caso histórico para la Corte Suprema al retomar la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo cual no aplica desde la década de 1890.
Demócratas de Nevada condenaron la orden y un grupo de fiscales generales la impugnaron en los tribunales, incluyendo el procurador local Aaron Ford.
Para el jueves, un juez federal ya había dictaminado a favor de los demandantes bloqueando a la administración Trump para que no implemente la política durante los próximos 14 días mientras el caso sigue su curso en los tribunales.
