Por Will Weissert – The Associated Press
Pocas cosas dicen más de Estados Unidos que el rancho de Janille y Tom Baker, con su ganado pastando, su desierto salpicado de matorrales y sus montañas cubiertas de nieve.
El rancho, en una zona remota del este de Nevada, produce alrededor de 10,000 toneladas de heno al año y combina la cultura vaquera con una pizca del Destino Manifiesto. Los conejos, las ardillas de tierra y algún que otro tejón siempre superan en número a los humanos, y el cielo nocturno es lo suficientemente oscuro como para contar las estrellas.
El negocio de los Baker no podría sobrevivir sin un programa de trabajadores agrícolas invitados que trae inmigrantes mexicanos durante unos nueve meses al año para ayudar a cosechar los cultivos en campos donde las temperaturas superan con frecuencia los 100ºF (37.8ºC).
“Cuando la gente se queja de que los trabajadores extranjeros les están quitando el trabajo, pongo los ojos en blanco“, dijo Janille Baker, quien lleva la contabilidad del rancho. “En cualquier industria, todo el mundo está tratando de encontrar ayuda. Así que esta postura antiinmigratoria no tiene mucho sentido para mí. Si todo el mundo necesita trabajadores, ¿cómo piensa cubrir esos puestos de trabajo?”
El rancho sigue las normas federales que exigen anunciar los puestos disponibles y ponerlos a disposición primero de los ciudadanos estadounidenses. Pero en los últimos seis años, sólo dos estadounidenses preguntaron por puestos de trabajo. Un tercero fue en persona, pero se fue después de ver lo que implicaba el trabajo.
La inmigración se ha convertido en una fuente de miedo y frustración para los votantes en estas elecciones presidenciales, con posibles resultados que podrían llevar a Estados Unidos por dos caminos radicalmente diferentes. En ningún otro lugar hay tanto en juego como en Nevada, donde el 19% de los residentes ha nacido en el extranjero y alrededor del 9% de la fuerza laboral total no tiene estatus legal en Estados Unidos.
La afluencia de cruces fronterizos ilegales ha agotado los recursos de las ciudades y los estados en todo el país, incluso en los bastiones demócratas. Y, sin embargo, la inmigración ha impulsado el crecimiento del empleo de maneras que fortalecen la economía y mejoran la salud fiscal del Gobierno federal.
Si bien en la política el tema migratorio tiende a irse a los extremos, la inmigración es en realidad increíblemente compleja, un hecho que se revela todos los días en Nevada.
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Los votantes dicen que es uno de sus temas más importantes en noviembre. La forma en que se pronuncien sobre la inmigración, eligiendo las propuestas de línea dura del expresidente Donald Trump para las deportaciones masivas o los llamados de la vicepresidenta, Kamala Harris, para una vía a la ciudadanía para millones de personas que están en el país ilegalmente y han estado aquí durante años, determinará en gran medida el resultado.
A casi 300 millas (480 kilómetros) al sur de Baker Ranch, Las Vegas recibió casi 41 millones de turistas el año pasado, y está viendo cómo el tema de la inmigración se desarrolla de manera diferente, pero paralela.
“Hay mucho miedo”, dijo Nancy Valenzuela, una empleada doméstica de 48 años que trabaja en el casino Strat. “Hay gente que no tiene documentos. Dicen: ‘Nos quieren echar a todos’”.
Valenzuela planea votar por Harris. Pero otros solo pueden observar y esperar que su estilo de vida no se vea trastocado. “Estamos aquí, apuntalando al país para que la economía no se derrumbe”, dijo Haydee Zetino, que limpia las lujosas suites del hotel Harrah’s Casino en la famosa strip de Las Vegas. Ella es una inmigrante de El Salvador con solo un estatus de protección temporal en Estados Unidos y no puede votar.
Los absolutos superan a los matices
Si Trump deportara a los 11 millones de inmigrantes que no tienen estatus legal en Estados Unidos, como ha sugerido, el riesgo colateral podría extenderse a toda la economía. Las pérdidas de empleos de Nevada por sí solas podrían casi igualar las que sufrió durante la crisis financiera de 2008. Más del 10% de la población de Nevada vive en hogares con al menos un inmigrante en el país de manera ilegal, según estimaciones del grupo de defensa Fwd.us.
“En nuestra maravillosa economía de 24 horas, sabemos que estos hoteles y casinos no podrían, no deberían, no tendrían la capacidad para abrir todos los días sin inmigrantes”, afirmó Peter Guzmán, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio Latina de Nevada.
Trump también podría revivir los esfuerzos que hizo durante su primer mandato para cancelar los programas que han extendido el estatus legal temporal a Zetino y cientos de miles de personas más.
Harris ha pedido un trato humano en la frontera, en particular para los niños y las familias, y que se permita que los inmigrantes que llevan mucho tiempo en el país obtengan la ciudadanía. Pero también ha prometido revivir un paquete bipartidista que Trump obligó a los republicanos del Congreso a desechar, que buscaba proporcionar 20,000 millones para la aplicación de la ley de inmigración y reglas más estrictas para los inmigrantes que buscan asilo en Estados Unidos.
Las recientes órdenes de la Administración Biden han impuesto restricciones de asilo cuando la frontera está abrumada. La vicepresidenta recientemente caminó por la frontera con México en Douglas, Arizona, y pidió medidas más duras a pesar de que su Administración ha visto caer drásticamente los arrestos por cruces fronterizos ilegales en los últimos meses, incluso acercándose a los niveles registrados durante el último año de Trump en la Casa Blanca.
Una encuesta publicada el mes pasado por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research mostró que Trump tiene una ventaja sobre su rival demócrata en cuanto a en quién confían los votantes para gestionar mejor la inmigración (44% contra 37%), una brecha que la campaña de Harris ha buscado reducir moviéndose más hacia el centro en el tema.
Los inmigrantes dicen que la presión bipartidista para endurecer la postura en la frontera ha empañado el problema más amplio de maneras que a menudo son demasiado complicadas para ser desglosadas fácilmente en líneas ideológicas.
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“Creo que nuestro enfoque está completamente dirigido a la frontera y no hacia las personas que ya están aquí y han estado aquí durante muchos, muchos años”, dijo Erika Márquez, organizadora de justicia para inmigrantes del grupo de defensa Make the Road Nevada, y beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, una iniciativa de la era de Obama que otorga protecciones limitadas a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.
El Pew Research Center estima que 11 millones de personas viven ilegalmente en Estados Unidos. Los estados grandes como California, Texas y Florida tienen un número mayor de personas que potencialmente podrían tener incluso más influencia en las fuerzas laborales y las comunidades. Pero todos esos estados son sólidamente republicanos o demócratas en las carreras presidenciales, y no es probable que influyan en la elección como podría hacerlo Nevada, que está en disputa.
En el condado de Clark, que abarca Las Vegas, representa alrededor del 75% de la población del estado e incluye un número considerable de trabajadores de la industria de la hostelería representados por el poderoso Sindicato Culinario de Nevada, que ha apoyado a Harris.
Pero Trump espera captar allí a votantes poco frecuentes, y obtener buenos resultados en gran parte del resto del estado, que tiende a ser rural y conservador. Sin embargo, el condado de Washoe, donde se encuentra Reno, es un eterno cara o cruz. Los votantes también pueden elegir a “ninguno” de los candidatos presidenciales, lo que se suma a la famosa naturaleza voluble del electorado de Nevada.
María Nieto, presidenta de los Jóvenes Demócratas de Nevada, también defendió las protecciones de la era Obama para los inmigrantes que llegaron siendo niños. Afirmó que, mientras crecía, siempre le enseñaron a no hablar nunca de su situación legal. Ahora, sin embargo, Nieto, está haciendo usando su historia para motivar a la gente a ejercer el derecho al voto que ella no tiene.
“A veces creo que la gente no se da cuenta de lo personal que es esto”, comentó.
Las consecuencias económicas tras la jornada electoral podrían ser aún más nefastas.
Un grupo de investigadores dirigido por Warwick J. McKibbin, profesor de Economía de la Universidad Nacional de Australia, descubrió que expulsar a los trabajadores que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos reduciría drásticamente la oferta de mano de obra en los sectores de la minería, la agricultura, los servicios y la industria manufacturera. Deportar incluso a 7.5 millones de trabajadores podría recortar el Producto Interior Bruto Real en 12%.
Si Nevada perdiera a todos los trabajadores que están en el país ilegalmente, las cifras del Departamento de Trabajo sugieren que las pérdidas directas de empleo serían aproximadamente tan grandes como las de la crisis financiera de 2008, que paralizó el turismo, desencadenó una ola de ejecuciones hipotecarias en el mercado inmobiliario y costó al estado alrededor del 9.3% de sus puestos de trabajo durante la Gran Recesión posterior.
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Es posible que la redada de personas que se encuentran ilegalmente en el país no incluyan a personas como Zetino, Márquez y Nieto, ni a los trabajadores invitados del rancho Baker, todos los cuales tienen autorización para estar en Estados Unidos.
Zetino, de 62 años, obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) desde que llegó tras un gran terremoto en 2001 en El Salvador, pero vio cómo Trump intentaba eliminarlo durante su mandato.
“Esta gente no tiene conciencia”, dijo sobre los partidarios de la deportación masiva. “Creen que pueden levantar el país, sacar adelante la economía, pero no piensan en los de abajo”.
“No hay problema con la gente que quiere venir aquí legalmente”
Trump ha hecho de la seguridad fronteriza un himno no oficial de su campaña, y ha denunciado constantemente la “invasión” de personas que inundan el país ilegalmente. Al mismo tiempo, ha respaldado más visados temporales para extranjeros cualificados, al decir en un reciente encuentro con votantes en la cadena Univision: “Queremos trabajadores, y queremos que vengan, pero tienen que venir legalmente, y tienen que amar a nuestro país”.
Pero el expresidente también ha intensificado últimamente sus ataques contra las personas con TPS, incluyendo la difusión de falsedades sobre los haitianos que viven legalmente en Ohio, de quienes ha dicho que se roban y comen las mascotas, y ha amenazado con deportarlos si gana en noviembre. Trump ha avivado aún más las tensiones al sugerir que los inmigrantes que entran ilegalmente en Estados Unidos lo hacen para quitar expresamente puestos de trabajo a los estadounidenses negros e hispanos.
Sin embargo, algunos de los principales partidarios de Trump en Nevada son más cuidadosos a la hora de hacer distinciones entre los inmigrantes que están aquí legalmente y los que no. Entre ellos está el John Lee, ex alcalde de North Las Vegas, quien ha recibido el apoyo de Trump en su carrera hacia el Congreso: “Ahora mismo nos estamos quedando sin mano de obra”.
“No tenemos ningún problema con la gente que quiera venir aquí legalmente”, comentóLee. “Los formaremos y trabajarán, y así disfrutaremos todos de las ventajas de Estados Unidos”. Pero dijo que la gente que está en el país ilegalmente, por el contrario, ha contribuido a aumentar los índices de delincuencia, incluidos los robos en obras de construcción.
Sin embargo, otros conservadores son más explícitos sobre el daño económico que podrían causar unas políticas de inmigración más duras.
Guzmán, de la Cámara Latina, ha organizado encuentros en los que se examina cómo se ha ralentizado la construcción en Las Vegas por no poder encontrar suficientes trabajadores. Ha presionado para ampliar los programas de trabajadores invitados, y señaló en una llamada con un grupo de defensa de los inmigrantes: “Estoy registrado como republicano, y no todos somos iguales en este tema”.
Florisela López Rivera ha visto ese matiz de primera mano y le preocupa que la política se imponga a la decencia.
López Rivera, quien lava vajillas en el casino Wynn de Las Vegas, es originaria de El Salvador y obtuvo el TPS temporal tras la devastación causada por el huracán Mitch en 1998. Recientemente obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos, después de que su esposa obtuviera la ciudadanía, por lo que es poco probable que se enfrente a la deportación bajo ninguna circunstancia.
López Rivera es miembro del Sindicato de Trabajadores Culinarios, que representa a 60,000 trabajadores de mayoría hispana en Las Vegas y Reno. Partidaria de Harris, López Rivera hace campaña a nombre de su sindicato para defender a la vicepresidenta y destaca que Harris es hija de inmigrantes.
Habla español mientras llama a las puertas y dice que se encuentra con algunas personas que le dicen: “Me encanta Trump”. Incluso entonces, ella trata de involucrarlos en lugar de simplemente darles la espalda.
“Cuando nos centramos en lo negativo, perdemos el lado humano de las cosas”, dijo López Rivera.
Apoyo bipartidista a incrementar la seguridad en la frontera
Los llamamientos de Harris para endurecer las normas de asilo e intensificar la aplicación de la ley en la frontera ponen de manifiesto hasta qué punto los votantes de ambos partidos quieren tener mano dura en la zona.
“Todos los que conozco, republicanos o demócratas, creen que la seguridad en la frontera es importante”, dijo Edgar Flores, senador demócrata por el estado de Nevada y abogado especializado en inmigración. “Tenemos problemas reales con las drogas, con las bandas, con la violencia”.
Pero implementa, incluso parcialmente, deportaciones masivas, dijo, y “vas a perturbar las industrias más esenciales en Nevada, y eso se va a reflejar en todo el país”.
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Márquez, de Make the Road Nevada, dijo que su organización acepta que debe haber controles más estrictos en la frontera, pero agregó: “Creo que mucha gente y –el propio Trump– tiene esta idea irracional de que estamos aquí y no somos buenas personas”.
“Todos somos clase trabajadora”, señaló Márquez, que nació en León, México, e inmigró a los 3 años, cuando su abuela pagó a contrabandistas para que la llevaran a ella y a su madre, entonces embarazada, a Estados Unidos. «Todo lo que queremos es poder dar comida, refugio y una buena educación a nuestros hijos y simplemente poder crecer como comunidad”.
Según una encuesta reciente de Scripps News/Ipsos, el 86% de los republicanos apoya “firmemente” o «en cierta medida» las deportaciones masivas, pero también lo hace el 25% de los demócratas. En general, el 54% de los votantes está a favor de expulsar del país a millones de personas, por encima del 42% que se opone, mientras que un tercio de los estadounidenses considera que asegurar la frontera entre Estados Unidos y México es la principal prioridad del país en materia de inmigración, según la encuesta.
No se encuentra quién haga el trabajo
De vuelta al rancho Baker, el programa de visados H-2A trae trabajadores inmigrantes a los campos. Cosechan heno, controlan las malas hierbas y riegan equipos o a mano, para lo que construyen pequeñas presas usando lonas que arrastran a diferentes áreas para que los cultivos puedan sumergirse mejor en el agua.
Durante el primer mandato de Trump, la participación en el programa H-2A aumentó, pero el expresidente también propuso una norma justo antes del final de su mandato que habría congelado los salarios de los trabajadores agrícolas durante dos años, relajado los requisitos para el alojamiento de los trabajadores y restringido los gastos de transporte que se les podían reembolsar. El Gobierno de Biden las eliminó, pero impuso nuevas normas que, según él, protegen mejor a los trabajadores, y la participación en el programa ha aumentado aún más.
Tom Baker es copropietario del rancho junto con sus hermanos. La granja comenzó a operar en 1954, casi dos décadas antes de que se la zona fuera electrificada. Lo llama “trabajo duro y caluroso” que es “un poco miserable”.
“Este tipo de granjas, sin inmigrantes, serían inviables porque no se puede conseguir a nadie que venga a hacer el trabajo“, afirmó Baker, de 54 años. “El salario no es el problema. Es si la gente vendrá a hacer el trabajo”.
El suelo –enriquecido por días calurosos y noches que se vuelven más frescas debido a las mayores elevaciones– puede dar un heno de alta calidad, parte del cual se destina a centros de carreras y caballos de polo como West Palm Beach, Florida, sede del club Mar-a-Lago de Trump.
El rancho tiene 26 empleados, cinco de ellos inmigrantes H-2A. Muchos de los peones más veteranos del rancho llegaron hace suficiente tiempo como para obtener el estatus legal estadounidense a través de programas de los años 1980. Algunos tienen hijos que nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos, aunque uno de sus padres o ambos no lo sean.
Los trabajadores invitados declinaron hacer comentarios, no queriendo atraer una atención indebida. Sin embargo, tres generaciones de trabajadores inmigrantes del rancho proceden en su mayoría de las ciudades de Apozol y Juchipila, en el centro-norte de México.
Los primeros ya tienen hijos mayores. Algunos de ellos trabajan en el rancho y han tenido sus propios hijos, que ahora están en la secundaria y trabajan allí durante los veranos. La mujer de un antiguo empleado tuvo a su bebé en un vehículo del rancho de camino al hospital, a unos 80 millas (130 kilómetros) de distancia.
Janille Baker, de 51 años, no es fanático de Trump, pero también se ha exasperado a veces con las regulaciones de la Administración Biden. Entre ellas, pequeñas cosas como que las viviendas de los inmigrantes tengan que tener puertas contra mosquitos, a pesar de tener aire acondicionado y estar ya equipadas con mallas en las ventanas.
“Es una papa caliente y cada parte se la lanza a la otra. Y, sinceramente, ambos tienen la culpa”, comentó sobre la inmigración. “Va a llegar un momento en que habrá que ocuparse de ello. No se puede seguir utilizando el alarmismo y asustando a la gente, y luego ser críticos con las personas que hacen o no quieren hacer el trabajo”.
