Defensores de los inmigrantes se muestran preocupados por la proliferación de ordenanzas municipales o propuestas legales que buscan incrementar la seguridad, como en el caso de la incautación de vehículos en Aurora (Colorado), y que sin embargo generan un impacto desproporcionado para los indocumentados.
“Son estrategias de exclusión que, deliberadas o no, impactan a los inmigrantes mucho más que a otros grupos”, dijo a EFE Salvador Sarmiento, director de campaña de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON, en inglés).
El activista agrega que una buena parte de las nuevas leyes locales y estatales “responden al miedo infundido” por el presidente electo de EEUU, Donald Trump, sobre “el caos” que existe en el país.
Un ejemplo de esta retórica es Aurora, que estuvo en el foco nacional después de que durante la campaña electoral el republicano asegurara que el Tren de Aragua, una banda criminal nacida en una cárcel venezolana, se había apoderado de la ciudad de unos 400.000 habitantes.
Trump incluso usó el nombre de la ciudad para bautizar como ‘Operativo Aurora’ a uno de sus planes de deportación de criminales.
Los dirigentes de esa municipalidad se han desmarcado de la retórica del republicano y han advertido que la ciudad está bajo control y no enfrentan problemas de seguridad.
El ayuntamiento local aprobó la Sección 134-37, que otorga a la policía de Aurora la autoridad para incautar vehículos bajo circunstancias específicas, con el objetivo de “garantizar la seguridad pública y el cumplimiento de las normas de tránsito”.
“Para que un vehículo sea remolcado, debe cumplir con tres criterios: no tener matrícula actualizada, carecer de seguro, y que el conductor no tenga licencia. Si solo cumple con uno o dos de esos criterios, no necesariamente será remolcado”, explicó a EFE la oficial Sydney Edwards, portavoz del Departamento de Policía de Aurora (APD, en inglés).
Desde que la medida entró en vigor el pasado 23 de septiembre, se han confiscado 52 vehículos, según informó la oficina del alcalde de Aurora, Mike Coffman. También se han emitido decenas de citaciones.
Mayores cargas para los indocumentados
Aunque la normativa aplica a todos por igual, los inmigrantes indocumentados podrían verse afectados de manera desproporcionada debido a las barreras para obtener licencias y registros válidos.
En una reunión reciente del concejo municipal de Aurora, la concejal Crystal Murillo advirtió que la normativa podría imponer “una carga aún mayor” sobre quienes no pueden pagar los costos de mantener un automóvil en regla.
Los propietarios de los vehículos remolcados tendrán 30 días para recuperarlos, pero deberán pagar multas y costos asociados, además de presentar licencia, registro y seguro en regla. Aquellos vehículos que no sean reclamados serán subastados.
Sarmiento señala que esta clase de normas “hacen miserable” la vida de los inmigrantes de bajos recursos y también los exponen a encuentros no deseados con las autoridades.
Un reporte del Immigration Policy Center (IPC) resalta que algunos inmigrantes indocumentados conducen sin licencia por necesidad, ya que el transporte en automóvil suele ser indispensable para trabajar y acceder a servicios básicos.
La experiencia inicial en Aurora ya ha llevado a otras ciudades vecinas a implementar normativas similares. En Broomfield, la policía puede remolcar vehículos considerados “inseguros” para circular. A nivel nacional, ciudades como Kansas City y Chicago también han endurecido sus reglamentaciones de transito.
“Los políticos locales y estatales están enfrentando un dilema: ¿Cómo van a encarar el discurso antiinmigrante en sus agendas? ¿Tendrán la valentía de defender a los indocumentados?”, se pregunta Sarmiento.
NDLON ha iniciado una serie de asambleas populares alrededor del país para educar a los jornaleros y miembros de la comunidad sobre sus derechos. “Tenemos que unirnos y luchar juntos como comunidad, demostrar que no estamos solos, y además orientar a los inmigrantes sobre las nuevas leyes y ordenanzas”, apuntó el activista.
En Aurora, la implementación de esta nueva medida apenas comienza. “Esto es solo el principio”, afirmó el agente Matthew Longshore, portavoz del APD, en una declaración escrita.
Según Longshore, las operaciones se ampliarán a otras principales carreteras de la ciudad, con un enfoque combinado en infracciones de registro y conducción insegura.
Francisco Miraval.
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