Tras comenzar su primer trámite legislativo en marzo y ser aprobada en general el 31 de mayo, la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados despachó este miércoles el proyecto que busca reformar la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), dando paso a su tramitación en la comisión de Hacienda de la Cámara Baja.
La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la fiscalización e incentivar el cumplimiento ambiental, además de avanzar en un modelo que permita agilizar la toma de decisiones, fijar reglas claras y dar respuestas más eficientes a los interesados. Para esto, el proyecto considera modificaciones -que fueron analizadas durante la discusión en particular por los parlamentarios de la Comisión de Medio Ambiente- que apuntan a robustecer el marco institucional de la SMA.
Tras el despacho de la reforma, en un comunicado, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró el avance y señaló que “fortalecer la Superintendencia es robustecer la fiscalización ambiental. Estamos dando un enorme paso porque una mejor la fiscalización significa proteger nuestro medioambiente y nuestro patrimonio natural. Que este proyecto avance es una excelente noticia para nuestro país”.
Mientras, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, agregó que “es una muy buena noticia cuando las instituciones se fortalecen, con eso todas y todos ganamos. Este proyecto tiene un objetivo muy claro que es proporcionar herramientas más eficientes y eficaces a la SMA para no solo realizar una mejor fiscalización ambiental, sino, además, fomentar el cumplimiento de la normativa por parte de los regulados”.
Además, indicó que “estas modificaciones a la ley orgánica de la Superintendencia se enmarcan en la necesidad urgente de resguardar la salud de las personas y la riqueza natural de Chile y, con esto, garantizar el derecho de vivir en un medioambiente libre de contaminación”.
Los detalles de la propuesta
Entre otras materias, el proyecto propone una mejora en la gestión de las denuncias, estableciendo plazos más acotados para informar sobre la admisibilidad y la entrega de resultados. Además, se contempla la posibilidad de que el denunciante mantenga la reserva de identidad durante la etapa de investigación y que, en los casos de ruidos molestos -de establecimientos no industriales o que no cuenten con Resolución de Calificación Ambiental (RCA)- sean las municipalidades quienes estén a cargo de la fiscalización y los Juzgados de Policía Local de las sanciones.
Asimismo, se propone la creación de un procedimiento sancionatorio simplificado para las infracciones que sean clasificadas como leves; se introducen vías alternativas de cumplimiento para los casos en que no exista afectación al medioambiente o salud de las personas -ni riesgo significativo de afectarlos- y se trate de desviaciones normativas de menor entidad (la SMA podrá aplicar mecanismos como cartas de advertencia y planes de corrección, entre otros); y se amplía la potestad cautelar de la SMA para dictar medidas en casos de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y cuando una actividad industrial genere riesgo grave e inminente al medioambiente o la salud de las personas.
