Fotografía cedida por la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC) de una manifestación en contra de las deportaciones en Colorado (EE.UU.). EFE/CIRC
Francisco Miraval |
Denver (EE.UU.) (EFE).- Con unos 162.000 inmigrantes en peligro de deportación, la comunidad y políticos en el estado de Colorado se preparan con líneas de ayuda telefónica, guías de derechos e iniciativas legislativas para defender a los migrantes de las expulsiones y de la previsible cooperación directa de la policía con agentes federales.
Así como en enero de 2017, cuando el presidente Donald Trump asumió su primer mandato, la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC) ya puso en marcha este año varias estrategias como la reactivación de la Línea de Respuesta Rápida de Colorado en caso de operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).
Además, reinició los talleres y entrenamientos de ‘Conozca sus derechos’ y comenzó la difusión de las guías ‘Paquetes de preparación familiar’, con información sobre qué deben hacer las familias para estar listas ante operativos de inmigración.
«En Colorado hemos construido un estado donde la unidad y la resiliencia han vencido al miedo y al odio», expresó Gladis Ibarra, codirectora ejecutiva de la CIRC.
«No permitiremos que el odio desmorone los avances que tanto nos ha costado lograr», agregó esta semana en rueda de prensa en el Capitolio estatal.
El riesgo de las familias mixtas
Henry Sandman, codirector ejecutivo de CIRC, puntualizó que en Colorado uno de cada diez niños tiene un padre inmigrante.
Además, unos 162.000 inmigrantes estarían en riesgo de ser deportados, afectando directamente sectores clave de la economía local, como la construcción, la agricultura, la hostelería y la industria de los alimentos.
A nivel nacional, unos 16 millones de estadounidenses viven con un familiar indocumentado, indicó Sandman.
«Juntos, defenderemos a cada familia y vecino de políticas basadas en el odio», afirmó Sandman.
La CIRC convocó una marcha y un día de acción para este sábado en la plaza de Aurora, la cual se programó para el pasado lunes, día en que asumió un segundo mandato Trump, pero que se pospuso debido al frío polar en la región.
Más del 50 % de estudiantes hispanos
Por otro lado, varios distritos escolares, como el de Denver, donde el 53 % de los 90.000 estudiantes es de origen hispano, y el de Aurora, que según ellos no permitirán la entrada de agentes de ICE a sus edificios.
Otros distritos con fuerte presencia hispana, como Cherry Creek, al sur de Denver, y Greeley, en el norte del estado, dijeron que tuvieron reuniones sobre el tema, pero no ofrecieron otros detalles.
Las legisladoras del estado demócratas Junie Joseph (nacida en Haití) y Naquetta Ricks (de Liberia y la primera persona de origen africano en resultar electa para la legislatura de Colorado) señalaron por su parte que impulsarán leyes locales que protejan los derechos de los inmigrantes y que reafirmen una prohibición vigente de que las fuerzas del orden locales cooperen con ICE.
Esta semana los legisladores estatales del Partido Repúblicano Mark Baisley y Max Brooks ya dieron un primer paso para facilitar esa cooperación, pero enfrentan a los demócratas, que son mayoría en ambas cámaras.
Sin embargo, se anticipa que distintas jurisdicciones y condados van a cooperar con ICE, como ya lo anunciaron autoridades del condado Douglas, al sur de Denver.
La situación empeora para los inmigrantes, que ya enfrentan retos de vivienda.
Situación difícil para los inmigrantes en Colorado
La Red de Acción de Viviendas de Denver (HAND, en inglés) dio a conocer esta semana un informe sobre la situación de los inmigrantes sin techo, sea en situación de calle o en albergues u hoteles, la mayoría de ciudadanos que vienen de Venezuela y Colombia que llegaron a la zona de Denver durante los últimos dos años.
El informe se basa en encuestas y entrevistas con unos 240 inmigrantes y en visitas a los centros de alojamiento.
HAND encontró que la falta de trabajo y de transporte propio es el principal obstáculo para encontrar vivienda estable y que tres meses en un hotel o en albergue del municipio no son suficientes para asegurar vivienda propia.
Además, los alojamientos de inmigrantes que recibieron una visita tuvieron serios problemas, desde falta de agua hasta habitaciones con inundaciones, así como la falta de suficientes baños y mínimas medidas de seguridad.
«Sin una resolución rápida, esta situación solo empeorará, especialmente porque estas comunidades (de inmigrantes) han sido cada vez más acosadas y atacadas por las fuerzas del orden,» dice el reporte.
