Las entidades convocantes, entre las que se encuentran Salhaketa Nafarroa, Sos Racismo y Pastoral Penitenciaria, han descrito como «racismo institucional» la situación que viven los migrantes presos.
«La Ley de Extranjería excluye a las personas extranjeras del acceso a derechos básicos negando, incluso, derechos fundamentales, categorizándonos como ciudadanas de segunda clase», han denunciado.
Asimismo, han criticado la «selectividad penal» de las instituciones que persiguen más unos delitos que otros y a unas personas que a otras.
La combinación del Código Penal y la Ley de Extranjería, a juicio de los convocantes (Salhaketa Nafarroa, Sos Racismos, PIM-MIG, Pastoral Penitenciaria, Mugak Zabaldu, Paris 365, Haritu, Elkarte, Sare-VIH, BDZ y SEI), hace imposible la «supervivencia» de las personas migrantes.
También han censurado la criminalización que sufre el colectivo y el hecho de que no se ponga en foco en las causas que pueden empujar a esta comisión de delitos.
Asimismo, recuerdan que las personas presas tienen un derecho a la reinserción que se vulnera de forma sistemática y que llega al extremo de que, el último día de condena, quien les espere a la salida de la prisión sea la Brigada de Extranjería para expulsarlos del país.
«No aceptamos un sistema penitenciario que, en lugar de dar segundas oportunidades, destruye vidas», han manifestado.
Denuncian, asimismo, que la carencia de papeles en regla fuerza a estas personas a acudir a la economía sumergida o les conlleva no acceder a las prestaciones mínimas para una vida digna.
«Creemos que acabar con el Racismo estructural, pasa por invertir la lógica del castigo, construir una alternativa posible al actual sistema que nos categoriza, nos discrimina y nos oprime, para luego justificar las múltiples violencias estructurales», sostienen.
