La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, decidió otorgar la portavocía del proyecto sanitario de Sumar en esta XV legislatura al médico Rafael Cofiño, quien fuera director general de Salud Pública del Principado de Asturias durante la crisis del coronavirus. Con un discurso técnico que rehúye el titular fácil, Cofiño defiende, desde la mesura, los principios con los que el movimiento de izquierdas concurrió a las elecciones generales de 2023, formen parte o no del acuerdo de Gobierno sellado con el PSOE.
El diputado recibe a Redacción Médica en el salón Argüelles del Congreso de los Diputados, un breve alto en el camino de una apretada agenda con varios objetivos en el horizonte: recuperar la universalidad plena del Sistema Nacional de Salud (SNS), fomentar la perspectiva biopsicosocial desde la Atención Integrada Sociosanitaria, mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad pública para evitar su ‘huida’ al sector privado y reimpulsar el papel de la Enfermería en tareas de gestión y coordinación, además de en la prescripción de medicamentos, entre otros.
Recientemente se celebró la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición después de estos primeros meses. ¿Qué peso tuvo el área sanitaria en esa reunión?
El área sanitaria, pese a que a veces se comente que es como un ministerio menor, es un tema clave en política y en el bienestar de la ciudadanía, sobre el que hablamos casi todos los días, directa o indirectamente. Las líneas sanitarias son fundamentales para el Grupo Plurinacional Sumar y para Sumar como movimiento, vayan en acuerdo de Gobierno o no vayan en acuerdo de Gobierno, porque el acuerdo de Gobierno no deja de ser una escenificación de un pacto, y ahí sí que hemos logrado avances importantes. Ahora mismo tenemos sobre la mesa, aparte de recoger la propuesta de la Agencia de Salud Pública, toda la propuesta de la Ley de Universalidad y la Ley de Gestión Pública.
Rafael Cofiño, portavoz de Sanidad de Sumar en el Congreso de los Diputados
Empezando por la Agencia Estatal de Salud Pública, es cierto que se ha impulsado, pero desde febrero está abierto el trámite de enmiendas y se viene prorrogando. ¿El hecho de que ya hayan pasado las elecciones vascas y catalanas va a suponer una reaceleración en los tiempos parlamentarios para la tramitación de la normativa?
Sí, se ha cerrado ya el plazo de enmiendas, ahora pasa a la Comisión y, de ahí, empieza la tramitación. Es una cuestión de aceleración y un tema prioritario por todo lo que ya sabemos de sobra, con lo que han sido los dispositivos y las estructuras de salud pública. Para nosotros es una prioridad y, para mí, como diputado por Asturias, también es una prioridad no solamente la Agencia Estatal, sino también cómo son los departamentos de salud pública en cada una de las comunidades autónomas.
Como en muchos temas de sanidad, hay una parte en la que las competencias estatales son claves en cuanto a coordinación. Hay una palabra que a veces está muy desgastada que puede ser gobernanza. Tenemos que pensar que, aunque tengamos una Agencia Estatal de Salud Pública fuerte, necesitamos una territorialización también fuerte de las agencias de salud pública en comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas como, por ejemplo, Asturias, donde la financiación de la salud pública es todavía muy baja, de un 0,6 por ciento, y necesitamos potenciar estructuras de salud pública, no solamente pensando en una posible pandemia que vendrá, sino también en elementos de protección o promoción de la salud ahora mismo. Entiendo que eso vendrá después de la ley estatal, cuyo plazo de enmiendas ya se ha cerrado, ya no se va a prorrogar más.
“Necesitamos una territorialización fuerte de las agencias de salud pública en comunidades autónomas”
Me comenta que ya no se va a prorrogar más el plazo de enmiendas. ¿Hay fecha para empezar a tramitar la ley en la Comisión de Derechos Sociales?
No, que yo sepa todavía no hay. Pero en la Comisión de Sanidad siempre lo decimos: todas las comisiones son como una especie de oasis político en cierta tensión bastante teatralizada que se observa en otros espacios del parlamento. Así que creo que va a haber un consenso alto en cuanto a la tramitación de la Agencia. Y aprovechando que estamos hablando de esto, y también como diputado por Asturias, un tema también interesante para nosotros, y para mí, porque esta experiencia parlamentaria en Madrid es nueva, es que pensemos que todo lo que pasa en este país no es lo que pasa en Madrid, sino que es lo que pasa en otros sitios.
En Salud Pública, Asturias ha sido al referente durante muchos años, y lo sigue siendo. Por eso también pensamos que parte de la Agencia se tiene que empapar de otras estructuras. Incluso hemos planteado una descentralización de la Agencia que se pueda deslocalizar en Asturias.
¿Esa descentralización se ha planteado a través de enmienda?
No, eso no está abierto todavía. De hecho, de la misma forma que queremos que no deslocalicen industria en Asturias, queremos que deslocalicen algunas agencias estatales y que se vayan al territorio. No ha empezado todavía y, de hecho, yo creo que quien va a tomar la decisión de dónde estará ubicada, será Política Territorial, no el Ministerio de Sanidad.
En relación a otra de las normativas ya impulsadas que me ha comentado, la Ley de Gestión Pública del SNS, no cierra la puerta del todo al modelo Muface. ¿Cree que su grupo se ha quedado solo en la defensa de una extinción progresiva?
Esto a veces es difícil explicarlo, por algunas cuestiones comunicativas. Dentro de lo que es Sumar -yo, además, dentro de Sumar vengo como un ciudadano independiente, pese a que estoy en la Ejecutiva-, nuestro grupo de sanidad bebe no solamente de sus profesionales, sino también de otros grupos de trabajo y plataformas ciudadanas como las asociaciones de defensa de sanidad pública o las mareas. Pero por un lado está el grupo parlamentario y, luego, está el Gobierno. Yo tengo experiencia de 23 años en la administración, y sé que cuatro años es muy poquito tiempo para poder hacer cosas por práctica política o por capacidad de hacer regulación legislativa.
En el grupo parlamentario tenemos que ser más avanzados respecto a lo que pueda hacer el Gobierno. Es decir, tenemos que ser más valientes en cuanto a la hora de proponer algunas cuestiones. Y el grupo de sanidad de Sumar y los otros grupos que pueda tener nuestro proyecto tienen que ser los que tengan las luces largas del país que creemos. De hecho, al grupo de sanidad lo que le hemos propuesto es que sean valientes, vanguardistas e independientes a la hora de hacer propuestas. Tienen que tener un criterio de evidencia científica para decir qué propuestas queremos. Y dentro de esas propuestas sigue estando el tema de la extinción progresiva del modelo de Muface.
Es un modelo que ha estado y está por una serie de circunstancias, pero hay evidencias ahora mismo de que posiblemente no es eficiente, y también hay evidencias en cuanto a que el acceso al modelo de Atención Primaria no está en condiciones de equidad respecto a otros modelos. Lo que planteamos es que, lógicamente, ese cambio tiene que hacerse de una forma progresiva y adecuada, según las circunstancias, y esa va a ser la propuesta que vamos a seguir planteando desde el grupo parlamentario. Estamos trabajando también en una Proposición No de Ley (PNL) en este sentido. Siendo realistas, sabiendo cuál puede ser la circunstancia actual del sistema sanitario, nuestra propuesta es que en un futuro hay que ir hacia otro modelo diferente.
Sin embargo, como le decía, en ese proyecto de Ley de Gestión Pública se sigue dejando la puerta abierta a algunas “excepciones” de gestión indirecta. ¿No hay ahí cierta incongruencia?
No, yo creo que la palabra clave es transición. Hemos venido de ciertos modelos en los que hay que facilitar una extinción progresiva. Por ejemplo, el modelo de descarbonización hacia la transición ecológica y una industria verde. Eso no quiere decir que tengas una ruptura: hay que hacer un proceso que requiere un tiempo, pero tenemos que tener claro cuál es la meta final. En este sentido, el objetivo es el mismo: tiene que haber una transición hacia un modelo de gestión pública y un sistema universal. Eso requiere que, lógicamente, haya que pasar un periodo de adaptación determinada. Hay algunas cuestiones que se han planteado claramente: tiene que haber conciertos de gestión sin ningún fundamento de beneficio para empresas privadas y con un pleno control del dinero público, si hay dinero público. No puede haber prestaciones realizadas por ciertas empresas donde no haya una evaluación rigurosa de dónde está ese dinero o haya beneficios de sectores privados. Ese es el modelo hacia el que queremos llegar, pero eso requiere un proceso de transición. No hay que hacer discursos políticos de titular, no queremos un titular de cinco minutos, sino políticas de 50 años.
“Tiene que haber conciertos de gestión sanitaria sin ningún fundamento de beneficio para empresas privadas”
¿Lo dice por Podemos, que presentó una Proposición de Ley precisamente para derogar ya, de manera inmediata, cualquier tipo de gestión sanitaria indirecta?
No. Yo vengo de un modelo sanitario en el que queremos hacer cosas que mejoren la vida de la gente, no hacer cosas que parezcan que mejoren la vida de la gente. Tenemos que buscar la mejor fórmula para hacer esa transición. Yo creo que el objetivo está claro: queremos un sistema sanitario plenamente público y totalmente universal, y hay que ver cuál es el modelo más eficiente para poder conseguir esa transición. Teniendo en cuenta otra peculiaridad: estamos en un sistema en el que las competencias son autonómicas y la gestión sanitaria es compleja, incluso dentro de una comunidad autónoma. En Asturias no es lo mismo la gestión sanitaria que realiza el área 1, que es fundamentalmente rural, a la que realiza el área 5, que es fundamentalmente urbana. Esas peculiaridades también hay que tenerlas en cuenta y evitar la aparición de emergencias privatizadoras.
De la misma manera que hablaba del consenso que se prevé en cuanto a la Agencia Estatal de Salud Pública y teniendo en cuenta sus diferencias con respecto a otros grupos parlamentarios sobre esas “emergencias privatizadoras”, ¿qué recorrido prevé para la tramitación de la futura Ley de Universalidad del SNS ya aprobada en Consejo de Ministros?
Tenemos que hablarlo. Es verdad que, ahora mismo, parte del debate que podamos tener ya no va a estar tanto en el contenido, sino en la escenificación política de no ponernos de acuerdo. Pero, como decía antes, yo creo que en la Comisión de Sanidad hay un interés sincero de diferentes grupos parlamentarios por ponernos de acuerdo. En el pleno presentamos datos de cuánto supone abrir el SNS a población inmigrante en situación irregular. Hay datos de evidencia científica que demuestran que lo que es ineficiente es todo lo contrario: tener un sistema sanitario que solamente dé prestación de urgencias a población inmigrante irregular. Es un mito. El Parlamento tiene que tener un VAR, como en el fútbol: hay informes de entidades y asociaciones científicas y de organismos internacionales que demuestran claramente que la población inmigrante irregular no consume más recursos que la población autóctona. No podemos volver hacia atrás, y un modelo universal lo va a facilitar. Y en lo público, tenemos que garantizar las buenas condiciones de los profesionales para evitar para tener una competición con un sistema privado es que los mejores profesionales tengan las mejores condiciones laborales en el sistema público.
Antes de ir a ello, y hablando todavía de salud parlamentaria, Sumar retiró su firma de la Ley ELA que se registró junto al PSOE, en principio para no agotar su cupo parlamentario de Proposiciones de Ley, pero no sé si también responde al hecho de que su grupo parlamentario plantea registrar y defender su propia ley.
No, no. Soy bastante naif con el tema parlamentario en algunas cuestiones, pero yo creo que teníamos que habernos puesto de acuerdo todos los grupos y tener solamente una Proposición de Ley. De hecho, en la Comisión de Derechos Sociales, que es donde ya va a seguir la tramitación, tendría que ser así. Cada Proposición de Ley ya registrada plantea algunos elementos diferenciales que hay que consensuar para ir hacia adelante en el tiempo de tramitación lo más rápido posible. Nuestra idea como grupo parlamentario es poder mediar en esa negociación para tener una ley, a partir de la generosidad que ha tenido el colectivo de personas afectadas por ELA, que sirva para el colectivo y como carril de vía rápida para otros colectivos que tengan una situación parecida. Y hay que agilizarlo lo antes posible, porque es verdad que se ha perdido mucho tiempo en todo esto.
Cofiño, en el salón Argüelles de la Cámara Baja.
Y, si se tiene tan claro desde su parte, y también en el Congreso se habló de la necesidad de haber llegado a un acuerdo entre todos y haber presentado una única propuesta, ¿por qué no se ha conseguido?
No lo sé. Insisto: cuando algunas personas me dicen ¿por qué no habéis hecho?, yo digo que llevo en política desde julio del año pasado, que me gustaría hacer las cosas mejor y más rápidas. De hecho, estoy intentando comprenderlo. Espero que a partir de ahora podamos hacerlo de una forma lo más consensuada posible. Esa pregunta es muy interesante, porque hay cosas en las que creo que sí que tenemos acuerdos, pero a veces no somos capaces de hacerlo.
Sobre llegar a acuerdos, pero en otro contexto, ahora mismo está en marcha la negociación para reformar el Estatuto Marco. Después de las primeras conversaciones, se ha llegado a lo que parece ser el primer punto de fricción antes de abordar la reclasificación profesional: el debate sobre las pagas extras. Los sindicatos piden que se incluyan todos los complementos reconocidos en el EBEP, pero parece ser que el ministerio está algo reticente al respecto. ¿Cuál es la postura de Sumar en ese sentido?
Aquí sería un poco prudente con mis declaraciones al ser un tema de regulación directamente del ministerio y al no conocer yo directamente la información. Yo creo que, más allá de porque sea de Sumar, este Ministerio de Sanidad es, posiblemente, el mejor que tenemos en muchos años. Creo que el equipo que se han conformado la ministra y el secretario de Estado tiene altas capacidades, y tengo plena confianza en que es gente que viene a transformar y a mejorar algunos aspectos, y por tanto también tendría plena confianza en el proceso cuestiones que dependen de competencias de Gobierno. Aunque, lógicamente, estamos en conexión para poder hablarlas y mediar con algunos sectores, pero aquí sería un poco prudente porque no tengo una información tan clara de cómo está esa negociación.
“Teníamos que habernos puesto de acuerdo todos los grupos para presentar una única Ley ELA”
Y en cuanto al otro previsible punto de fricción, la reclasificación A1 enfermera con la que parecen estar de acuerdo en Sanidad, el quid de la cuestión está en la reivindicación de algunos sectores de la Medicina que no rechazan esa posibilidad, pero sí que reivindican que, en ese caso, se cree un A plus médico. ¿Cuál es el posicionamiento de su partido acerca de ello: crear el A plus, simplificar el grupo A sin subcategorías…?
No lo tengo claro tampoco. El tema del A1 enfermero sí me parece claro. Cómo se pueden regular competencias profesionales o valoración de niveles por objetivos laborales, no tanto. Lo que sí que creo es que tenemos que pensar en dos cuestiones. Hay una inmediata, que es cómo se puede desanudar este nudo en concreto, pero hay otra: tenemos que pensar qué sistema sanitario queremos en esa recalificación u ordenación de niveles profesionales a medio o a largo plazo. La complejidad que tiene el sistema sanitario en cuanto a diferentes profesionales es un tema importante para pensar posiblemente con cierta libertad a cómo queremos que eso sea dentro de 10 o de 20 años, porque va a cambiar. Hay más categorías profesionales y hay más complejidad en los procesos de atención. Tiene que haber un espacio de negociación, y para eso está el espacio del marco colectivo.
En ese sentido entra en juego la estrategia de cuidados que se ha impulsado desde el Ministerio de Sanidad con la creación del Comité de Cuidados en Salud para, de alguna manera reimpulsar el papel de la Enfermería.
Sí, la Enfermería, pero también, dentro del marco de Primaria y hospitalario, otras especialidades. Y, sobre todo, hay que plantear cómo nos vamos a coordinar en un proceso asistencial, por ejemplo, en personas con una enfermedad crónica compleja que requieren diferentes profesionales.
¿Eso implicaría la creación de nuevas especialidades?
Algunas nuevas ya están puestas sobre la mesa y, seguramente, en los próximos años se crearán otras. Por eso digo que no está mal que haya gente pensando a largo plazo en el modelo. El modelo de Atención Primaria tal como lo conocemos tiene un tiempo determinado. La práctica hospitalaria tiene una práctica determinada en cuanto a los procesos de calidad, entre otros. Hay que pensar un poquito a largo plazo para tener todo eso bien blindado y saber qué queremos.
Comentaba antes en ese sentido la creación del Comité de Cuidados y el papel concreto de la Enfermería porque uno de los aspectos que se han planteado a raíz de ello es impulsar determinados cambios normativos que, entre otras cosas, permitan que las enfermeras puedan acceder a puestos directivos y de gestión, y también para que puedan prescribir medicamentos, no sólo indicarlos. ¿Cuál es su posicionamiento al respecto?
En Asturias tuvimos una polémica cuando estuve de director general de Salud Pública en la pandemia. Una persona que fue clave en esa época era enfermera, y otra compañera también fue enfermera de la Dirección General de Calidad. Hubo un recurso presentado por el Colegio de Médicos cuestionando que dos enfermeras pudieran estar en esos puestos. Es marciano que se diga que una enfermera no puede tener un alto cargo directivo, que no pueda ser una consejera, no pueda ser ministra, no pueda ser una gerente o una directora en un centro de salud. Yo creo que eso es algo totalmente anacrónico y, además, incluso tiene que ver con un análisis de imagen de poder y de patriarcado posiblemente. Es un tema que tiene que evolucionar totalmente. Además, en la parte que yo más controlo, que es la Atención Primaria, el papel de Enfermería es fundamental en cuanto a procesos de gestión y de dirección, ya no solamente de la parte preventiva y de promoción de la salud, sino también de partes asistenciales o de prescripción. Es un tema en el que hay que buscar consensos y acuerdos entre las sociedades científicas de Medicina y Enfermería, porque las sociedades científicas también tiran de la administración.
El portavoz sanitario de Sumar en el Congreso apuesta por un SNS “totalmente público y universal”.
Hay sindicatos que dicen que la prescripción enfermera tiene que ir ligado a un acuerdo previo en cuanto a la reclasificación al A1. ¿Ha de ser así o son aspectos independientes?
No lo sé. Lógicamente, lo que hay que tener es un reconocimiento por la tarea de trabajo que eso supone, pero que se pueda hacer me parece que es fundamental. En mi formación como médico de Familia, mis tutoras fueron una médica y una enfermera, aprendí de ambas, y, como decía, se me hace marciano que no se valore que el trabajo de Enfermería es equiparable al trabajo médico en muchas cuestiones.
“Es marciano decir que una enfermera no puede tener un cargo directivo, es algo totalmente anacrónico”
Uno de los problemas con los que ya se encontró el Ministerio de Sanidad al inicio de esta legislatura es la huelga en Ceuta y Melilla de los profesionales del Ingesa. Recientemente se anunció la creación de 22 nuevas plazas de personal estatutario en ambas ciudades autónomas. ¿Cómo valora hasta ahora la gestión del Ministerio de Sanidad de Mónica García de esta huelga médica que ya se alarga más de un año?
Hemos tenido una reunión hace poco con el sindicato médico de Ceuta y Melilla para conocer cuál es la situación. Yo creo que se valora como muy favorable la llegada de Mónica García y la llegada de Isabel Muñoz al Ingesa. Es una situación compleja porque yo creo que refleja perfectamente bien las dificultades en muchas zonas de difícil cobertura que tenemos en nuestro país, y yo creo que hay propuestas concretas y hay un acuerdo bastante importante y consensuado entre sindicatos, colectivos médicos, Enfermería y también plataformas ciudadanas. Va a ser clave el papel del Ingesa para poder ver cómo se generan unas plazas con buenas condiciones para generar la mejor atención sanitaria.
Usted es defensor del modelo de Atención Integrada Sociosanitaria. ¿Su grupo planea impulsar alguna medida legislativa al respecto?
Estamos trabajando en una Proposición No de Ley (PNL) sobre este tema y hemos trabajado también con los ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales para trabajar en esta línea. La atención integrada sociosanitaria es un concepto que ahora viene de lo anglosajón, que es donde están recogiendo más experiencias de integrated care, pero, básicamente, se trata de cómo afrontar un proceso asistencial complejo, no solamente porque tengas dos patologías o tres, sino porque muchas personas viven en situaciones sociales complejas. El otro día daba un dato: el 15 por ciento de personas que están en un hospital no se van de alta porque sus condiciones sociales no son buenas para que se vaya al domicilio.
En muchos casos no es que no tengamos un buen sistema sanitario, sino que el sistema de cuidados que tiene una persona con ictus cuando se va a casa, fracasa porque no tiene una persona que le pueda ayudar en un servicio de ayuda a domicilio. Todo ese modelo tiene que estar perfectamente engranado, y eso requiere algo sencillo, pero complejo, que es tener un mapa, una vía de coordinación entre lo sanitario y entre lo social. Y salud pública también entra en el sentido de protección, es decir, hay una parte más de protección a la población general de espacios saludables para que la gente no enferme o esté protegida, y otra parte para que esa ruta asistencial esté bien definida en la coordinación entre lo sanitario y lo social.
“Estamos trabajando en una PNL sobre Atención Integrada Sociosanitaria”
¿Qué ocurre? Que, como muchas veces, son estructuras separadas en ministerios o en consejerías, no están conectadas bien, son procesos en paralelo. En muchas zonas vamos a tener, tenemos ya, situaciones de envejecimiento y el envejecimiento, insisto, no sólo depende de tener una insuficiencia cardíaca y una diabetes, sino de que si la gente viva sola, que no tenga ascensor, que tenga dificultades para gestionar su pensión… Aunque la gestión al final es muy territorial. Los ministerios pueden un plan de Primaria o un plan de Atención Integrada, pero luego la gestión es del territorio. País Vasco y Cataluña tienen algunas experiencias en este sentido. Ahí entran mucho en juego dificultades como el déficit profesional, entre otras circunstancias, o las zonas rurales o despobladas.
En una respuesta parlamentaria reciente, el Gobierno aludió a dos medidas del Ministerio de Sanidad para solucionar el déficit de médicos de Familia: impulsar la jubilación activa y subvencionar el incremento de plazas en los grados de Medicina. ¿Son suficientes estas propuestas o se necesitan otros incentivos para implantar ese modelo de Atención Integrada?
Sí. Por ejemplo, en Asturias se hacen atractivas algunas zonas que son de difícil cobertura y hay una autogestión incluso por áreas sanitarias, ya no por comunidad autónoma. Hay que personalizar ciertos puntos para hacerlos más atractivos, y eso puede hacerse valorando incentivos económicos. Creo que todo el tema de incentivos se discutirá junto a la recalificación de categorías y demás. Tenemos que tener las mejores plazas atractivas para tener los mejores profesores en el sistema sanitario público, eso es fundamental.
Parte de la emergencia de lo privado viene de que tenemos muy buenos profesionales que están yendo a la privada porque hay mejores condiciones laborales, no solamente económicas, sino condiciones laborales. El primer compañero que recuerdo que se nos fue a la privada en Asturias es un profesional comprometido con lo público, pero sus condiciones laborales no eran buenas. Eso es lo que tenemos que mejorar. En zonas rurales puede haber incentivos económicos, pero también facilitación en aspectos de vivienda, formativos y flexibilidad horaria. Hemos tenido reuniones con sindicatos, con sociedades científicas, con colectivos médicos jóvenes, y tiene muy estudiado qué tipo de incentivos, no solamente son económicos, facilitarían que esas plazas fueran más atractivas. Y, luego, también, son necesarios aspectos de conexión en algunas zonas, es decir, no se trata de tener una persona en todos los sitios, sino de que haya conexión entre dispositivos de centros de salud, periféricos u hospitales.
Usted indicó hace poco que parte de la clave de ello estaría en elaborar planes autonómicos para las denominadas zonas de especial necesidad. ¿En qué habrían de consistir esos planes?
Yo creo que pasa por que sean zonas de revitalización demográfica, no solamente sanitaria. Puede ser un error es que metamos muchos recursos sanitarios en zonas que estén vaciadas. Primero hay que saber cómo vamos a revitalizar esas zonas desde lo demográfico, desde lo social y desde lo económico, y a eso tiene que acompañarlo lo sanitario, aunque lo sanitario también puede dinamizarlo. El tema es decir cómo determinadas zonas rurales, por ejemplo, de Asturias, que la conozco más, se pueden revitalizar. En esa revitalización hay que incorporar lo sanitario, pero también lo social y lo económico. Es decir, tiene que ser un plan más integrado, no solamente desde la perspectiva sanitaria.
“Los planes para zonas de especial necesidad tienen que ser de revitalización demográfica, no sólo sanitaria”
¿En qué punto está la tramitación de la autojustificación de baja o de enfermedad que anunció Mónica García?
No lo sé, es un tema de ministerio ahora mismo. Yo creo que hay un consenso amplio en algunos sectores al respecto. Es algo que hay que explicar bien. Además, desburocratizar es un elemento clave en la Atención Primaria. La única vez que yo hice Primaria fue en el 2007, y una de las sensaciones que tuve fue que casi todo pasaba por la consulta de Medicina de Familia, todo: los dolores, los malestares, las preocupaciones, las situaciones sin estabilidad laboral, las patologías graves, las patologías menos graves, la burocracia, los informes para el niño para ir a no sé dónde, los informes para el balneario para ir a no sé dónde…
Hay equipos que han regulado esto desde las unidades administrativas, lo cual es un tema importante. La autojustificación supone desburocratización, pero también es dar más poder a las unidades administrativas de Atención Primaria. Hay experiencias. En Asturias, el Centro de Salud de El Llano es pionero en trabajar con la unidad administrativa. En Granada hay experiencias también, y esto de la autojustificación es un elemento clave en el tema.
El Ministerio de Sanidad también ha anunciado una futura normativa para regular las listas de espera. A falta de conocer la propuesta concreta, usted planteó, al inicio de la legislatura, la posibilidad de sancionar, de alguna manera, a las comunidades incumplidoras. ¿Mantiene esa postura? ¿De qué tipo de sanciones estamos hablando, económicas o de otro tipo?
Igual no era tanto sancionar como que, si hacemos una regulación o una normativa, tendrá que llevar un régimen sancionador. Es decir, si hiciéramos una ley de conflicto de interés, no solamente sería para declarar que tengo un conflicto de interés, sino plantear cuál es el siguiente paso. Pues aquí ocurriría algo parecido.
Ya hay comunidades autónomas que tienen regulación al respecto. Asturias, por ejemplo, cuenta con una normativa específica en este sentido, y aquí la cuestión clave es qué nos supone si hay un incumplimiento y cómo se evalúa ese incumplimiento. Si es porque tiene menos recursos, que puede ser, la norma tiene que tenerlo muy claramente especificado. Si no, sería una norma sin mucha trascendencia. Es un elemento clave.
Esta semana hemos visto a la Marea de Andalucía y nos han comentando que, ahora mismo, están teniendo retrasos de un mes en Atención Primaria. Esto es inadmisible. Por lo tanto, no sé si sanción, pero, por lo menos, tiene que haber un código rojo que nos lleve a tomar medidas en esos sitios donde existe esa falta de cumplimiento. Es algo importantísimo porque, además, es uno de los elementos clave que hace que mucha población esté trasladándose a otros sectores privados.
En cuanto a competencias sanitarias, en la última Comisión volvió a quedar claro que hay posturas separadas. Parece que todos los partidos coincidían, por ejemplo, en que el fracaso continuado de la asignación de plazas del MIR de Familia tiene más que ver con las malas condiciones laborales que con otras circunstancias. Sin embargo, no lograron ponerse de acuerdo en qué parte, si el Gobierno central o las comunidades autónomas, tiene la potestad de solucionarlo. ¿Dónde está la clave para atraer a los MIR al primer nivel asistencial?
Nosotros habíamos trabajado en una enmienda transaccional. Había varios puntos en los que la redacción podía haber sido diferente, pero bueno, no soy para nada puntilloso con esos temas. Entiendo, además, el recorrido que tiene una PNL. Nosotros presentamos una PNL de Universalidad en la primera Comisión, no se aprobó, pero ahora tenemos una ley. En este caso concreto, yo creo que es un error plantear un compromiso de 1.000 plazas de médico de Familia. Es un número que puede ser arbitrario.
Nuestra propuesta de redacción era, según los informes que hay ahora mismo de expertos en materia, tener en cuenta esa información de planificación y tener un sistema adecuado, pero no pedir un número de plazas en concreto. Al ponerlo así parece que el problema es que tenemos pocas plazas, cuando las causas vienen de una gestión ineficiente de recursos humanos en algunas comunidades autónomas.
Cofiño defiende el modelo de Atención Integral Sociosanitaria para afrontar procesos asistenciales complejos.
Hay sindicatos que denuncian que el exceso de horas que trabajan los MIR no se controla con ningún sistema cuando, al ser personal laboral y no estatutario, deberían estar regidos por la normativa de 2019 que obliga a fichar. ¿Se prevé desde su grupo parlamentario alguna medida para solucionar esta situación o no debe regularse?
Daría una opinión muy personal sobre el tema, porque tengo tres sombreros: el de coordinador del grupo de Sanidad, el de portavoz del grupo parlamentario y la Secretaría de Sanidad en la Ejecutiva de Sumar. En primer lugar, los residentes ahora mismo son profesionales en proceso de formación. En segundo, las condiciones retributivas que tienen son mejorables. Hay un planteamiento dentro de las condiciones retributivas y, aparte, de las condiciones de trabajo, por todo el tema de horas, formación, cumplimiento de tutorizaciones… que también lleva acarreado de forma paralela la mejora de las condiciones de los tutores de los residentes. A veces, con condiciones de trabajo difíciles, es imposible hacer una buena tutorización.
En relación con el tema del fichaje, ocurre como el resto profesionales. Aquí quizás hablaría como más como grupo Sanidad de Sumar que como grupo parlamentario. Los buenos y buenas profesionales no requieren tener una tarjeta para fichar. Eso es un invento que viene de otros modelos productivos. En toda mi trayectoria profesional, que son 25 años o más, los grandes profesionales, aunque ficharan, no requerían fichar. De hecho, tienen un cumplimiento de horas superior al que le pueda pedir cualquier tipo de empresa. Lo que hay que hacer es tener unas condiciones de motivación, de capacidad y de flexibilidad para que puedan trabajar en buenas condiciones y, automáticamente, todo el mundo va a cumplir.
Lo otro es un elemento que sirve, igual, para modelos de trabajo en cadenas de mando para hacer aviones, pero no para trabajar en profesiones que tratan con personas y que, además, tienen una alta motivación para realizar su trabajo.
“Los buenos y buenas profesionales no requieren tener una tarjeta para fichar, eso es un invento que viene de otros modelos productivos”
Aquí la clave está en que haya quien se quiera aprovechar de esas circunstancias…
En mi experiencia, el que se quiere aprovechar, se va a aprovechar siempre. Y los que no se quieren aprovechar, que son la gran mayoría, van a trabajar por encima de sus posibilidades siempre. Es un tema en el que hay que tener en cuidado. En nuestro modelo sanitario, el problema es que hemos querido hacer un sistema sanitario basado en un modelo de productividad de la industria.
De hecho, ciertos procesos de calidad vienen de procesos de elaborar aviones, pero no de trabajar con personas: ciertos sistemas gerencialistas o de evaluación con indicadores que no evalúan nada ni sirven para nada, hablar de clientes o de usuarios en vez de hablar de personas, ciudadanos o pacientes. Todo eso tiene una lógica narrativa de un modelo que no es el modelo que tiene un sistema sanitario, que está centrado en las personas y en los profesionales.
En su programa para las europeas, Sumar incluye, entre otras propuestas, una estrategia de “formación homogénea” para sanitarios. ¿Se refiere a una suerte de MIR Europeo o Erasmus MIR?
Se podían haber desglosado más cuestiones. Una de ellas es el paquete básico formativo en algunas características y que haya ciertas competencias comunes. Por ejemplo, en nuestra propuesta de país del grupo de Sanidad insistíamos mucho en la necesidad de una buena formación biopsicosocial en todas las especialidades. Compañeros que estaban en el grupo que vienen de la Neurología hablaban mucho de esto: cómo, sea cual sea la especialidad, tengas que tener aspectos de formación biopsicosocial, determinantes sociales, atención integrada y demás. Iría un poco en esta línea.
A raíz del tirón de orejas del Tribunal de Justicia Europeo sobre el abuso de la temporalidad en el sistema público, ¿es partidario de que los indefinidos no fijos de larga duración del SNS puedan pasar a ser fijos sin necesidad de concurrir a una OPE?
Paso palabra. Eso tendría que consultarlo con Trabajo, pero estabilización total siempre. Hay otro conflicto, por ejemplo, de otros sectores que no tienen que ver con sanidad, que están planteando esto y es complicado, pero yo creo que siempre hay que buscar alguna fórmula de estabilización. No sé cómo porque, además, eso requiere espacio de negociación con sindicatos siempre, claro.
Sobre la homologación de títulos sanitarios extranjeros descentralizada: el Ministerio de Ciencia y Universidades no cierra la puerta a ampliarlo a otras comunidades autónomas aparte del País Vasco. ¿Lo comparte?
Lo que tenemos que ver en descentralizaciones o competencias autonómicas, aparte de lo que tengamos como marco normativo, es la capacidad autonómica para poder hacer eso. Si se puede plantear descentralización, descentralización. Y, si el ministerio y las comunidades autónomas en los espacios de consenso lo ven de acuerdo, lógicamente, claro.
El Consejo de Ministros aprobó la supresión en el Estatuto de los Trabajadores de la posibilidad de despedir a empleados con incapacidad permanente. El Ministerio de Sanidad confirmó a este medio que su idea es introducir en la reforma del Estatuto Marco la misma modificación. ¿Qué opina sobre ello?
No hay duda al respecto de condiciones laborales que faciliten los mejores puestos de trabajo para la gente. Lo que hay que hacer son políticas de empleo que realmente regulen una mejor situación de los trabajadores, que yo creo que es la medida que se plantea desde Trabajo y Sanidad en ese sentido.
Entrevista a Rafael Cofiño en el Congreso de los Diputados.
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