Por Jesús García
La semana pasada, el presidente Joe Biden proclamó cambios significativos en la frontera, peticiones de asilo y deportaciones aceleradas que han sido criticadas por organizaciones civiles que defienden a migrantes.
El mandatario invocó el poder de la Ley de Nacionalidad e Inmigración (INA) para determinar el cierre de la frontera cuando considere pertinente.
En este caso determinó que cuando el número de inmigrantes sobrepase los 2,500 se impone el cierre, mientras se monitorea el flujo de encuentros con no ciudadanos; será el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien determine la reapertura de la frontera, cuando el flujo de inmigrantes baje a máximo 1,500 por día.
Las principales críticas de organizaciones civiles a la decisión del presidente Biden se enfocan a la complicación en las peticiones de asilo cuando la frontera esté “cerrada”, ya que aumenta la rigidez para que inmigrantes demuestren el “miedo creíble” y su caso pueda ser considerado.
Los inmigrantes que sean detenidos cruzando la frontera en forma irregular serán procesados para deportación acelerada y aunque podrán solicitar asilo, solamente tendrán cuatro horas para conseguir a un abogado que los represente ante un tribunal.
El abogado, autor y académico de la Universidad Estatal de Ohio, César Cuauhtémoc García Hernández, explicó en el podcast “El Diario Sin Límites”, algunas implicaciones de la decisión del presidente Biden.
“Una persona que llega a los Estados Unidos, sin el permiso previo, sin una visa o sin una cita para pedir asilo, hecha por la aplicación CBP One […] hay una excepción especial a menores de edad que llegan solos, pero la idea es que van a ser negado el asilo”, dijo García Hernández.
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