Hace un mes, el BNG denunciaba la presunta dimisión de funcionarios encargados de evaluar el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo), sugiriendo que existe presión por parte del Gobierno autonómico. Ante estas acusaciones, el PP promoverá en el Parlamento una declaración de apoyo a estos empleados públicos y, de paso, poner el foco en el «escrupuloso» control de ajuste a la normativa que hace la Xunta en todos los proyectos industriales.
Y como ejemplo de este rigor y de la «independencia» con que operan los funcionarios, los populares aportan datos de la Consellería de Medio Ambiente: en los últimos tres años se rechazaron algo más de una cuarta parte (el 28%) de los proyectos que exigían una evaluación ambiental. Decayeron 63 de los 227 presentados «por no cumplir con los estrictos requisitos exigidos por la normativa vigente».
Frente a este comportamiento, el PP asegura que durante la etapa del bipartito «apenas una de cada diez declaraciones» resultaron negativas. «De hecho, fue el actual Gobierno el que reforzó la legislación ambiental a la que se somete cualquier iniciativa empresarial o industrial en la comunidad, con una evaluación garantista y ordenada para los parques eólicos, por ejemplo, frente a la tramitación exprés del Gobierno central», se recoge en la iniciativa parlamentaria de los diputados populares.
La causa de esta reacción fueron las palabras de la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, que en una sesión de control preguntó directamente al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por los motivos por los que estaban dimitiendo algunos técnicos encargados de evaluar el proyecto de la multinacional portuguesa Altri, siendo reemplazados por «comisarios políticos del PP».
La líder nacionalista sostiene que la planta de celulosa que se proyecta en el concello lucense es una «bomba ambiental» y cuestiona por qué no se lleva a cabo en Portugal.
Esto no ha gustado nada a la Xunta ni al PP, que ahora busca un pronunciamiento del Parlamento de «apoyo y respeto» al trabajo que desarrolla el personal de los servicios técnicos de la Administración autonómica «a la hora de analizar y emitir informes sobre cualquier plan o iniciativa, con especial hincapié al referido a la evaluación ambiental del proyecto de Altri en Palas de Rei». Para los populares, resulta una «actitud peligrosa para la democracia» ejercer continuas presiones sobre los funcionarios públicos en su labor. «Tenemos que ser prudentes con las afirmaciones que se hacen y creer en el trabajo escrupuloso que realizan los técnicos, que son los únicos legitimados para determinar la viabilidad ambiental».
El proyecto requiere la emisión de 36 informes sectoriales, elaborados por distintas administraciones. La Xunta es responsable de 27 y de ellos, 24 ya son definitivos. Los restantes dependen de otras entidades, incluyendo las diputaciones de Lugo, A Coruña y Pontevedra, los concellos de Palas de Rei, Santiso, Melide y Agolada o el Ministerio de Transportes.
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