Como un choque de competencias, así prepara el consejo de ministros su ofensiva contra el protocolo canario para la atención de los niños niñas y adolescentes migrantes que llegan a las islas aprobado el 12 de septiembre tras un verano de pulso político en torno a la atención a este colectivo. Según afirmaban ayer fuentes gubernamentales, el ejecutivo impugnará durante el día de hoy, 17 de septiembre, ante el Tribuna Constitucional las nuevas normas introducidas por los socios de gobierno al frente de las Islas, Coalición Canarias y Partido Popular, que condicionan la recepción de personas menores de edad a trámites más estrictos y a la disponibilidad existente en un sistema de acogida que, en su capacidad actual, señalan como “colapsado”. El nuevo protocolo, fue publicado el pasado jueves en el Boletín Oficial de Canarias.
Para el gabinete de gobierno, la acción del ejecutivo autonómico implica un dejamiento de funciones inconstitucional, que redirige al gobierno central competencias descentralizadas. Esperan por tanto, que el Tribunal Constitucional suspenda el protocolo cautelarmente mientras revisa el texto. Ya la Fiscalía Superior de Canarias consideraba el pasado viernes, solo un día después de la introducción de las nuevas normas, que el protocolo niega la protección a los niños, niñas y adolescentes migrantes, discriminándoles y eludiendo las responsabilidades autonómicas.
El gobierno liderado por Coalición Canaria, con el presidente Presidente Clavijo al frente, podría, según comunicaba la Fiscalía, estar incurriendo en abandono de menores, desde el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, se comunicaba el pasado sábado 14 que “Con este paso, Canarias pone en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo” .
El marco de la crisis migratoria
El protocolo, que plantea restricciones a la acogida, es la respuesta del gobierno autonómico a lo que se ha calificado como un colapso del sistema tras la llegada de 5.300 niños, niñas y adolescentes a las costas Canarias, lo que habría llevado, en palabras del presidente canario a una situación de “hacinamiento” de los centros, después de que fracasara la iniciativa del gobierno central de forzar la distribución de estos chicos y chicas a otras Comunidades Autónomas una vez sobrepasada la capacidad de acogida en el archipiélago. Una iniciativa que se intentó concretar el pasado julio en el marco de una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería destinada a aliviar la saturación de la situación en la frontera Sur, afectando no solo a Canarias sino también a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
La propuesta decaería como consecuencia de la férrea oposición de Vox, que vio en la alarma por el incremento en la llegada de personas menores, amplificada por los medios de comunicación, una oportunidad para marcar agenda política, pero también de Junts, que quiso sustraer a Catalunya del reparto en su intento de afianzar la autonomía catalana en las políticas migratorias, y también, después de que las Comunidades gobernadas por el PP, optaran finalmente por boicotear una iniciativa que habían respaldado previamente como socios de gobierno en la Comunidad Autónoma.
Lo que habilita el concepto de emergencia
A finales de un verano en el que la migración ha estado en el centro de la disputa política, el presidente canario, viraba sus alianzas para reunirse con Alberto Núñez Feijóo el pasado martes 10 de septiembre, y pactar criterios comunes para abordar lo que se he presentado como una crisis insostenible. El giro de volante, que molestaba al ejecutivo central, apuntaba a declarar “la emergencia migratoria” a nivel nacional, una cita urgente de la Conferencia de Presidentes, o la obligación de que el Estado cubra económicamente la acogida de menores cuando los centros superen su capacidad.
Bajo el nombre “Acuerdo para afrontar la crisis migratoria”, el texto representaría las demandas de las Comunidades gobernadas por un Partido Popular que apunta a la necesidad de la mencionada declaración de “emergencia migratoria nacional” con el fin de llamar la atención de la Unión Europea, a la vez que introduce un “Plan de acción contra el Descontrol Migratorio”, que profundiza en una aproximación securitaria, poniendo el foco en el incremento del control policial o la actuación de Frontex en los países de origen y tránsito.
Cabe recordar que el concepto de crisis migratoria o emergencia migratoria está incluido en el nuevo Pacto europeo de Migración y Asilo, que España deberá trasponer a su propia legislación, y ha sido criticado por las organizaciones de derechos humanos por habilitar marcos de excepcionalidad en los que los derechos de las personas migrantes se ponen en riesgo en función de lo que los estados planteen como emergencia.
El acuerdo sellado entre el presidente canario y el presidente del Partido Popular también incidía de nuevo en el reparto, insistiendo en que no haya “comunidades exentas”, e incluyendo en la reforma de la ley de extranjería la obligatoriedad del Estado de asumir los costes de la acogida, una vez se sobrepase la capacidad de asistencia. Es en esta línea que opera el protocolo aprobado por Canarias.
Víctimas de un pulso político
El contenido del protocolo da centralidad a las labores de la Policía Nacional de cara al acceso del niños, niñas y adolescentes al sistema de acogida, imponiendo una serie de trámites que en la práctica, señala Fiscalía, dilatan el proceso al que deben hacer frente las personas menores de edad tras haber sobrevivido al viaje en cayuco. Se trata de un recorrido burocrático que no solo expone al colectivo a eventuales situaciones de violencia institucional sino que supedita su acogida a la existencia de plazas. Así, bajo el criterio de la titular de la Fiscalía Superior de Canarias, María Farnés Martínez Frigola, el protocolo redunda en el desamparo de los menores, aunque el gobierno de Clavijo argumente que ya el hecho de estar bajo custodia policial implica el no desamparo de estos niños y niñas incluso cuando se pospone su acceso al sistema de acogida.
En cuento a las competencias, la Fiscal cuestiona que el decreto incluya normas que no están recogidas en la legislación estatal y pretenda imponerlas al Estado, recordando además que la tutela de los menores en desamparo corresponde a las autonomías, y que en este marco, diferenciar entre niños y niñas nacionales y extranjeros supondría una forma de discriminación. “No existe motivo para someter a un niño pequeño que llega solo a un trámite inexistente en la ley y retrasar su entrada en un centro de menores adecuado, que es donde la ley establece que debe estar. Sin duda, la aplicación de este protocolo permite la permanencia de menores indubitados en centros policiales”, apunta en este sentido la Fiscal.
Aplicación del protocolo
El recurso al protocolo ante el Constitucional ha sido calificado como un ataque por parte del presidente autonómica canario que el pasado domingo tachó de “absolutamente indecente”, la ofensiva del ejecutivo estatal contra su controvertida medida. El dirigente de Coalición Canaria insistía en que lo que está haciendo es recuperar un protocolo aprobado una década, sin embargo son varias las voces que recuerdan que en dicho documento no figuran varios de los trámites ante la policía que sí incluye el protocolo introducido el pasado jueves y que dilatan la acogida de las personas menores.
Además, la cuestión va más allá de la letra del acuerdo, ayer 16 de septiembre el Mundo informaba de que Canarias se estaba saltando su propio protocolo: ante la llegada de varios niños y niñas solas estos habrían sido trasladados a Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) junto a las personas adultas, y bajo custodia policial, fallando la recepción por parte de un funcionario de la Dirección General de Infancia, que queda recogida en el protocolo. Justamente el viernes, en su impugnación del decreto, la Fiscalía Superior de Canarias anunciaba su decisión de identificar a los funcionarios de la Dirección General de Protección de Infancia que recurrieran a este nuevo protocolo para negar la acogida de niños y niñas, investigándoles por un posible delito de abandono. El protocolo prevé que estos menores sean entregados por la policía a los funcionarios autonómicos en lugar de a las ONG que gestionan los recursos de acogida.
Siguientes pasos
Una vez planteada durante la jornada de hoy la inconstitucionalidad del protocolo canario, por parte del Consejo de Ministros, se requerirá un dictamen por parte del Consejo de Estado, siendo ya el martes 24 de septiembre, es decir, la próxima semana, cuando se formalice el proceso por conflicto de competencias.
A partir de este momento, el Constitucional tendrá un plazo de 10 días para la admisión a trámite de la iniciativa del ejecutivo que, de manera paralela, recurrirá a la Abogacía del Estado para la interposición de un recurso contencioso-administrativo. Durante el tiempo que dura este proceso, los gobiernos central y canario tendrán que acordar la coordinación de la acogida a niños y niñas en el archipiélago.
