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La tranquilidad en las aulas californianas, un tema que preocupa a muchos padres, especialmente a la comunidad latina, se encuentra nuevamente en el centro del debate político; el anuncio reciente de la senadora Lena González y el superintendente estatal Tony Thurmond ha generado un intenso debate
Se trata de una nueva propuesta legislativa, surgida como respuesta a las preocupaciones sobre las políticas migratorias de la administración entrante. Aunque no se especifican nombres directamente al inicio, la preocupación latente por la posible afectación a la comunidad inmigrante es palpable.
La iniciativa, que busca fortalecer las protecciones existentes para las familias inmigrantes en California, propone una zona de seguridad de una milla alrededor de las escuelas y guarderías. Dentro de este perímetro, se restringiría la cooperación entre las autoridades escolares y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), salvo con orden judicial. “Queríamos crear una zona de protección para las familias en las inmediaciones de la escuela,” explicó Thurmond.
Este proyecto de ley no es el primero en su tipo. Ya en 2017, se aprobó el Proyecto de ley 699 de la Asamblea, que establecía medidas para prevenir la aplicación de leyes de inmigración en las escuelas. Sin embargo, la nueva propuesta busca ir más allá, siendo mucho más explícita en su prohibición de cooperación con ICE y ampliando la zona de protección.
La justificación detrás de esta medida es clara: proteger a los estudiantes y sus familias. Un estudio de Stanford de 2018 evidenció una disminución en la asistencia y el rendimiento escolar de estudiantes hispanos en áreas con una aplicación estricta de leyes migratorias. Además, se estima que unos 146.000 niños indocumentados de entre 3 y 17 años están matriculados en escuelas de California, según el Instituto de Política Migratoria. Esta cifra refuerza la importancia de garantizar entornos de aprendizaje seguros e inclusivos para todos.
El proyecto de ley también considera el impacto económico, ya que la financiación de las escuelas depende en gran medida de la asistencia estudiantil. “Se trata de preservar esos ingresos y evitar que nuestras escuelas se vean privadas de los recursos necesarios para ayudar a los niños de California,” afirmó Thurmond. La medida busca prevenir posibles situaciones en las que padres indocumentados sean detenidos tras dejar a sus hijos en la escuela, un escenario que, según expertos, tiene precedentes.
La propuesta se aplicaría a distritos escolares, oficinas de educación del condado, escuelas autónomas y su personal. Aunque ICE generalmente evita la aplicación de la ley en “lugares sensibles”, la incertidumbre ante los cambios de política de la nueva administración ha impulsado la creación de esta legislación, que busca generar una capa adicional de protección para la comunidad escolar y las familias inmigrantes de California.
