Estos hechos fueron alertados por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas e Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (ICE/HSI) que informó sobre la existencia de una organización de contrabando de calzado que delinquía en Pasto.
La Fiscalía General de la Nación impactó una estructura criminal dedicada al almacenamiento, distribución y comercialización de mercancía de contrabando que era transportada desde Cali (Valle del Cauca) hacia Pasto (Nariño), donde la red ilegal contaba con bodegas para su acopio.
Entre los procesados están Albeiro Portilla Villamarín, Mario Andrés Maya, Leonardo Alexander Córdoba Ojeda y Ángelo Ocoro Marulanda. Además de Fernando Andrés Rojas López quien laboraba en el área de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN).
Según la investigación la organización criminal contaba con la participación de empleados de una empresa de transporte intermunicipal. Estos últimos se encargarían de recoger el calzado en la capital vallecaucana para luego llevarlo a Nariño.
Agentes de la Unidad de Delitos Transnacionales de la Policía Fiscal y Aduanera establecieron que el funcionario de la DIAN sería quien suministraba información sobre los operativos de incautación y los establecimientos donde se estos últimos se realizarían.
El servidor público sería el responsable de cobrar sumas de entre 800.000 pesos a pequeños comerciantes; y de 7 millones a propietarios y administradores de bodegas y locales. De no cumplir con las exigencias económicas las víctimas eran amenazadas con el cierre de los establecimientos de comercio. También cobraría por asesorías ilegales en materia aduanera, tributaria y jurídica.
Estos hechos fueron alertados por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas e Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (ICE/HSI) que informó sobre la existencia de una organización de contrabando de calzado que delinquía en Pasto.
De acuerdo con su posible participación, los procesados fueron imputados como presuntos responsables de concierto para delinquir, usurpación de derechos de propiedad industrial; favorecimiento y facilitación de contrabando, asesoramiento ilegal, cohecho propio y concusión.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Portilla Villamarín y Roja López. Mario Andrés Maya fue afectado con detención domiciliaria, mientras Córdoba Ojeda y Ocoro Marulanda afrontarán la investigación penal en libertad.
