Por Alejandro Ruiz / Pie de Página
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. – Los efectos de la megasequía que atraviesa el país se resienten fuertemente en la frontera norte de México, donde la falta de agua ha provocado efectos severos en la producción agrícola de los ejidos del Valle de Mexicali.
Al centro del debate se encuentra la controversial Acta 330 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA), la estructura binacional que, desde 1944, regula el abastecimiento y los derechos que ambas naciones tienen sobre los ríos Colorado y Grande.
El acta –aunque se firmó en marzo de este año – renueva viejas disposiciones adoptadas por la CILA desde 2010, cuando a raíz de que un terremoto en Baja California afectara gravemente la infraestructura de riego del Valle de Mexicali, la Comisión determinara que las aguas del Estado mexicano se resguardarían en el lago Mead de los Estados Unidos, quienes dosificarían la cantidad de agua que le pertenece a México.
La medida, que en los hechos le otorgó el control del agua mexicana a los Estados Unidos, afectó gravemente a los ejidatarios del Valle de Mexicali, agrupados bajo el Distrito de Riego 014, uno de los mejores del país pero que, a raíz de esos años, dependen directamente de los intereses y políticas norteamericanas gestionados por la Comisión Nacional de Aguas.
Ahora, además del acaparamiento del agua mexicana por los Estados Unidos, los ejidatarios del Valle de Mexicali sufren las consecuencias del cambio climático. El futuro de sus tierras (y de ellos y sus familias), lamentablemente, está en las manos de autoridades que parecen priorizar sus intereses y no la vida de los campesinos.
Salvaguardar al vecino del norte
Los paisajes en el Valle contrastan: de un lado campos verdes que reciben agua. Del otro, tierras sin trabajarse por falta de apoyo.
Entre las medidas que estableció el Acta 330 de la CILA está el recorte de agua de la cuota mexicana del río Colorado, lo cual, afecta directamente a las familias que viven en el Distrito de Riego 014. El argumento, es la megasequía en la región y el estrés hídrico de la cuenca. Pero también, salvaguardar la generación de energía eléctrica de la presa Hoover.
Iván Martínez Zazueta, Geógrafo e integrante de la Controlaría Ciudadana del Agua de Baja California, explica:
«Esta acta nueva se firmó como medida de mitigación adicional ante la sequía y la crisis hídrica en la cuenca del río Colorado, pero sobre todo, ante el peligro que representa que se sigan reduciendo los embalses de las presas y pueda afectar la generación hidroeléctrica, que es un escenario probable de continuar con las reducciones.
Previamente, en Estados Unidos se había hecho un programa similar para los usuarios en Estados Unidos donde se comprometieron a conservar cierto volumen. Entonces, ya se esperaba esta nueva acta, y era inminente que podía haber un recorte adicional antes de discutir una nueva acta».
El nuevo recorte establecido por el Acta 330 estipula que se reducirán 493 millones de metros cúbicos del agua para México de 2024 hasta 2026. La reducción de esta cantidad de agua será escalonada, con proporciones distintas en cada año.
A cambio de este recorte, el gobierno de los Estados Unidos propone crear una bolsa de 65 millones de dólares que permitirán subsanar el faltante de agua hacia México con proyectos de construcción de infraestructura y compensaciones económicas hacia los campesinos. La medida es similar a una estipulada en el Acta 323, firmada en 2017, que estableció un fondo de 31.5 millones de dólares para los mismos fines. La diferencia, es que ahora el recorte no es una opción, sino un mandato.
En un comunicado, la Contraloría del Agua en Baja California criticó esta medida, pero precisó algunos puntos:
«Consideramos que cualquier recorte de agua de la cuota mexicana del río Colorado, como el estipulado en el Acta 330 de la CILA, es algo indeseable e inconveniente, pues tiene importantes afectaciones económicas, sociales y ambientales, que se concentran en el Distrito de Riego 014 Río Colorado y en el delta del río. Sin embargo, ante la imposibilidad de detener los recortes debido a que son una medida binacional para mitigar la condición de megasequía y estrés hídrico que se vive en la cuenca, y dado que ya están acordados en las Actas de la CILA vigentes, es necesario distribuir los recursos y acciones de compensación de manera equitativa y justa, priorizando los sectores más afectados y, en especial, a los usuarios más vulnerables».
Su posición, no parece encontrar eco en las autoridades mexicanas.
La propuesta 90/10
Cuando los ejidatarios se enteraron de la medida que unilateralmente tomó la CILA, comenzaron a pensar soluciones. La megasequía es un hecho, y la dependencia entre los Estados Unidos y México, particularmente en la frontera, también lo es.
Por eso, conscientes de esta relación, invitaron a investigadores y científicos a diseñar un plan para mitigar los impactos del recorte de agua. Ahí aparece el doctor Alfonso Cortez Lara, quien diseñó un plan llamado 90/10.
Esta propuesta, busca distribuir de forma equitativa los 65 millones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos aportará ante el recorte de agua. La propuesta tiene al centro a los ejidatarios y sus familias, quienes ante la falta de agua verán mermada su producción, y por lo tanto, su sustento económico.
La propuesta plantea que, de los 65 millones, 5 de ellos se destinen a la construcción de infraestructura hidroagrícola. Estos 5 millones, además, tendrán un respaldo de 21.5 millones que ya estableció el Acta 323, por lo que se generará una bolsa de más de 26 millones para esto.
El resto, 60 millones, de acuerdo a la propuesta de Cortez, se destinará a proyectos y acciones de conservación de agua, principalmente un programa de descanso de tierras que dará dinero a los ejidatarios más desfavorecidos por esta medida (es decir, aquellos que viven más lejos del cauce del río Colorado, con tierras menos fértiles) para que dejen de producir la tierra durante tres años.
Iván Martínez, quien trabaja con el investigador Cortez Lara, ahonda en ello:
«Lo que está de fondo es una crisis productiva en el campo, sumada a la crisis hídrica por la sequía. Si los agricultores tuvieran los medios para seguir produciendo, y las condiciones del mercado fueran idóneas, no plantearían dejar las tierras. Esa es una realidad. El Gobierno Federal tuvo mucho la visión de apoyar a los pequeños productores del centro y sur del país, pero esa idea de que en el norte son ricos y tienen distritos de riego, y por eso no necesitan apoyo, pues llevó al abandono del campo aquí. Por eso los ejidatarios piensan en esta propuesta, porque en lo inmediato no hay otra alternativa para asegurar su sustento».
La propuesta 90/10 fue aceptada, y discutida, en asambleas de usuarios de base de 9 Módulos de Riego. En los hechos, de acuerdo con el abogado de los ejidatarios, Yasser Ismael Salinas, la propuesta beneficia a 2 mil 500 personas que dependen directa, o indirectamente, de la producción en el Valle de Mexicali.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Aguas se ha mostrado renuente a aceptar la que parece ser la única alternativa viable para evitar el empobrecimiento de los campesinos.
Iván Martínez es claro: «Están desconociendo las formas democráticas con las que los ejidatarios toman decisiones sobre el territorio».
El doble discurso de la Comisión
La posición de la Conagua para rechazar la propuesta 90/10 es decir que esta medida podría afectar el abasto público-urbano de agua en algunas ciudades de Baja California. Comparan la propuesta, sin matices, con las concesiones que el gobierno había otorgado a Constellation Brands y la Embotelladora Niágara.
Los argumentos de la Conagua, replicó la Controlaría Ciudadana del Agua de Baja California, son tramposos:
«En la Ley de Aguas Nacionales el uso público-urbano está por encima del agrícola en el orden de prelación de usos, además de que el recorte estipulado en el Acta 330 se va a aplicar proporcionalmente a todos los agricultores del Distrito de Riego 014, se apruebe o no el programa de descanso de tierras. Por el contrario, la Propuesta 90/10 permitirá que a los usuarios que no entren al descanso de tierras no se les recorte su cuota de riego y que también se garantice el agua que se transporta la zona costa».
Además, explican que, el descanso de tierras, es diametralmente distinto a la renta o venta de derecha de riego a las industrias, como se pretendió otorgar a Constellation Brands. ¿La diferencia? que el descanso de tierras «es un programa temporal que se basa en un recorte ya aprobado por la CILA, el cual busca mitigar los impactos de la crisis del agua en la cuenca y que, se aplique o no el descanso, de todas maneras se va a afectar a los agricultores».
Y añaden: «Las empresas mencionadas buscaban obtener derechos de agua para usarlos por 30 años o más en actividades que no sólo profundizan el estrés hídrico de la región, sino que son directamente responsables de la crisis del agua en el país. Además, ante nuevos recortes, siempre va a ser más fácil afectar a los agricultores que a las industrias, por lo que eso significará menos agua para la agricultura en un futuro».
La propuesta aún puede modificarse, y aunque la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, se comprometió a interceder ante el Gobierno Federal para impulsarla, los ejidatarios del Valle de Mexicali siguen esperando respuestas.
La paciencia se agota, y aunque ahora hay un momento de tersa calma, los ejidatarios ya han demostrado que están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para defender sus territorios y derechos.
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Este trabajo fue realizado por Pie de Página, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.
