La suspensión de los recursos de Usaid que estaban focalizados en prevenir delitos ambientales en la Amazonia colombiana preocupa a las comunidades de los territorios, expertos y encargados de contrarrestar las redes criminales.
En tan solo dos décadas, este bioma ha perdido 2 millones de hectáreas de bosques por deforestación, actividad que además de alterar la conectividad ecológica, ha afianzado la dependencia local de las economías ilícitas y ha expuesto a las comunidades locales a redes criminales que están socavando el estado de derecho.
En Colombia, los delitos ambientales están estrechamente vinculados con actividades como cultivos ilícitos, minería ilegal y lavado de activos, entre otros, al considerarse un medio altamente lucrativo para las empresas criminales, que trascienden las fronteras del país.
Un sobrevuelo del programa Amazonia Mía de Usaid permitió ver cultivos ilícitos afectando la selva. Foto:Edwin Caicedo. EL TIEMPO
En la Amazonia la siembra de cultivos de coca, el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la construcción ilegal de carreteras, el tráfico ilícito de madera y la expansión agrícola no regulada, están alterando este ecosistema, considerado uno de los más biodiversos y amenazados del planeta.
Uno de los objetivos de los programas ambientales de Usaid en Colombia (y la región) era frenar dichos flagelos, apoyando y fortaleciendo las acciones institucionales contra la deforestación relacionada con el narcotráfico, el tráfico ilegal de metales valiosos, y de flora y fauna en la Amazonia.
Dicha asistencia técnica, que se venía focalizando a través del programa Amazonia Mía, permitía identificar e impulsar procesos de interés en estos departamentos, potenciando la labor de fiscales e Investigadores; sin embargo, este programa, acogiéndose a la orden de suspensión ordenada por el presidente Donald Trump, recientemente pausó sus actividades.
En Colombia, Amazonia Mía logró que 907.012 hectáreas de bosque quedaran ‘blindadas’ contra la siembra de cultivos ilícitos y otras actividades relacionadas con los delitos ambientales, a través de 821 Acuerdos de Conservación establecidos con comunidades locales y grupos étnicos. Además, el programa impulsó 75 leyes, políticas, estrategias, planes o reglamentos que fortalecen la protección del bosque contra actividades ilegales.
En total, 71 instituciones y organizaciones lograron una capacidad mejorada para abordar delitos ambientales y 6.454 personas recibieron co-beneficios (monetarios o no monetarios) que mejoran sus medios de vida, de las cuales 3.649 personas recibieron beneficios económicos derivados de las actividades de conservación.
Por ejemplo, un sobrevuelo realizado en mayo de 2024 por Amazonía Mía permitió divisar y alertar al país de parches de deforestación ubicados en la reserva nacional natural Nukak, área protegida en el Guaviare.
🧵Devastador este video.
Al fondo tepuyes, formaciones geológicas que alcanzan 2.000 años de vida.
A escasos metros, en plena Amazonia, un laboratorio de droga y una siembra de hoja de coca.
Les muestro la destrucción que vimos ayer en la Amazonia gracias a un sobrevuelo⬇️ pic.twitter.com/krfGzd3F3Y
— Edwin Caicedo (@CaicedoUcros) May 9, 2024
Allí hay deforestación y cultivos de hoja de coca. Más de una decena de parches de cultivo de hoja de coca y un laboratorio de procesamiento fueron registrados por EL TIEMPO gracias al sobrevuelo. La imagen es más impactante si se tiene en cuenta que algunos de esos parches de deforestación están a escasos metros de los tepuyes, las formaciones geológicas más antiguas de la humanidad (entre 1.500 y 2.000 millones de años).
Según Gloria González, de FCDS, a estas zonas se llega a través del río Inírida, que es la autopista que permite que actores ilegales lleguen a tumbar la selva y sembrar coca. Según la experta, en la Amazonia son varios los factores que impulsan la deforestación, entre ellos la búsqueda de actores ilegales por apropiarse de territorios, la ganadería extensiva y la expansión de la frontera agrícola.
Así luce la deforestación en la Reserva Nacional Natural Nukak. Foto:Usaid
Por eso, la suspensión de los recursos preocupa a algunos de los encargados de contrarrestar las redes criminales. Dicha preocupación radica en que en este momento, las estructuras y economías ilegales que se financian y benefician con los delitos ambientales pueden robustecerse, abriendo paso a la siembra de cultivos de coca, a la minería ilegal, a la ganadería extensiva o expansión agrícola en zonas no permitidas o a la construcción ilegal de carreteras que profundizan el ciclo delictivo.
En ese sentido, actualmente la articulación de esfuerzos que se había consolidado con las entidades responsables han quedado congelados, afectando instituciones como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, las corporaciones autónomas regionales de la Amazonia, la Rama Judicial, la Defensoría del Pueblo, así como el trabajo que se venían desarrollando con la banca y el sector privado.
Según una fuente de la Fiscalía, quien pidió reserva de su nombre, la suspensión de recursos de Usaid afecta notoriamente el trabajo que se venía realizando con Fiscalías de otros países vecinos para el abordaje de los casos transnacionales, y especialmente el apoyo que venían recibiendo para la implementación de medios tecnológicos destinados a agilizar investigaciones que antes demoraban hasta cuatro meses, y ahora con la herramienta de inteligencia artificial provista se podían realizar en tan solo dos horas.
“Estábamos en el proceso de alimentar y optimizar esta herramienta porque tiene todo el potencial para impactar, no solo la criminalidad organizada de la Amazonia, sino la del país; sin embargo, nos preocupa en este momento la suspensión de recursos de Usaid, porque con estos veníamos mejorándola”, manifestó la fuente.
Comunidades las más afectadas
Otra de las preocupaciones, para los expertos, es el futuro de las comunidades, pues las pequeñas empresas que recibían apoyo para impulsar sus emprendimientos e iniciativas, relacionadas con productos forestales maderables y no maderables del bosque, quedaron ‘huérfanas’ de los recursos que contribuían a impulsar la bioeconomía en sus territorios.
Históricamente, el respaldo de la cooperación internacional estadounidense, a través de Usaid, ha sido fundamental para consolidar economías legales en diferentes departamentos de Colombia, uno de ellos es Putumayo, una región afectada por la falta de oportunidades y la presencia de cultivos ilícitos; sin embargo, con el trabajo articulado con las comunidades, a través de los años se ha podido impulsar iniciativas productivas basadas en los productos del bosque.
Una de ellas es Bioingredientes Amazónicos, que junto a más de 200 familias han podido integrarse a la cadena de valor del aceite de cacay, reconocido por su potencial para disminuir líneas de expresión y regenerar la salud de la piel debido a su alta concentración de retinol. Este acompañamiento ha permitido no solo acceder a permisos de aprovechamiento con la autoridad ambiental, sino también fortalecer procesos de cosecha y poscosecha, fomentando una cultura de trabajo basada en la legalidad y la sostenibilidad.
Gira con empresarios, realizada por Amazonia Mía para que conocieran proyectos apoyados en Guaviare. Foto:Amazonia Mía
Oscar Weck, gerente general de Bioingredientes Amazónicos reconoce el impacto positivo de la cooperación, la cual ha contribuido con el fortalecimiento del tejido empresarial y en la apertura de mercados nacionales e internacionales para los productos amazónicos.
“Sin este apoyo, el desarrollo de la Bioeconomía en Colombia se vería gravemente afectado, limitando las oportunidades de crecimiento para cientos de familias que han apostado por alternativas sostenibles. Preservar y fortalecer estos programas no solo es una inversión en el futuro de la región, sino también un compromiso con la estabilidad, la prosperidad y la legalidad en comunidades que han demostrado que sí es posible construir un modelo económico basado en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad”, aseguró.
Por su parte, Luis Abraham Murillo, representante legal de la Asociación de Desarrollo Forestal Orotuyo de Solano Caquetá, segura que la suspensión de la ayuda internacional “bloquea el trabajo que veníamos desarrollando con las familias, en especial los jóvenes, a quienes involucrábamos en las iniciativas productivas para que establecieran su proyecto de vida en el territorio para que no estén pensando en irse para otros países como migrantes, posiblemente ilegales, con todas las consecuencias legales que eso implica”.
Orotuyo es una organización que ejecutaba recursos de cooperación que se destinaban al aprovechamiento forestal sostenible, la generación de empleos legales directos para comunidades como medio de vida, y evitar el establecimiento de cultivos ilícitos.
El futuro de Usaid
El pasado viernes, un juez federal bloqueó temporalmente la congelación de la financiación de los programas de cooperación y desarrollo de Estados Unidos ordenada por el gobierno del presidente Donald Trump, según muestran documentos judiciales obtenidos por AFP.
El juez Amir Ali, nombrado por Joe Biden en noviembre, prohibió a la administración Trump “suspender, paralizar o impedir de cualquier otro modo” los fondos de ayuda exterior, según el fallo emitido el jueves. La decisión judicial indica que el Gobierno, por ahora, no puede suspender o cancelar la ayuda exterior que ya había sido aprobada antes de que Trump asumiera el mandato.
“Al menos hasta la fecha, los demandados no han ofrecido ninguna explicación de por qué una suspensión general de toda la ayuda exterior asignada por el Congreso, que desencadenó una onda expansiva y puso patas arriba los intereses de confianza de miles de acuerdos con empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones de todo el país, era un precursor racional para revisar los programas”, escribió Ali. “En ausencia de medidas cautelares, la magnitud del enorme daño que ya se ha producido aumentará casi con toda seguridad”, añadió el juez.
La administración Trump suspendió la financiación de la ayuda exterior, ordenó a miles de empleados internacionales que regresen a Estados Unidos y comenzó a recortar la plantilla de Usaid, de 10.000 empleados, hasta dejar unos 300. El nuevo fallo judicial también impide que el gobierno “emita, implemente, aplique o haga efectivas de otro modo terminaciones, suspensiones u órdenes de suspensión de trabajo” en relación con los contratos existentes a partir del 19 de enero de 2025.
Por ahora, la administración Trump no ha respondido ante el fallo del juez, por lo que aún falta por ver si se impugnará o acatará la orden. Trump, que inició su segundo mandato el mes pasado, ha lanzado una campaña dirigida por su principal donante, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, para reducir o desmantelar varias instituciones del Gobierno estadounidense. Una de las más golpeadas ha sido Usaid, la principal organización de distribución de ayuda humanitaria estadounidense en todo el mundo, con programas sanitarios y de emergencia en unos 120 países.
Usaid gestiona un presupuesto de 42.800 millones de dólares, lo que representa el 42 por ciento de la ayuda humanitaria desembolsada en todo el mundo. Trump despidió la semana pasada al inspector general independiente de Usaid, según informaron medios estadounidenses. El despido de Paul Martin se produjo un día después de que su oficina publicara un informe crítico con los esfuerzos de la administración Trump para desmantelar la agencia, informaron el Washington Post, CNN y otros medios.
EDWIN CAICEDO
Con información de AFP
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
