La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que busca modernizar la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), hito con el que supera su primer trámite constitucional, quedando en condiciones para ser conocido por el Senado.
El proyecto del Ejecutivo -presentado por el Ministerio del Medio Ambiente- tiene como objetivo reformar la Ley Orgánica de la SMA, a fin de robustecer el marco institucional del Servicio, fortaleciendo la fiscalización e incentivando el cumplimiento ambiental. Esto, además de avanzar en un modelo que permita dar respuestas más eficientes, fijar reglas claras y agilizar la toma de decisiones.
La iniciativa fue despachada desde la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fines de noviembre de 2024, y revisada positivamente por la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja durante la semana pasada.
Tras el despacho de la reforma, el ministro (s) del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, destacó que “es un paso muy importante de esta reforma. Hacer más eficiente la SMA, fortaleciendo su función fiscalizadora, pero, además, promoviendo el cumplimiento ambiental nos permitirá, como país, cuidar y proteger de mejor manera nuestro patrimonio natural y resguardar la calidad de vida de las personas, al mismo tiempo que entregamos certezas al sector privado”.
Por su parte, la Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, agregó que “esta reforma es una necesidad para el funcionamiento de la SMA, que nos permitirá mejorar, corregir y fortalecer varios aspectos que están contenidos en nuestra ley orgánica”. Además, expresó que “se trata de una iniciativa que apunta a buscar mayor eficacia y efectividad en el ejercicio de las funciones de la Superintendencia, otorgando más y mejores herramientas tanto para la fiscalización como para el cumplimiento ambiental”.
Proyecto
Entre otras materias, el proyecto propone una mejora en la gestión de las denuncias, estableciendo plazos más acotados para informar sobre la admisibilidad y la entrega de resultados. Además, se contempla la posibilidad de que el denunciante mantenga la reserva de identidad durante la etapa de investigación.
Junto con lo anterior, se propone la creación de un procedimiento sancionatorio simplificado para las infracciones que sean clasificadas como leves; se introducen vías alternativas de cumplimiento para los casos en que no exista afectación al medioambiente o salud de las personas -ni riesgo significativo de afectarlos- y se trate de desviaciones normativas de menor entidad (la SMA podrá aplicar mecanismos como cartas de advertencia y planes de corrección, entre otros); y se amplía la potestad cautelar de la SMA para dictar medidas en casos de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y cuando una actividad industrial genere riesgo grave e inminente al medioambiente o la salud de las personas.
