El pasado 5 de junio, durante la conferencia “Libertad religiosa y desarrollo humano integral: una nueva plataforma global” organizada por la Soberana Orden de Malta, se propuso la creación de una nueva plataforma de carácter mundial en defensa de la libertad religiosa. La propuesta tiene lugar en un contexto en el que, según Ayuda a la Iglesia Necesitada, 4900 millones de personas viven en países que vulneran la libertad religiosa y un 62,5 de la población mundial se enfrenta a violaciones graves o muy graves de la misma.
Dichas vulneraciones cobran cada vez un mayor protagonismo por parte del Estado, de lo que da cuenta anualmente la asociación cristiana de EEUU, el Family Research Council, a través del Informe Free To Believe?, centrado en “casos en que gobiernos de países occidentales amenazas, multan, encarcelan o castigan a individuos cristianos, u organizaciones o iglesias cristianas, por acciones relacionadas con su fe”.
En la ponencia participaron el Consejo Asesor del Freedom and Prosperity Center del Atlantic Council de Estados Unidos, la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, y el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario vaticano para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.
Vatican News recoge cómo el arzobispo Gallagher dedicó su discurso a reflexionar sobre la visión de la Santa Sede de la “promoción de la libertad religiosa y el desarrollo humano integral y recordó que “para que esta libertad, querida por Dios e inscrita en la naturaleza humana, pueda ejercerse – reiteró – no debe ponerse ningún obstáculo en su camino”. Aunque según Gallagher la libertad religiosa “no es el único aspecto de los derechos humanos, es probablemente el más fundamental“, pues “el derecho a la libertad de conciencia el que proporciona la base para todos los demás derechos humanos”.
365 millones de cristianos perseguidos
El arzobispo subrayó lo “preocupante” de algunas estimaciones, como que “casi 4.900 millones de personas vivan en países con violaciones graves o muy graves de la libertad religiosa” o que “al menos siete de cada diez ciudadanos del mundo se ven actualmente impedidos o perjudicados en el ejercicio de sus derechos en materia de conciencia”.
Los cristianos son los más vulnerables: “Más de 365 millones de cristianos, aproximadamente uno de cada siete, se enfrentan a altos niveles de persecución por su fe. Los ataques contra iglesias y propiedades cristianas aumentaron significativamente en 2023, con más cristianos denunciando ataques violentos que nunca“.
Por ello, recordó el deber de los estados de “ejercer una neutralidad desapegada y garantizar a los grupos religiosos y a todos los individuos el mismo derecho a la manifestación pública de sus convicciones religiosas”, y perseguir siempre el bien común: “Quienes puedan disfrutar de libertad religiosa también podrán lograr su propio desarrollo integral y ser agentes de desarrollo en la sociedad en general”.
Por su parte, el decano Scott Appleby, de la Keough School of Global Affairs de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, recordó que los Papas han invocado el desarrollo humano integral como principio rector, que acoge el compromiso con otras religiones, el vínculo significativo entre la libertad religiosa y el desarrollo humano integral y su relevancia hoy en día.
“La idea del desarrollo humano integral es incompatible con la idea de una persona aislada de las comunidades, sino que considera a los seres humanos como seres relacionales y añade valor a los debates sobre derechos humanos. El desarrollo humano integral promete añadir una nueva profundidad a la defensa de la libertad religiosa y al fortalecimiento de los derechos humanos”, expresó Appleby.
Otro de los intervinientes fue el profesor Silvio Ferrari, catedrático emérito de Derecho y Religión de la Universidad de Milán y presidente honorario del Consorcio internacional de Estudios Jurídicos y Religiosos de Italia, que debatió la contribución de la libertad de religión o creencia al desarrollo humano integral y examinó los instrumentos utilizados para medir el desarrollo y la libertad de religión: según él, medir el desarrollo basándose únicamente en factores económicos no es un enfoque adecuado, y sugiere medirlo con otros criterios.
