Birmania, un país devastado por cuatro años de guerra civil que dejaron por los suelos sus infraestructuras, su sistema de salud y su red eléctrica, estaba mal preparado para hacer frente a las consecuencias del violento sismo.
El terremoto de magnitud 7,7 que golpeó el viernes el centro del país ha dejado por el momento más de 1.600 muertos y destruido miles de viviendas.
AFP analiza las dificultades que tiene que encarar Birmania, donde el golpe de Estado militar de 2021 debilitó la capacidad del país para actuar ante las catástrofes.
Las agencias humanitarias advirtieron que Birmania no estaba preparada para un desastre de esta magnitud, con unos 3,5 millones de personas desplazadas debido al conflicto actual, iniciado en 2021.
Apenas dos días después del sismo, la ONU declaró que la escasez de suministros médicos ponía en jaque la ayuda necesaria, mientras los rescatistas pedían recursos adicionales para rastrear los escombros en busca de supervivientes.
“Estimamos que 19,9 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, y esto fue justo antes de sismo”, dijo Marcoluigi Corsi, coordinador humanitario de la ONU.
“La situación se agravará aún más”, advirtió.
Antes del temblor, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU señaló que más de 15 millones de habitantes de los 51 millones del país no podían satisfacer sus necesidades de alimentación diarias.
El PMA indicó a mediados de marzo que suprimía su ayuda a más de un millón de personas debido a los recortes en la financiación internacional anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El mandatario republicano dijo el viernes que Estados Unidos iba finalmente a “ayudar” a Birmania.
Otros países, como China, India, Corea del Sur, Tailandia, el Reino Unido, entre otros, también propusieron enviar ayuda.
Pero las sanciones occidentales, que aíslan al país, dificultarán todavía más el envío de suministros médicos y equipos de rescate.
Birmania está controlada por un mosaico de fuerzas, compuesto por los militares de la junta, grupos étnicos armados y los partidarios de la democracia.
La junta de Min Aung Hlaing controla principalmente el centro del país, donde se sitúa la ciudad de Mandalay, cerca del epicentro del sismo.
Los militares han sufrido varios reveses en menos de un año tras perder la ciudad clave de Lashio, en el norte, y zonas enteras del estado de Rakáin, en el oeste.
Las finanzas de la junta están prácticamente vacías, por la guerra y las sanciones occidentales.
Tras el golpe de Estado de 2021, muchos funcionarios, entre ellos personal médico, decidieron cambiar de bando y unirse a la resistencia al régimen de la junta.
Esta pérdida de personal debilitó aún más una administración civil ya anticuada, lo que complicará la gestión y distribución de la ayuda.
En un gesto poco común que refleja la magnitud de la catástrofe, Min Aung Hlaing hizo el viernes un llamado a la ayuda exterior. Esto supone un importante cambio con respecto a los anteriores dirigentes militares, que rechazaron toda asistencia internacional.
Las Fuerzas de Defensa Popular (FDP), los rebeldes birmanos, decretaron un alto el fuego parcial de dos semanas a partir de domingo para facilitar las operaciones de rescate.
La junta, confrontada a las FDP, también lucha contra grupos étnicos armados, muchos de los cuales estás activos desde hace décadas.
Los militares en el poder bombardean hospitales en las zonas bajo control rebelde. El último ataque tuvo lugar el lunes, contra una clínica en la región occidental de Magway, en el que murieron 11 personas, entre ellas un médico y su mujer.
La ONU reportó que los hospitales de Mandalay, Magway y la capital, Naipyidó, “luchan para hacer frente al flujo de heridos”.
El sismo del viernes empeoró todavía más las comunicaciones y la capacidad de distribuir la ayuda hasta lo más vulnerables.
También hay temores de que las diferentes facciones rivalicen para recuperar la ayuda internacional.
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